El anuncio del proyecto de ley que crea el Registro Único de Vándalos fue, probablemente, el momento más comentado de la primera cuenta pública del Presidente Kast. Se trata de una iniciativa que difícilmente estará exenta de controversias durante su tramitación. Sin embargo, incluso antes de conocer su articulado definitivo, ya parece claro que el gobierno consiguió instalar una discusión que le resulta políticamente favorable.
En el plano técnico, el proyecto enfrenta desafíos relevantes. El primero dice relación con la definición de las conductas que darán lugar a la incorporación de una persona al registro. La categoría de “incivilidad” agrupa fenómenos muy distintos entre sí, desde la destrucción de bienes públicos hasta comportamientos molestos que difícilmente justificarían una medida de esta naturaleza, por lo que su delimitación será una cuestión central.
Tampoco están exentas de cuestionamientos las sanciones asociadas al registro. Algunas podrían enfrentar objeciones constitucionales, mientras que otras requerirán una justificación particularmente sólida. El ejemplo más evidente es la analogía que se ha intentado establecer con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Sin embargo, las restricciones contempladas en ese sistema persiguen una finalidad específica vinculada al cumplimiento de obligaciones pecuniarias, una lógica que no resulta fácilmente trasladable a los actos de vandalismo.
Con todo, concentrar el debate exclusivamente en estos aspectos puede llevarnos a perder de vista lo más relevante. El principal efecto de la iniciativa no está necesariamente en su diseño jurídico, sino en el terreno político que abre. Según la última encuesta Cadem, siete de cada diez personas se muestran favorables a la creación de un registro de esta naturaleza. Más allá de las diferencias sobre su contenido, el dato revela que existe una percepción ampliamente extendida de que el Estado ha sido ineficaz para enfrentar conductas que deterioran los espacios públicos y afectan la convivencia.
Y es precisamente allí donde el gobierno parece haber encontrado una oportunidad. La discusión obliga a la oposición a desenvolverse en un terreno incómodo. Durante años, una parte importante de la izquierda interpretó fenómenos como las ocupaciones ilegales de terrenos o ciertas expresiones de desorden urbano, a través de marcos conceptuales que privilegiaban las causas sociales que los originaban por sobre la respuesta sancionatoria del Estado.
Ese enfoque estuvo presente en el debate sobre las tomas de terreno y también en las dificultades que enfrentó el gobierno anterior para ejecutar desalojos ordenados por los tribunales en casos tan emblemáticos como los de San Antonio y Quilpué.
El problema para la izquierda es que ese repertorio argumentativo parece rendir cada vez menos frente a una ciudadanía cuya principal preocupación se encuentra hoy en la seguridad y el orden público. Lo que para algunos sigue siendo una advertencia frente a la “criminalización de la pobreza”, para muchos es un discurso que hace tiempo dejó de hablarle a los sectores populares que supuestamente defiende.
Las diferencias que han comenzado a observarse dentro de la propia oposición en materias de seguridad reflejan esa incomodidad. El debate reciente sobre una eventual modificación de la Ley Nain-Retamal mostró que no existe una posición completamente homogénea entre la izquierda más radical y los sectores socialdemócratas. El Registro Único de Vándalos profundizará esa tensión y obligará a cada sector a definir dónde traza la línea entre la protección de garantías individuales y la demanda ciudadana por mayores niveles de orden.
Por supuesto, nada de esto asegura que el proyecto vaya a convertirse en ley tal como fue anunciado. Es probable que sufra modificaciones importantes durante su tramitación e incluso que algunas de sus propuestas terminen siendo descartadas. Pero, desde el punto de vista político, el gobierno ya consiguió algo relevante. Instaló una discusión donde cuenta con amplio respaldo ciudadano, obligó a sus adversarios a debatir en un terreno incómodo y volvió a situar el foco sobre una agenda que conecta con una de las principales preocupaciones del país.
La pregunta ya no es solamente si el Registro Único de Vándalos sobrevivirá al proceso legislativo. También es si quienes lo cuestionan tienen una respuesta convincente frente a una preocupación ciudadana cada vez más extendida, o si seguirán pagando el costo electoral de no tenerla.
Para más columnas en Ex-Ante, clic aquí.
Publicaciones relacionadas
La periodista de TVN Marian Basso, que estuvo a cargo de cubrir La Moneda durante el gobierno anterior, acaba de publicar “Boric frente a frente” (Editorial Ariel, 216 páginas), una crónica bien investigada que vale la pena leer. Ahí están los capítulos más importantes del gobierno anterior y otros episodios, como las quejas “por la […]
Además, un 67% está de acuerdo con que muchas personas dejaron de pagarlo porque esperaban que se cumpliera la promesa de condonación hecha por el expresidente Gabriel Boric.
En tanto, los ministros con peor evaluación son Ximena Rincón y Jorge Quiroz. Respecto a los recientes cobros por deuda del CAE, un 48% de los encuestados está de acuerdo con que el Estado exija su pago, mientras que un 28% se manifiesta en desacuerdo. En cuanto a las condiciones de cobro, el embargo de […]
En relación al embargo de cuentas bancarias a personas en deuda con el Crédito con Aval del Estado (CAE) que afecta a 1.500 personas con ingresos sobre los $3,5 millones mensuales, el 37,4% de los encuestados está de acuerdo, el 40,4% en desacuerdo y el 22,2% no tiene opinión definida.
Por razones de seguridad, pero también de dignidad nacional, el Estado chileno debe esclarecer la trama del Tren de Aragua y desarticular sus redes.
