Plan de (re) construcción: cuando solo tienes un martillo, todo parece clavo. Por Felipe Balmaceda

Economista

Un plan de construcción incide en la capacidad productiva futura: capital humano, mercado laboral, innovación y Estado. Lo presentado al Congreso incide en la carga tributaria y genera incentivos temporales que no construyen una arquitectura de incentivos capaz de impulsar un progreso sostenible.


Chile no atraviesa una emergencia coyuntural, sino un agotamiento estructural: más de una década de crecimiento mediocre en torno al 2%, una productividad laboral que es un tercio del promedio de la OCDE, un sistema educativo carente de calidad, y un Estado cuya velocidad de respuesta frena la inversión y es débil frente a la ilegalidad, violencia y crimen.

Frente a esto, el Plan de Reconstrucción Nacional propone, en lo medular, bajar el impuesto corporativo del 27% al 23%, reintegrar y sellar esa rebaja con invariabilidad tributaria por 25 años, rebajar el IVA a la vivienda por un año, eliminar las contribuciones para mayores de 65 años y limitar el ingreso de nuevas universidades a la gratuidad por 4 años.

Un plan de (re) construcción real consiste en cambios fundamentales capaces de generar incentivos para la mejora productiva continua, la eficiencia en la asignación de recursos y un rol eficaz del Estado, independientemente de su tamaño.

Capital humano. La gratuidad financia las instituciones mediante vouchers y aranceles regulados, independientemente de los resultados o del mérito académico de los estudiantes. A su vez, muchas universidades, algunas financiadas con recursos públicos, proveen capital humano de baja calidad a alumnos con escasas habilidades lectoescritoras y numéricas, quienes finalmente obtienen títulos de escasa productividad y, por ende, de escasa valorización.

El financiamiento público debe condicionarse a métricas verificables de calidad académica tanto para el alumno como para la universidad, en virtud del aval del Estado. La educación universitaria debe reservarse para quienes posean los conocimientos necesarios para satisfacer las exigencias intelectuales que la universidad debería imponer.

Complementario a esto, Chile necesita un programa robusto de educación técnico-profesional, históricamente el pariente pobre del sistema, pese a ser el canal más directo de movilidad social. En el otro extremo, la prioridad en educación preescolar debe ser la cobertura —porque el retorno de la inversión temprana es el más alto documentado—, mientras que en educación escolar el foco debe ser la calidad medida con rigor, no la infraestructura ni el gasto.

Mercado laboral. Los buenos empleos, mejor remunerados y seguros, los generan las empresas grandes y productivas, no las pymes. Las PYMES representan el 98,8% de las firmas, pero solo el 45,5% del empleo, con salarios y estabilidad sistemáticamente inferiores. La literatura confirma que las pymes pagan salarios más bajos y ofrecen menor seguridad. Los beneficios tributarios especiales para pymes no crean empleo de calidad; redistribuyen subsidios hacia estructuras de baja productividad.

Lo que sí genera empleo es mejorar el “match” entre habilidades y empresas. Para ello, hay que reformar el mercado laboral: eliminar la indemnización por años de servicio, transfiriendo esos recursos a un seguro de desempleo, flexibilizar la contratación y el despido, reformar el sistema de capacitación, y permitir la aplicación gradual de la jornada de 40 horas según la naturaleza de cada actividad, evitando mandatos uniformes que ignoren la heterogeneidad sectorial.

Impuestos. La integración del impuesto corporativo con el impuesto personal es horizontalmente equitativa al eliminar la doble tributación sobre el mismo ingreso. Pero la compensación fiscal no puede venir sólo del crecimiento futuro: debe provenir de ampliar la base del impuesto a la renta y de reducir las exenciones tributarias.

En materia de contribuciones, el problema radica en la desconexión entre las tasaciones y la provisión de bienes públicos locales. La solución no es eximir a los mayores de 65 años —lo que genera un déficit municipal—, sino ligar el cobro a la oferta real de bienes y servicios públicos locales, no al valor de mercado de la vivienda como proxy de estos. Usar las contribuciones para cobrar por la segregación social es un error de diseño del instrumento.

Salud. El sistema de seguros de salud requiere un seguro universal de base, con posibilidad de complementarlo voluntariamente, financiado mediante un subsidio focalizado para quienes tienen menores ingresos. El resto debe pagar según su capacidad. Este diseño maximiza la cobertura y eficiencia. La reforma no es estatizar ni privatizar; es crear la arquitectura de incentivos adecuada.

I+D. Ningún país ha salido de la trampa del ingreso medio sin una política deliberada de investigación y desarrollo. Chile gasta menos del 0,4% del PIB en I+D, un tercio del promedio de la OCDE. Un plan real necesita incentivos tributarios a la I+D empresarial, financiamiento estable para la investigación aplicada y básica —incluida la economía aplicada para conocer, por ejemplo, la elasticidad real de la inversión frente al impuesto— y una articulación universidad-empresa hoy inexistente.

Medio ambiente. Chile generó en 2025 el 63,3% de su electricidad a partir de fuentes renovables. Un plan inteligente aprovecha ese activo. La permisología se resuelve digitalizando procesos y estableciendo plazos vinculantes para el Estado. Equilibrar desarrollo y medio ambiente, con una matriz renovable y reciclaje en expansión, es un problema de gestión regulatoria, no una contradicción irresoluble.

Violencia. Ninguna sociedad avanza cuando la violencia es diaria. En Chile, esta va en aumento: desde la violencia estudiantil y manifestaciones violentas, hasta el terrorismo en la Araucanía y el crimen organizado. Esto requiere una mayor presencia policial, hoy por debajo de la OCDE, pero también un sistema de inteligencia de primer nivel, una articulación eficiente entre el Ministerio Público y las policías, y un compromiso gubernamental de sancionar con todo el rigor de  la ley tomas de calle y terrenos, y asaltos/portonazos/turbazos.

Un plan de construcción incide en la capacidad productiva futura: capital humano, mercado laboral, innovación y Estado. Lo presentado al Congreso incide en la carga tributaria y genera incentivos temporales que no construyen una arquitectura de incentivos capaz de impulsar un progreso sostenible. Para problemas complejos, múltiples instrumentos.

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