En el debate público actual, los impuestos suelen percibirse únicamente como una carga financiera o como una herramienta redistributiva. Sin embargo, el sistema tributario es fundamental para el buen funcionamiento de la economía.
La función primaria de los impuestos es recaudar fondos para financiar bienes públicos. Estos, como la defensa nacional o la infraestructura, no serían provistos eficientemente por el mercado debido a su naturaleza de no exclusión. A nivel local, los impuestos territoriales (contribuciones) financian servicios cercanos al ciudadano —iluminación, seguridad vecinal, parques— vinculando el costo del servicio con el beneficio directo sobre la propiedad.
Los impuestos también desempeñan un rol redistributivo al mitigar las desigualdades mediante la progresividad. Los impuestos específicos, como los aplicados al carbono o al tabaco, no buscan necesariamente recaudar impuestos, sino internalizar los costos sociales de las externalidades, alineando el interés privado con el bienestar social.
Finalmente, el sistema tributario es un instrumento para generar incentivos. Mediante exenciones o créditos dirigidos, el Estado busca fomentar la inversión en áreas estratégicas, la innovación tecnológica (I+D) y la contratación de mano de obra.
El debate sobre el impuesto de sociedades (impuesto de primera categoría) es uno de los más estudiados por los economistas. Un mayor impuesto a las utilidades incrementa el costo del capital, lo que reduce la inversión neta. Los estudios recientes indican que las reducciones de las tasas corporativas tienen un efecto positivo en la formación de capital fijo. Por ejemplo, la literatura muestra que en economías globalizadas, el capital es altamente móvil; las tasas excesivas provocan la fuga de bases imponibles hacia jurisdicciones más competitivas.
Sin embargo, el impacto sobre el crecimiento agregado es más complejo. Si bien el recorte de tasas puede estimular la inversión, si este no se compensa y genera déficits crónicos o reduce la inversión en infraestructura pública necesaria, el efecto neto a largo plazo puede ser neutro o negativo. Una tasa nominal baja con una base amplia (pocas exenciones) suele ser más eficiente y menos distorsionadora que una tasa alta con múltiples beneficios tributarios, que suelen derivar en “lobbying” y en mala asignación de recursos.
En cuanto al impuesto a la renta personal, la preocupación central recae en la elasticidad de la oferta laboral. La evidencia sugiere que los impuestos elevados sobre el ingreso del trabajo pueden generar un desincentivo, especialmente en el margen intensivo (horas trabajadas) y en los proveedores secundarios de ingresos en el hogar.
La evidencia también muestra que tasas marginales muy altas en los tramos superiores reducen el retorno neto de la educación y de la especialización. Si el esfuerzo por obtener un doctorado o una certificación técnica no se traduce en un aumento significativo del ingreso disponible tras el pago de impuestos, la sociedad termina con una fuerza laboral menos calificada y productiva.
La evidencia empírica ha confirmado la existencia de una relación causal entre el tamaño de las empresas y las compensaciones. Las firmas grandes no solo tienden a pagar salarios significativamente más altos que las pequeñas y medianas empresas (pymes) para roles similares, sino que también ofrecen mejores condiciones de seguridad laboral, capacitación y beneficios adicionales.
Este fenómeno se explica principalmente por los mayores niveles de productividad total de los factores en las empresas de mayor escala, que pueden aprovechar economías de escala, adoptar tecnologías de vanguardia y acceder a mercados globales.
Al mismo tiempo, las firmas grandes atraen a trabajadores más calificados, lo que genera un ecosistema de mayor productividad que se traduce en mayores ingresos para los trabajadores. Por lo tanto, un sistema tributario que premia a las pymes frente a las grandes empresas, como el chileno, o desincentiva la reinversión de utilidades, no solo afecta a los accionistas, sino que también perjudica directamente las trayectorias salariales de los trabajadores.
La evidencia de la OCDE refuerza la idea de que en economías con mercados atomizados y baja presencia de grandes firmas productivas, los salarios tienden a estancarse y la informalidad aumenta, lo que subraya la importancia de mantener incentivos adecuados para la expansión y consolidación empresarial.
En el ámbito corporativo, Chile tiene una tasa de impuesto a las empresas (27%) de las más altas de la OCDE, lo que contrasta con su nivel de desarrollo. Para mitigar el efecto de la doble tributación, Chile ha utilizado tradicionalmente sistemas integrados, en los que el impuesto pagado por la empresa sirve como crédito para el impuesto personal del dueño.
La relevancia de la integración radica en la equidad horizontal: asegura que dos individuos con el mismo nivel de ingresos totales paguen la misma cantidad de impuestos, independientemente de si su renta proviene de un salario o de las utilidades de una empresa. La desintegración, por el contrario, penaliza la estructura societaria y puede distorsionar las decisiones de inversión al gravar desproporcionadamente el capital de riesgo en comparación con otras rentas. Por ende, regresar al sistema integrado es una buena decisión, con las precauciones del caso para que no ocurra lo que ocurrió en el pasado.
Al analizar el impuesto a la renta personal, los informes de la OCDE revelan una brecha estructural profunda entre Chile y las economías desarrolladas. Mientras que en Europa los sistemas se caracterizan por una base amplia —donde una vasta mayoría de la población contribuye con tasas bajas o medias desde niveles de ingreso iniciales—, el sistema chileno posee una base extremadamente estrecha.
En Chile, entre el 75% y el 80% de los trabajadores están exentos del impuesto a la renta personal debido a un tramo exento inusualmente alto en comparación con el sueldo promedio. Esta anomalía no solo limita la recaudación, sino que debilita el contrato social y la responsabilidad fiscal ciudadana, sobrecargando la recaudación de los impuestos corporativos y del consumo (IVA), lo que genera un sistema menos resiliente y más distorsionador.
La política tributaria no debe ser un campo de batalla ideológico, sino un ejercicio de optimización técnica. El objetivo debe ser una estructura que financie lo esencial, corrija lo nocivo y redistribuya con justicia, pero sin destruir los motores de la prosperidad: la inversión y el talento humano. El mayor desafío para los legisladores es comprender que recaudar más no siempre implica aumentar las tasas.
A menudo, un sistema simple, con tasas moderadas y una base amplia, es la mejor receta para garantizar la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico sostenido. El desafío para Chile es transitar hacia un sistema con una base de contribuyentes más amplia y un esquema que proteja la inversión mediante la integración, reconociendo que la eficiencia y la equidad horizontal son pilares indispensables para el desarrollo sostenible.
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Nuevo presidente en la Fed, ¿se acaban las señales? Por Carolina Grünwald.https://t.co/3YxVxfnkAs
— Ex-Ante (@exantecl) April 29, 2026
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