En tiempos donde la educación superior está sometida a crecientes exigencias, conviene volver a una idea simple: no alcanza el café para todos. Esta expresión, tan cotidiana, encierra una verdad estructural sobre los sistemas universitarios: no todas las instituciones pueden -ni deben- aspirar a ser lo mismo.
Los sistemas universitarios más robustos del mundo han comprendido esta situación con claridad. En ellos conviven universidades de gran tamaño y alta complejidad, instituciones intermedias con fuerte vocación formativa y centros más pequeños con identidades específicas. El caso norteamericano ilustra bien este equilibrio: su fortaleza radica en la diversidad articulada de proyectos educativos, historias institucionales y niveles de complejidad.
Chile, en su propia trayectoria, ha construido también un sistema diverso. Coexisten universidades centenarias, junto a instituciones surgidas en los años ochenta, en el contexto de la expansión del sistema. Conviven, además, proyectos estatales, tradicionales y privados, en una lógica de provisión mixta que ha sido sostenida por el Estado durante décadas. Esta diversidad constituye una riqueza que debe ser resguardada.
En las últimas décadas, el país ha avanzado de manera significativa en la instalación de un sistema de aseguramiento de la calidad. La CNA ha jugado un rol clave al establecer criterios y estándares que han elevado las exigencias y orientado el quehacer hacia mayores niveles de efectividad. Sin embargo, este mismo proceso ha instalado, de manera implícita, una expectativa uniforme: que todas las universidades aspiren a los máximos niveles de acreditación.
Aquí emerge una tensión relevante. La aspiración a la excelencia es, sin duda, legítima y necesaria. Pero cuando se transforma en una meta homogénea, desconectada de las trayectorias y proyectos institucionales, puede derivar en efectos no deseados. No pocas universidades, en su afán de mejorar, han sobreextendido sus capacidades, generando tensiones financieras.
Los proyectos de universidad compleja no se construyen de la noche a la mañana. Requieren tiempo, liderazgo sostenido, inversión estratégica y comunidades académicas consolidadas. Pretender acelerar estos procesos no solo es un error técnico, sino también una imprudencia institucional.
En este contexto, el Estado tiene una responsabilidad: diseñar políticas públicas diferenciadas, que reconozcan la heterogeneidad del sistema universitario. Las universidades de excelencia -aquellas que han alcanzado altos niveles de complejidad- hoy sostienen funciones críticas para el desarrollo del país. Son responsables de la formación de capital humano avanzado, del desarrollo de investigación de frontera, de la generación de innovaciones, en un marco de actuación internacional.
Cuidar estas instituciones no es un privilegio corporativo; es una necesidad estratégica. Si, en contextos de restricción fiscal, se adoptan decisiones de corto plazo que afectan su financiamiento, su capacidad de atraer y retener talento, su internacionalización o su desarrollo científico, el impacto no será solo institucional: será país.
Por cierto, los tiempos actuales exigen responsabilidad. Las restricciones presupuestarias son reales y deben ser abordadas con seriedad. Si hay un espacio donde el Estado y las instituciones pueden actuar con mayor decisión es en la reducción de la burocracia, en la eficiencia de los procesos administrativos y en la eliminación de estructuras que no agregan valor al quehacer académico.
La excelencia universitaria no se decreta. Se construye con paciencia, con visión de largo plazo y con un profundo sentido de realidad.
Porque, al final del día, no alcanza el café para todos. Y reconocerlo no es una renuncia, sino el primer paso para reforzar un sistema universitario más sólido para el futuro de Chile.
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