El proyecto de ley de Reconstrucción Nacional se ha tomado la discusión política y económica de las últimas semanas. En general hay consenso en valorar su foco en apuntalar el débil crecimiento económico de 2% promedio anual que nos acompaña ya por doce años.
A la vez, también existe una visión mayoritaria, respaldada por instituciones como el FMI y el CFA, respecto a que el proyecto tiene riesgos relevantes para las finanzas públicas. En concreto, la iniciativa tiene un efecto fiscal negativo de 0,3 puntos del PIB promedio anual entre 2026 y 2031. La Dipres estima que esto se revertiría a mediano plazo, a través de un mayor crecimiento económico, alcanzando un efecto positivo anual en las cuentas fiscales de entre 0,5 y 0,8 puntos del PIB de 2040 en adelante.
El ministerio de Hacienda argumenta que los montos negativos por todo el actual período de gobierno son abordables. Pero dado el punto de partida de estrés fiscal prolongado, no hay margen para equivocase: llevamos tres años seguidos de déficit estructural en promedio de más de 3% del PIB, y tenemos una deuda pública a menos de 3 puntos de superar su nivel prudente de 45% del PIB. Lamentablemente, el espacio para seguir endeudándonos se agotó, lo que ha reconocido el propio gobierno. Si hubiera holguras, la ponderación de riesgos sería otra.
El plan del gobierno es financiar el déficit del proyecto con cargo a ajustes al gasto. Como se sabe, en la primera semana de haber asumido, Hacienda instruyó a todos los ministerios recortar un 3% de sus presupuestos, con una meta de disminuir US$4 mil millones este año. De lograrse este ajuste de manera permanente, efectivamente alcanzaría para financiar el proyecto. Aunque faltarían otros US$9 mil millones permanentes de menor gasto y/o mayores ingresos, para lograr el equilibrio estructural.
Para responderla, la Dipres entregó al CFA información sobre los recortes ya decretados, lo que se valora, pues permite realizar un monitoreo. Por lo mismo, es recomendable que esto se publique periódicamente, incluyendo desagregación a nivel de programas, para poder verificar el grado de correlación entre los ajustes y las recomendaciones de las evaluaciones programáticas.
Según reporta la autoridad fiscal, ya se han ajustado casi 2 mil millones de dólares, cerca de la mitad de lo comprometido inicialmente, lo que es un buen avance. Pero al desagregar los datos, se evidencian matices y desafíos.
Primero, un cuarto de los ajustes realizados (US$499 millones) corresponde a transacciones bajo la línea. Es decir, son medidas que ayudan a disminuir las necesidades de endeudamiento, pero no ayudan a disminuir el déficit fiscal, ni el heredado ni el que generaría el proyecto de ley.
Segundo, si bien la mitad de los recortes fue realizada a gastos corrientes (US$946 millones), un cuarto del total corresponde a gastos de capital (US$491 millones). Esto último es contraproducente, pues incluye inversión pública que se espera que genere empleo y aporte al crecimiento económico, que son justamente los objetivos principales del proyecto de ley. A la vez, eventualmente puede no ser un recorte permanente, sino que meras postergaciones de obras. Además, esto acrecentaría la tendencia que se observa desde la pandemia, de subejecutar la inversión pública en alrededor de 15% cada año.
Tercero, un cuarto del ajuste total corresponde al Ministerio de Salud. Más allá de los espacios de ganancia de eficiencia que sin duda existen en este sector, la duda que surge aquí es cuán sostenible pueda ser este recorte, considerando que este ministerio en los últimos cuatro años ha tenido una sobre ejecución promedio de 18%, lo que equivale a quedarse sin presupuesto a fines de octubre. O sea, existe el riesgo de tener que revertir los ajustes en este sector más adelante en el año.
En definitiva, es valioso el objetivo del proyecto de buscar generar mayor crecimiento económico. Dicho impulso es necesario para equilibrar las cuentas fiscales a largo plazo, y no se logrará con piloto automático. Pero el proyecto tiene riesgos fiscales bien documentados: el mayor crecimiento económico y la consiguiente recaudación pueden materializarse en menor magnitud o más tarde. Esto no es una situación insalvable, pero requiere medidas de mitigación concretas.
Como el proyecto no es fiscalmente autosuficiente -hasta 2030, el 45% de su financiamiento se basa en medidas que no están incluidas en él, como el anunciado ajuste del gasto-, es necesario explorar otras medidas complementarias y que ellas se incluyan en el mismo. Esto puede abarcar otros aumentos de ingresos, contenciones adicionales de gasto permanente o ajustes a medidas costosas del propio proyecto. Esto sería un paso importante para facilitar un acuerdo amplio, al despejar un elemento relevante de riesgo fiscal, sin desmedro del necesario análisis exhaustivo del diseño de cada medida específica.
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