El proyecto de Reconstrucción Nacional tiene un diagnóstico correcto —Chile lleva una década creciendo al 2% y necesita reformas que revitalicen el crecimiento— y contiene medidas que apuntan en la dirección adecuada: principalmente la rebaja del impuesto corporativo y la simplificación de permisos. El problema no es el qué sino el cómo se financia.
La advertencia del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) es la más relevante del debate, porque no es ideológica sino técnica: el proyecto compromete costos ciertos e inmediatos —principalmente la rebaja tributaria y el crédito al empleo— y financia una parte importante con ingresos futuros que dependen de que el crecimiento efectivamente se materialice. Esa secuencia tiene un riesgo inherente.
La literatura —Alesina, Favero y Giavazzi (2019); Blanchard (2023)— señala que si el mercado anticipa que el proyecto no está financiado de manera creíble, la prima de riesgo soberano sube, las tasas reales aumentan y los efectos de oferta esperados se neutralizan parcialmente.
Es razonable que –como solicitó el CFA— el Gobierno entregue escenarios alternativos de crecimiento con proyecciones fiscales sensibles a distintos supuestos, lo que permitiría evaluar mejor el riesgo fiscal.
También es mínimamente necesario identificar compensaciones de gasto concretas. Sin eso, el proyecto corre el riesgo de que los agentes lo lean como un déficit estructural que deberá corregirse con impuestos futuros o, alternativamente, se incremente el riesgo país; en cualquiera de estos casos el efecto esperado sobre el crecimiento no se materializaría.
El debate sobre credibilidad fiscal no es nuevo en Chile. La experiencia de la primera mitad de los noventa mostró que la disciplina presupuestaria no es un obstáculo al crecimiento sino que lo potencia. La solidez del balance fiscal en ese entonces contribuyó a sostener tasas de inversión elevadas y atraer capital externo en condiciones favorables.
Nada de lo anterior invalida el diagnóstico de fondo: Chile necesita crecer más y necesita reformas como las que están en discusión para lograrlo.
La pregunta no es si el proyecto de Reconstrucción Nacional es necesario o no, sino cómo blindar el proyecto fiscalmente para que sus propios efectos no sean neutralizados por la desconfianza del mercado.
Medidas tan necesarias deben estar correctamente financiadas para que sus efectos se materialicen y perduren. Esa es la corrección que, de hacerse, convertiría una iniciativa riesgosa en una reforma históricamente decisiva.
Para leer más columnas Pinche Aquí
Ver esta publicación en Instagram
Publicaciones relacionadas
Superada la votación en general, el proyecto de Reconstrucción entra en su fase más difícil: la negociación artículo por artículo. El Gobierno buscará preservar el corazón de la megarreforma —rebaja tributaria, reintegración, invariabilidad e incentivos al empleo—, pero deberá abrir conversaciones con senadores de centro y oposición que apuntan a cambios en gradualidad, resguardos fiscales, […]
En abril de 2026, la empresa canadiense Kinross ingresó a tramitación ambiental la iniciativa minera llamada Lobo Marte, la cual generará más de 3.400 puestos de trabajo en su etapa de construcción. En sus recientes observaciones, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) exigió a la empresa estudios sobre el eventual impacto por vibraciones […]
Si los principales actores de la política nacional no se abren pronto al diálogo para producir acuerdos que permitan avanzar en la solución de los principales problemas del país, estarán pavimentando el camino de la “PDGización” ya no sólo de la política, sino del país.
El ministro de Hacienda defendió el proyecto de Reconstrucción Nacional en la antesala de su votación en general que podría ser esta tarde en la Sala del Senado. El secretario de Estado enfatizó que el Ejecutivo no retirará la suma urgencia en la tramitación de la iniciativa, pese al rechazo anunciado por el PS y […]
En materia energética, postergar decisiones no es neutral, es la forma más cara de no avanzar. Por lo mismo, la competitividad del país depende de cuán rápido seamos capaces de convertir las ventajas, como el gran desarrollo de energías renovables, en seguridad, eficiencia y menores costos para las personas y empresas.
