En medio de la emergencia por los incendios que han devastado amplias zonas del centro-sur del país —con miles de personas evacuadas, decenas de miles de hectáreas quemadas y pérdidas humanas y materiales profundas— el debate público ha puesto foco en el financiamiento de la reconstrucción. Sin embargo, más allá de cuánto dinero se disponga, la verdadera dificultad radica en cómo reconstruir de manera oportuna y eficaz en un territorio complejo, disperso y estructuralmente frágil, que exige no solo recursos sino también rapidez en la respuesta y estándares de reconstrucción con medidas de protección adecuadas frente a nuevos riesgos.
Las cifras ayudan a dimensionar la magnitud del desafío, sin restar gravedad a una tragedia que dejó al menos 20 personas fallecidas, comunidades devastadas y familias que lo perdieron todo. En el sur del país, los incendios han destruido del orden de 900 viviendas. Desde el punto de vista presupuestario, esa magnitud es abordable con los instrumentos habitacionales existentes, especialmente si se la compara con otras emergencias recientes.
El verdadero cuello de botella aparece antes de que se pueda siquiera empezar a construir. Reconstruir no es solo levantar una vivienda: implica habilitar suelo, remover escombros, limpiar terrenos contaminados por el fuego, restituir agua potable y electricidad, asegurar accesos, resolver títulos de dominio y coordinar a múltiples actores públicos y privados. Es ahí donde se juegan los tiempos reales de la reconstrucción, y donde hoy se concentran las mayores dificultades.
A diferencia de los incendios de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana -donde el daño se concentró en sectores urbanos densos, con tramas continuas y tipologías relativamente homogéneas- los incendios del sur afectan un territorio mucho más disperso y heterogéneo. Se trata de una combinación de áreas rurales, zonas periurbanas, asentamientos semi-rurales y pequeños centros poblados, muchas veces alejados entre sí y con distintos niveles de acceso a servicios básicos.
A esa complejidad geográfica se suma una diversidad tipológica relevante: viviendas autoconstruidas, casas aisladas en predios extensos, pequeños conjuntos, segundas viviendas, equipamientos productivos y, en algunos casos, edificaciones con regímenes de copropiedad o dominio compartido, lo que introduce desafíos jurídicos adicionales. En este contexto, no existen soluciones únicas que puedan desplegarse rápidamente. Cada caso requiere diagnósticos específicos, definiciones de localización y decisiones técnicas que, inevitablemente, ralentizan los procesos, incluso cuando los recursos para construir están disponibles.
Pero incluso si lográramos resolver con rapidez estos obstáculos -habilitación de suelo, coordinación institucional y diversidad territorial- seguiría pendiente una pregunta más incómoda: ¿tiene sentido reconstruir exactamente en los mismos lugares y bajo las mismas condiciones que hicieron posible esta tragedia?
Este contexto abre una discusión de fondo que no puede postergarse. No basta con reconstruir rápido, sino reconstruir con criterios de prevención, respetando los planes de gestión del riesgo de desastres, incorporando normativas que regulen la interfaz urbano-rural y asegurando distancias efectivas entre las zonas habitadas y los bosques. Esto supone definir franjas de protección, garantizar accesos seguros y agua para emergencias, y planificar el entorno inmediato de las viviendas, no solo la vivienda en sí.
Persistir en la reconstrucción bajo las mismas condiciones que hicieron estos territorios vulnerables al fuego equivale a normalizar el riesgo y condenar a las familias a repetir la historia. Más aún, mantenernos en un régimen permanente de emergencia —reaccionando cada verano con bonos, subsidios y soluciones de corto plazo— debilita la capacidad del Estado y de los gobiernos locales para anticiparse, planificar y proteger la vida. La prevención no puede seguir siendo el eslabón débil de la política de reconstrucción.
La planificación urbana y territorial es una condición mínima para reducir riesgos futuros. Planificar dónde se puede vivir, con qué estándares, con qué infraestructura y bajo qué criterios de seguridad es parte esencial de la reconstrucción. No hacerlo hoy significa volver a reconstruir mañana.
El desafío del sur no es solo levantar casas. Es aprender a reconstruir territorio decidiendo qué estamos dispuestos a cambiar para no seguir reconstruyendo una y otra vez lo mismo.
La otra riqueza de Venezuela. Por Manuel Reyes.
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