La contralora Dorothy Pérez fue criticada en el FA, PC y el PS tras las advertencias que hizo esta semana sobre el probable desfinanciamiento del reajuste del sector público a partir del combate a los incendios. Antes, Pérez había abordado aspectos de la ley de “amarre” y de la fórmula de financiamiento de la educación superior, lo que incomodó a sectores oficialistas. La Contraloría tiene atribuciones para hacer observaciones, pese al malestar de parlamentarios.
Lo nuevo. La contralora Dorothy Pérez, una de las autoridades mejor evaluadas en las encuestas del año pasado, está siendo objeto de críticas por parte del sectores del oficialismo. En lo concreto, esta semana se cuestionaron las advertencias que hizo sobre el probable desfinanciamiento del reajuste del sector público, a partir del combate a los incendios forestales.
Las críticas. Pérez acudió este lunes a la Comisión de Hacienda del Senado, donde fue invitada para exponer sobre el proyecto de ley que “otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público”.
- En su intervención, la contralora planteó las probables consecuencias que tendrá enfrentar la catástrofe por los incendios, que han dejado 20 muertos, 7.237 damnificados, 590 viviendas destruidas y por los que se decretó estado de catástrofe en el Biobío y el Ñuble.
- “Cuando uno alude a líneas de presupuesto en las cuales financia habitualmente emergencias, atendida la emergencia que estamos viviendo en el sur del país con la cantidad y la magnitud del daño que se ha producido, probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para entonces cubrir la ley de reajuste, cuestión con la que se contaba, según la información que nosotros entendemos”, indicó.
- Sus dichos generaron inmediatas críticas desde el oficialismo.
- “¿Qué función de la Contraloría la habilita para pronunciarse sobre prioridades presupuestarias y holguras fiscales?”, publicó en X el secretario general del Frente Amplio (FA) Andrés Couble.
- “Excedió sus labores técnicas y específicas que tiene como contraloría”, dijo la senadora PC Claudia Pascual, consignó Emol, que también dio cuenta que el diputado PS Juan Santana sostuvo que “se excede en el ámbito de sus atribuciones al pronunciarse sobre este tipo de definiciones, que corresponden al debate y a las decisiones de política fiscal del Ejecutivo”.
Telón de fondo. En parte de la izquierda habían tomado nota de otras actuaciones de la contralora que les desagradó.
- Semanas antes, Pérez había abordado proyecto de reajuste del sector público en lo relativo a las normas de “amarre”, que a través de un acuerdo de Hacienda, dificultaba poner término a las contratas de los empleados del gobierno central, municipalidades y universidades, lo que terminó cayéndose en el Congreso.
- La contralora cuestionó que algunos funcionarios de contrata llegaban a veces al Estado a “aprender de funcionarios de planta, con una remuneración mucho mayor”.
- El acuerdo de Hacienda y las organizaciones sindicales contravenía el criterio de Pérez, quien derivó los reclamos por despidos en el supuesto de la “confianza legítima” a los tribunales de justicia.
- En paralelo, al oficialismo le había incomodado el dictamen de Contraloría que en octubre confirmó las discrepancias contables en la fórmula del Financiamiento para la Educación Superior (FES), mecanismo que ideó el gobierno para reemplazar al CAE.
- El ente fiscalizador determinó que “en vista de lo planteado en el proyecto de ley para el funcionamiento del FES, se estima que los recursos que se entregarían no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos al momento del otorgamiento de los beneficios”. Es decir, se deben considerar gasto público.
- El dictamen, que ratificó lo advertido por la CFA, puso en un complejo escenario una de las promesas de campaña del gobierno del Presidente Gabriel Boric, con la que buscaba cerrar su administración: el nuevo sistema de financiamiento universitario.
La norma que apoya la contralora. Pese a las críticas de parte del oficialismo a Pérez por el compromiso fiscal que advirtió a partir de los incendios ocurridos en el sur del país, impacto que se haría sentir en el reajuste del sector público, la ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría establece facultades expresas para informar sobre asuntos relativos a la inversión o al compromisos de fondos públicos.
- El artículo 6, inciso 2° de su Ley N° 10.336, sostiene que a la entidad de Dorothy Pérez “le corresponde informar sobre cualquier otro asunto que se relacione o pueda relacionarse con la inversión o compromiso de los fondos públicos”.
- Pérez fue invitada a exponer a las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado precisamente para ese objetivo, requiriéndosele expresamente que se refiriera al informe financiero del proyecto de ley que otorga un reajuste general de remuneraciones a los trabajadores del sector público.
- Dicha ley orgánica estipula:
- Artículo 1°: La Contraloría “tendrá por objeto fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco” y debe “llevar la contabilidad general de la Nación”.
- Artículo 6°: A la Contraloría “le corresponde informar sobre cualquier otro asunto que se relacione o pueda relacionarse con la inversión o compromiso de los fondos públicos”.
- Artículo 7°: “El Contralor General tendrá competencia exclusiva en la investigación, examen, revisión y determinación de todos los créditos y deudas del Fisco”.
- Más aún, la Constitución y el Decreto Ley N° 1.263 de 1975 establecen el mandato de la Contraloría para pronunciarse sobre la inversión de los fondos del Fisco, además de llevar la contabilidad de la nación, fijar normas contables obligatorias y fiscalizar a la administración financiera del Estado.
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