Mucha agua ha pasado bajo el puente desde que en 2019 se aprobó por ley la creación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Desde su primera sesión, en junio de dicho año, Chile ha enfrentado un estallido social, una pandemia y dos procesos constituyentes.
Estos eventos extraordinarios han tenido importantes consecuencias económicas, sociales y políticas. En el ámbito fiscal, han estresado fuertemente las finanzas públicas. Esto se ha reflejado en un empeoramiento de los indicadores fiscales, exacerbando una tendencia que venía desde la crisis financiera internacional de 2008-2009.
En efecto, si comparamos 2018 (año previo a la existencia del CFA) con 2025, se observa que:
La autoridad ha reaccionado ante este escenario, en parte siguiendo recomendaciones del CFA. Se destaca que desde 2022 la regla fiscal considera un nivel prudente de deuda bruta que no debe superarse para así mantener la clasificación crediticia y un acceso a crédito a costo acotado, el que el Ministerio de Hacienda fijó en 45% del PIB. También se valoran los perfeccionamientos a la ley sobre responsabilidad fiscal, aprobados en 2024, que incluyen el establecimiento de cláusulas de escape explícitas y objetivas para incumplir las metas fiscales, pero acompañadas de obligaciones de convergencia posterior.
Con todo, los desafíos persisten. La próxima administración contará con holguras fiscales casi nulas hasta 2030. Esto implica que, en ausencia de nuevos ingresos, el gasto público podrá crecer en promedio menos de 1,5% anual para no superar el umbral prudente de deuda, lo que contrasta con el crecimiento promedio de casi 5% de los últimos 15 años. Ello, en un contexto de demandas sociales crecientes, alta inercia del gasto, necesidad de recuperar la inversión pública, y un gasto en intereses que hacia fines de la próxima administración absorbería casi 7 de cada 100 pesos del presupuesto público.
Estos desafíos deben ser abordados oportunamente como un objetivo país, lo que requiere un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal, que incluya al Ejecutivo y al Congreso, pues muchas materias requieren amplio capital político. Para el mediano y largo plazo es indispensable lograr un mayor crecimiento tendencial de la economía y evaluar opciones para contar con nuevos ingresos. En lo más inmediato, urge lograr ganancias de eficiencia en el gasto público y avanzar en reducir la evasión y elusión tributaria.
Estas tareas también requieren un fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, incluyendo las capacidades de la Dirección de Presupuestos (Dipres), del Congreso y del CFA.
Respecto del CFA, sus seis años de funcionamiento han mostrado sus aportes y limitaciones. En su accionar, al cumplir su rol, algunas veces ha incomodado a la autoridad. Por ejemplo, cuando advirtió al gobierno del Presidente Piñera que las fuentes de financiamiento permanente de la Pensión Garantizada Universal (PGU) eran insuficientes. O cuando indicó que el incumplimiento de la meta fiscal estructural en 2024 requería de un plan correctivo estricto para no volver a incumplirla por tercer año consecutivo en 2025.
Pero más allá de estos roces, habituales para este tipo de organismos en otros países, la labor del CFA en general ha sido valorada por los agentes económicos y políticos.
Sin embargo, queda en evidencia que su diseño se ideó para un contexto menos estresado de las finanzas públicas: sus consejeros son de dedicación parcial y tiene un equipo profesional de solo 7 personas. Por tanto, cabe pensar en un CFA 2.0 que cuente con las atribuciones y herramientas para poder cumplir efectivamente su misión de “contribuir al manejo responsable de la política fiscal”. Por cierto, la institución no debe crecer por crecer, si no que orientada a robustecer los puntos débiles de la institucionalidad.
En primer término, como ha propuesto el mismo CFA, se debiera establecer una regla de “cumplir o explicar” que aplique al Ministerio de Hacienda. Esta norma, que existe en otros países, implica que la autoridad debe explicar públicamente las razones para no acoger las recomendaciones del CFA. Esto mantiene estrictamente el rol no vinculante del Consejo, pero aumenta las exigencias a la autoridad para revisar sus recomendaciones y pronunciarse periódica y sistemáticamente respecto de ellas.
Una segunda medida es asignarle nuevas funciones al CFA, con sus respectivos recursos. Dos candidatas son: revisar las proyecciones de ingresos fiscales que realiza la Dipres, para velar por que no haya exceso de optimismo; y evaluar los efectos fiscales de proyectos de ley que sean significativos en términos de recursos, como ha ocurrido en el pasado a petición del Congreso con la reforma previsional y con el sistema de financiamiento de la educación superior.
También debería aumentarse la dedicación horaria y exclusividad de sus consejeros, con la consiguiente revisión de sus remuneraciones, requisitos e inhabilidades; mejorar el acceso a la información requerida para sus análisis, proveniente principalmente de la Dipres; y contar con mayor autonomía administrativa, por ejemplo, en la gestión de su propio presupuesto, para lo cual hoy requiere solicitar autorizaciones formales a la Dipres para una serie de acciones de administración interna.
Si bien queda poco tiempo del período legislativo de la actual administración, pudiera hacerse un esfuerzo, si hay voluntad política, para avanzar en estas materias.
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