Uno de los grandes desafíos de todo sistema de salud —en Chile y en el mundo— es avanzar hacia la cobertura universal. Esto significa garantizar que todas las personas reciban la atención que necesitan, con la calidad suficiente para ser efectiva y sin que ello implique un perjuicio financiero. A esta triple meta —cobertura, calidad y protección financiera— debemos sumar una cuarta condición: la sostenibilidad, es decir, asegurar que los recursos permitan responder no solo a las necesidades actuales, sino también a las de las futuras generaciones.
Según lo informado por el Ejecutivo, el presupuesto de salud 2026 crecerá en 5,7% respecto de 2025, ubicándose entre las carteras con mayor aumento y muy por sobre el promedio global del gasto público, que apenas llega a 1,7%. A primera vista, este incremento parece reflejar una prioridad política y social clara. Sin embargo, al mirar las cifras con más detalle, la realidad es menos optimista.
El presupuesto vigente del Ministerio de Salud para 2025 asciende a $17.262.034 millones. Si lo corregimos por inflación, el monto alcanzaría unos $17.797.157 millones, lo que implica que el presupuesto proyectado para 2026 sería en realidad 3% menor en términos reales. Si la comparación se hace con el gasto autorizado en la ley, más los ajustes, y se corrige adecuadamente por la inflación del gasto en personal —como debiera hacerse para comparar cifras—, el crecimiento sería de apenas 4,3%.
La pregunta entonces es: ¿cuál es la referencia correcta? En teoría, el presupuesto debiera ser un techo de gasto, pero en salud, donde los sobregastos son habituales, la comparación más realista es con el gasto vigente.
Más allá del debate técnico, lo relevante es el mensaje de fondo: los recursos disponibles no bastan para financiar todo lo comprometido. El presupuesto 2026 anuncia mayores fondos para el Plan Nacional del Cáncer ($21.403 millones), las Garantías Explícitas en Salud ($81.669 millones), la operación de hospitales ($336.820 millones) y el Programa Nacional de Inmunizaciones ($21.788 millones).
Sumadas otras iniciativas, se alcanzan fácilmente los $500.000 millones adicionales. Pero cabe preguntarse: ¿son realmente “recursos nuevos”? Si la base de gasto efectivo ya supera lo presupuestado, se parte con un déficit implícito.
Cumplir con estas promesas sin bajar la calidad, sin reducir prestaciones ni aumentar listas de espera requeriría algo casi heroico: que el sistema público no enfrente mayores presiones de gasto ni aumentos de costos, que la población enferme menos o que los hospitales y la atención primaria logren un salto histórico de eficiencia.
Todo indica que las nuevas autoridades del sector deberán enfrentar uno de los mayores retos recientes: hacer más con menos. De no lograrlo, el riesgo será retroceder en calidad, oportunidad y protección financiera. Ya hoy, el gasto de bolsillo alcanza el 39% del total, el nivel más alto en más de una década, cuando el llamado de la OMS es reducirlo a menos del 20%.
El desafío no es solo administrar recursos escasos, sino también redefinir prioridades, gestionar con evidencia y fortalecer la eficiencia del gasto público en salud. A ello se suma la urgencia de transitar hacia presupuestos más fidedignos, que sean un instrumento real de gestión y planificación y no solo una referencia formal. Solo así será posible sostener un sistema que, aun con limitaciones, sigue siendo el principal garante de bienestar y equidad en Chile.
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Informe de Estabilidad Financiera: lo malo, lo bueno y lo importante. Por Kevin Cowan. https://t.co/ZJHs4hLlCw
— Ex-Ante (@exantecl) November 14, 2025
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