En diciembre próximo se cumplirán tres años con el desempleo sobre el 8%. Son 31 trimestres móviles consecutivos en que la tasa se mantiene en ese rango, un nivel que en el pasado solo aparecía en medio de crisis económicas. Sin embargo, en Chile este dato parece haberse vuelto parte del paisaje. La normalización de lo que no es normal es quizás el signo más preocupante de este período.
El Gobierno recibió la economía con el desempleo en 7,8%. Desde entonces se impulsaron políticas que elevaron de forma importante el costo de emplear: aumentos significativos del salario mínimo en términos reales, la aprobación de la ley de 40 horas semanales y nuevas regulaciones que rigidizan el mercado laboral. Se aseguró a la ciudadanía que nada de esto afectaría el empleo porque la gradualidad amortiguaría cualquier impacto. Esa promesa no se cumplió.
Muchos técnicos lo advertimos, como antes lo hicimos con los retiros previsionales. El patrón se repite: las advertencias son ignoradas y el tiempo confirma sus consecuencias. Hoy, con el desempleo instalado por más de dos años y medio en niveles que solo veíamos en crisis, los datos son testarudos. Como decía John Adams, “facts are stubborn things”.
El Banco Central, en su Informe de Política Monetaria de septiembre, confirmó lo que era evidente: los mayores costos laborales derivados del alza del salario mínimo y de la reducción de la jornada laboral redujeron el empleo formal. Y no lo afirma con un único cálculo, sino usando tres metodologías distintas que llegan al mismo resultado:
La reacción oficial fue inmediata: el Presidente y sus ministros declararon tener una “discrepancia” con el diagnóstico del Banco Central. Pero la discrepancia real es con los datos. Mientras la encuesta del INE muestra creación de empleo formal, los registros de la Superintendencia de Pensiones revelan que hay menos cotizantes que tres años atrás. Esa es una estadística muy relevante, porque son los cotizantes quienes sostienen la seguridad social. Pero esta discrepancia parece no importar.
La discusión pública, en cambio, se entrampa en etiquetas. Que el desempleo es “estructural”, que el mercado es “resiliente”, que la situación es “transitoria”. Palabras que se repiten como consigna, pero que poco ayudan a comprender lo que pasa en los hogares. Como escribió Vicente Huidobro, “el adjetivo cuando no da vida, mata”.
Y aquí los adjetivos están matando la discusión, funcionando como distractores que desvían la atención de lo esencial: 900 mil personas sin trabajo. Mientras tanto, los costos laborales seguirán aumentando. En parte por la reforma previsional —necesaria, pero no inocua— que ya en agosto comenzó con su primer punto adicional de cotización, y se anuncian otros costos y rigideces por venir como la negociación ramal.
La pregunta obvia es si estas políticas han mejorado el bienestar de los trabajadores. Para quienes ganan en torno al salario mínimo y conservan su empleo, sí: los sueldos han subido. Pero a un costo alto: excluir a decenas de miles de personas que hoy no logran incorporarse al mercado laboral. Durante meses, los avisos laborales de internet mostraron una caída pronunciada y ahora los datos lo confirman: escasa creación de empleo. Los hechos se imponen.
Algunos sostienen que parte de esta situación responde a cambios estructurales: más automatización, transformaciones demográficas, nuevas tecnologías. Sin duda que todo eso puede influir, pero no sirve de excusa para la inacción. Las estructuras no son inmutables; son endógenas y se pueden modificar parcialmente con políticas adecuadas. Capacitación laboral efectiva, vinculada a sectores dinámicos; incentivos a la formalidad; y mayor flexibilidad para absorber cambios son ejemplos de medidas que podrían mejorar el panorama. Lo que no ayuda es persistir en más rigideces.
A lo anterior se suma una práctica riesgosa. Cada vez que un organismo autónomo entrega un informe incómodo, desde el Consejo Fiscal Autónomo hasta el Banco Central, aparece la tentación de relativizarlo en clave política. Criticar estudios siempre es legítimo, pero sugerir que hay intencionalidad detrás de diagnósticos técnicos erosiona la credibilidad institucional. Y sin instituciones confiables, el debate económico se reduce a relatos que poco tienen que ver con la realidad.
Chile necesita enfrentar el problema del empleo con pragmatismo y realismo. Negar la evidencia solo prolonga el estancamiento. Se requiere una agenda laboral moderna que detenga el alza excesiva de los costos, fortalezca la capacitación, flexibilice inteligentemente la jornada laboral y revise la política de salario mínimo para vincularla a productividad y empleo. Solo así la retórica podrá transformarse en más y mejores empleos y en ingresos reales que crezcan de verdad. No queremos seguir cantando, como Los Fabulosos Cadillacs, “yo te avisé, y vos no me escuchaste…”
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