Victoria de Dominga: Boric opta por camuflar y dilatar una de las derrotas más duras de su gobierno

El rechazo de la Corte Suprema a los recursos contra Dominga deja al gobierno sin herramientas jurídicas relevantes para frenar el proyecto. Sin embargo, La Moneda insiste en que aún quedan instancias pendientes, en una estrategia que apunta más a dilatar su avance que a revertirlo, buscando que su ejecución no coincida con el actual mandato presidencial.

Qué observar. El proyecto minero-portuario Dominga, rechazado por el Comité de Ministros en enero de 2025, ha recibido un nuevo y contundente fallo judicial, ahora desde la Corte Suprema. Se trata de una derrota que sepulta una de las banderas emblemáticas para el gobierno de Boric.

• La Corte Suprema declaró inadmisibles los últimos recursos presentados por el Gobierno y organizaciones ambientalistas, lo que allana el camino para su construcción.
• A pesar del duro revés, el Ejecutivo ha optado por relativizar el impacto del fallo y mantener viva la narrativa del “No a Dominga”, que fue una de las promesas de campaña del Presidente Boric y que sus ministros han sostenido, pese a su aprobación ambiental.
• La estrategia parece apuntar a dilatar la implementación del proyecto hasta agotar los recursos judiciales menores, sin reconocer que la base legal que lo sustenta ya quedó firme.
• El objetivo implícito sería postergar el inicio de las obras hasta después del actual periodo presidencial y así no vincular la imagen del gobierno con el inicio de la construcción de la iniciativa minera-portuaria.

El fallo que zanja el fondo ambiental. La Tercera Sala de la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Comité de Ministros y organizaciones opositoras al proyecto Dominga.

• Con ello, se confirma la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable otorgada a la iniciativa minera de Andes Iron.
• El fallo sostiene que no existe una sentencia definitiva que amerite un recurso de casación, ya que la resolución del Primer Tribunal Ambiental solo anuló la decisión del Comité de Ministros y ordenó un nuevo pronunciamiento, sin cerrar el caso de fondo.
• Sin embargo, juristas y fuentes cercanas al proceso interpretan que al no acoger el recurso, la sentencia del Tribunal queda firme y, por ende, se zanja la controversia ambiental a favor de Dominga.
• Este dictamen se suma a la derrota que el Gobierno ya había sufrido en junio ante el Tribunal Constitucional, cuando intentó frenar la acción del Primer Tribunal Ambiental alegando una invasión de competencias.
• Ambos reveses configuran un panorama adverso para La Moneda.

La estrategia dilatoria del Ejecutivo. Lejos de reconocer la magnitud del fallo, el Ministerio del Medio Ambiente emitió un comunicado intentando minimizar su impacto.

• “El pronunciamiento de la Corte Suprema no implica una resolución de fondo”, afirmó la cartera liderada por Maisa Rojas, insistiendo en que aún quedan recursos pendientes ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago.
• Fuentes del sector legal explican que estos recursos pendientes son de carácter procesal y no cuestionan la validez de la RCA ni la sentencia del Primer Tribunal Ambiental.
• “Lo que queda son escaramuzas menores que podrían retrasar unos meses el inicio de obras, pero no alteran el fondo”, señalan.
• En el sector privado, la lectura es que el Gobierno busca ganar tiempo y sostener su promesa de campaña del “No a Dominga” al menos mientras dure el mandato.
• Sin embargo, expertos legales interpretan que las atribuciones del Comité de Ministros ya están agotadas y que el proceso administrativo está concluido.

La lectura desde Andes Iron. Tras el fallo, Andes Iron destacó que “se pone fin a más de 12 años de trámites y litigios” y que la decisión “confirma que las actuaciones del Comité de Ministros fueron irregulares, con vicios de legalidad, demoras injustificadas y cambios de criterio técnico sin sustento”.

• Para la empresa, ya no hay cuestionamiento jurídico ni técnico que impida avanzar.
• Dado que tienen una RCA favorable, la empresa ya se encuentra tramitando los permisos sectoriales necesarios para construir el proyecto, en el que ya han invertido unos US$ 500 millones.

Perspectivas y escenario futuro. En la Corte de Apelaciones de Antofagasta queda por definirse la forma en que debe ejecutarse la sentencia del Primer Tribunal Ambiental.

• Aunque existe la posibilidad de que la parte perdedora recurra a la Corte Suprema, fuentes conocedoras indican que incluso podría considerarse improcedente un nuevo recurso.
• Respecto al proceso abierto en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, cercanos al proyecto ven poco probable que avance.
• “Sería inusual que un tribunal paralelamente tramitara una causa cuando la Corte Suprema ya validó el actuar del Tribunal de Antofagasta”, indican.