En los últimos días nos hemos impuesto de un nuevo aplazamiento para la recepción y puesta en servicio del Hospital Salvador e Instituto Nacional Geriátrico. Se trata de un nuevo balde de agua fría para un sistema de salud pública que muestra evidentes signos de stress e insuficiencia y una lamentable noticia para los pacientes ignominiosamente postergados en las interminables listas de espera quirúrgicas y de atenciones de especialidad.
En los más de 10 años que ha demorado su construcción, El Salvador ha enfrentado, de forma conjunta, casi la totalidad de los problemas que pueden aquejar a una obra de infraestructura pública: cambios en los criterios de la autoridad; descoordinaciones entre los servicios y ministerios a cargo de la obra; eventos externos de fuerza mayor -como fueron la pandemia del coronavirus y el estallido social de 2019-.
Todo esto, además de las ya tristemente célebres demoras por hallazgos arqueológicos y su gestión por parte del Consejo de Monumentos que, en el caso del Hospital Salvador, significaron retrasos récord en lo que toca a dicho servicio.
Toda demora evitable en una obra de infraestructura pública es una carga innecesaria para el país. Significan mayores costos que siempre repercuten en las personas, sea por aumento en las tarifas (cuando se trata de servicios sujetos a copago o peaje) o por aumento de los costos para el Estado.
Además de extenderse con ello las externalidades negativas de toda construcción al tiempo que se retrasan los beneficios asociados a su puesta en operación. Pero en el caso de la infraestructura hospitalaria estas demoras son aún más dramáticas, puesto que retrasan -y en muchos casos terminan denegando- el acceso a la salud de quiénes más lo necesitan.
Es por lo tanto social, política, económica y moralmente urgente enmendar y revertir toda medida que pueda estar frenando la puesta en operación de estas obras. El Salvador está listo en más de un 95% y resulta del todo incomprensible que quiénes tienen en sus manos la búsqueda e implementación de las soluciones que puedan viabilizarlo no operen con la urgencia que la situación demanda.
Por muy fundadas razones, nuestro país cuenta con una ley de urgencia en materia de salud, que suspende toda exigencia y consideración de cobro para quién ingresa en dicha situación a un recinto de salud. En dichas circunstancias, pasa a segundo plano si se trata de recintos públicos o privados, lo que importa es salvar la vida de la persona. Pues bien, acá se compromete la salud y la vida de miles de personas cada día que pasa y el país debiera operar con el mismo criterio de urgencia. Como dicen un popular aforismo jurídico, ahí donde hay igual condición, debiera operar igual disposición.
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