Hace unos días, el pasado 12 de junio, celebramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, jornada establecida en 2002 por la Organización Internacional del Trabajo para hacer conciencia acerca de la magnitud de este problema y aunar esfuerzos para erradicarlo de nuestra sociedad.
Casi 25 años después de su instauración y pese a que está prohibido en nuestro país, según UNICEF Chile cerca 200.000 niños y adolescentes realizan trabajo infantil, lo que se suma a los más de 159.000 niños y adolescentes fueron víctimas de violencia entre 2022 y 2025, sin mencionar otras cifras desgarradoras que afectan a nuestros infantes y adolescentes en los distintos ámbitos de su vida donde sus derechos son permanentemente vulnerados como los de los menores haitianos perdidos en Chile.
Quienes tenemos responsabilidades en el mundo empresarial solemos hablar de crecimiento, inversión, productividad y empleo. Son temas importantes porque impactan directamente en el desarrollo del país. Pero hay momentos en que es necesario levantar la vista de las cifras y observar una realidad que nos interpela como personas antes que como dirigentes o empresarios: la situación de miles de niños, niñas y adolescentes que hoy viven en condiciones de profunda vulnerabilidad.
Me cuesta aceptar que, como sociedad, nos estemos acostumbrando a convivir con esta realidad. No podemos hablar de progreso si hay niños creciendo sin protección, sin oportunidades y, muchas veces, sin esperanza. El desarrollo económico pierde sentido cuando somos incapaces de garantizar condiciones mínimas para quienes recién comienzan la vida.
Durante años he sostenido que la familia es el primer espacio donde se construye una sociedad sana. Es allí donde aprendemos el valor del respeto, la responsabilidad, la empatía y el esfuerzo. Es también donde recibimos los límites que nacen del cariño y la preocupación por el otro. Cuando esos vínculos se debilitan, las consecuencias terminan alcanzándonos a todos.
Hoy cerca de 15 mil niños y adolescentes viven situaciones de extrema vulnerabilidad. Detrás de cada cifra hay una historia, un rostro y una vida que podría tomar un rumbo completamente distinto si llegamos a tiempo. Por eso este desafío no puede seguir siendo visto como un problema ajeno o exclusivo del Estado. Es una responsabilidad colectiva.
Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad con Juntos por la Infancia de conversar con la Primera Dama, Pía Adriasola, sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de protección para la infancia más vulnerable. En ese contexto surgió una imagen que refleja bien la magnitud del desafío: la necesidad de contar con una verdadera “UTI de la niñez”.
Así como en salud existen unidades especializadas para atender los casos más complejos, también debemos desarrollar capacidades extraordinarias para acompañar a aquellos niños que han sufrido las vulneraciones más graves. Esto requiere profesionales preparados, recursos suficientes y una red de apoyo capaz de actuar con rapidez y eficacia.
La experiencia demuestra que ninguna institución puede resolver sola un problema de esta magnitud. Por eso valoro especialmente iniciativas como Juntos por la Infancia, donde organizaciones sociales, empresas y distintos actores de la sociedad civil hemos decidido colaborar en torno a un propósito común. Cuando dejamos de lado las diferencias y ponemos a los niños en el centro, comienzan a aparecer soluciones que parecían imposibles.
El proyecto Juntos por la Infancia nació en 2017 a partir de uno de los encuentros de la iniciativa 3xi y forma parte de la Corporación 3xi. En alianza con la Confederación de la Producción y del Comercio y la Comunidad de Organizaciones Solidarias, este proyecto tiene como propósito convocar a diversos actores a asumir corresponsabilidad frente a la situación de los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados en Chile.
Creo profundamente que Chile tiene la capacidad de enfrentar este desafío. Pero para lograrlo debemos fortalecer a las familias, promover las familias de acogida, simplificar procesos que hoy son excesivamente lentos y generar una red de apoyo mucho más efectiva para quienes más lo necesitan.
Al final del día, la pregunta es sencilla: ¿qué país queremos construir? Si aspiramos a una sociedad más justa, más cohesionada y con mayores oportunidades, debemos comenzar por quienes tienen menos capacidad de defenderse por sí mismos. Que ningún niño termine viviendo en situación de abandono, desprotección o calle no debería ser una meta política ni un eslogan; debería ser un compromiso ético compartido por todos.
Desde el mundo empresarial tenemos mucho que aportar. No solo recursos o gestión, sino también capacidad de convocatoria, articulación y trabajo conjunto. Porque invertir en la infancia es, probablemente, la inversión más importante que un país puede hacer para asegurar su futuro.
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