El problema.
Cada obra mayor que requiere aprobación del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) incluye a su vez el pronunciamiento de todo tipo de servicios públicos, la ciudadanía y la aprobación de muchas… pero muchas entidades, a veces hasta veinte (la siniestra “permisología” en acción). Con todo, una encuesta de la Universidad de Chile constató que los procedimientos administrativos ante el Consejo de Monumentos Nacionales ocupan el primer lugar en las trabas que dificultan el desarrollo de los proyectos, con nada menos que el 63,2% de los casos.
Los patéticos ejemplos.
Según un informe de la Cámara Chilena de la Construcción (afírmese que éste viene grueso):
Nótese que la palabra hallazgo le da un aura de misterio ancestral y novelesco al asunto. Hace mucho que no se ha sabido de algún hallazgo relevante y digno de ser exhibido en algún museo.
Para agregar descriterios sobre descriterios: como todos estos fragmentos mugrosos no van a museo alguno -porque ninguno los recibiría- obligan a las Concesionarias o inversionistas a guardar estos pequeños fragmentos de la nada ninguna en miles de cajas.
El cartel de los arqueólogos
Óscar Acuña, ex secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, ha ido directo al grano y dijo: “el patrimonio se ha transformado en un negocio”. Aquí sin duda se ha generado artificialmente un negocio para arqueólogos a costa del fisco y de los ciudadanos. Dado además que hay un escaso número de arqueólogos en el país – antes no eran muy necesarios, pero hoy ya capturaron para sí mismos una tan jugosa demanda que se hicieron insuficientes – lo que se puede afirmar con certeza es que formaron un cartel comercial en torno al Consejo de Monumentos Nacionales, con el benigno beneplácito de sus consejeros y autoridades.
“Cobrar por la pasada”…
Las consultas indígenas son otra fuente de abusos. Por ejemplo los changos (de apellidos Álvarez y Vergara por una curiosa mutación genética) y otras etnias similarmente inexistentes, pero reconocidas por el Estado, “cobran por la pasada” cada vez que deben ser consultados por una obra. La práctica de “cobrar por la pasada” a cambio de dar el permiso para el SEA también se da en municipios. Si una autopista debe pasar por tres de ellos… también van en la parada. Conozco un caso en que el alcalde de una comuna urbana, “por dar la pasada” pidió un importante número de camionetas de tracción en las cuatro ruedas… debemos suponer que el asfalto en su comuna está en muy mal estado. Esto, ya lo dijimos, se convirtió en un negocio… y el patrimonio de monumentos nacionales es una mera moneda de cambio.
La causa fundamental del problema…
El origen de esta delirante situación es la composición del Consejo. Está conformado mayormente por directores de museos (que son historiadores, biólogos y artistas) y por representantes de algunas instituciones públicas y otras civiles como la Sociedad de Escritores, Sociedad de Arqueología, Colegio de Arqueólogos, y Sociedad Paleontológica de Chile.
Todos resultan ser sociólogos, arqueólogos, arquitectos, paleontólogos, historiadores y escritores, profesionales muy respetables pero que como colectivo no tienen la menor idea ni conciencia del daño que le hacen al desarrollo nacional, al bienestar ciudadano, ni el impacto de estos atrasos o francas paralizaciones en las inversiones públicas y privadas del país, comenzando por las líneas de Metro y los hospitales públicos. Simplemente no les interesa ese prosaico tema.
Esta es una exageración didáctica para mayor claridad: supongamos que CODELCO descubre un monumental y rico yacimiento de oro a 50 km. de Ovalle. Tan monumental que Chile pasaría a ser la Arabia Saudita del oro, duplicando nuestro PIB y permitiendo entre otras cosas pagar toda la deuda externa, triplicar la Pensión Básica Solidaria y entregar gratuidad universal a todo el sistema educativo. Digamos que el SEA dio el permiso y el CMN también, después de algunos sondajes arqueológicos.
Pero oh sorpresa… al llegar la excavación minera a 30 mt. de profundidad, se encuentran algunos pequeños y precarios restos preincaicos en 20 metros cuadrados, son unas cuantas piedras pintadas, pero que por la morfología de la mina, tendrían necesariamente que ser demolidos, sin alternativa. No fueron conchitas de almeja ni vasijitas quebradas, sino restos arqueológicos de algún valor, pero que de todos modos ningún museo recibiría.
El actual CMN simplemente detendría la mina sin la menor consideración del “costo patrimonial” vs. el “beneficio humano y social”, y obligaría además a realizar mil sondajes arqueológicos en 1 km. a la redonda que tomarían no menos de dos años antes de retomar el proyecto. ¿Normal? He ahí el dilema no resuelto del SEA en general y del CMN en particular.
Un errado proyecto de ley.
El proyecto de ley que se está tramitando hoy en el Congreso no arregla el problema, porque no va al fondo del asunto: ajusta cosméticamente la composición del Consejo, y regionaliza su actuar, pero no resuelve el meollo del asunto. No define una instancia expedita de reclamación con contraposición de intereses que no sean los tribunales, que implican años de tardanza y que además no tienen cómo ni por qué saber del tema.
Las soluciones.
Señoras y señores senadores: este proyecto está hoy en sus manos. Es necesario que se establezca en la Ley que hoy está en trámite un Comité Público-Privado, integrado por representantes de la cultura y el patrimonio, pero también por otras ramas del gobierno, por representantes de las concesionarias y los inversionistas, y sobre todo por prestigiados ex decanos de Ingeniería, Economía y Ciencias Sociales, elegidos por Alta Dirección Pública. En otras palabras, un Comité en que haya una verdadera contraposición de intereses, que sopese ambos lados de la balanza -desarrollo vs. patrimonio- en cada apelación a los mandatos del CMN.
Así, si una arqueóloga a cargo de las excavaciones de una línea de ferrocarril decide “desinteresadamente” que en vez de veinte sondajes hay que hacer doscientos “porque la obra tuvo un hallazgo interesante ya que aparecieron dos fragmentos de una cuchara de palo posiblemente usada por los changos” (…hallazgo interesante sobre todo para las arcas de la empresa de arqueólogos), y si el CMN aprueba este descriterio, el inversionista de la obra pueda establecer un recurso de protección inmediato, hasta que este Comité Público-Privado decida el caso en un plazo perentorio fijado por ley, escuchando a las partes. Si luego alguien desea reclamar, que vaya a tribunales ordinarios, pero con las actas de este Comité como antecedente.
Una segunda solución complementaria es definir en la ley del SEA y en la del CMN la figura del silencio administrativo. Esto significa que, si cualquiera de los entes (CMN, etnias, municipios, etc.) que deban “dar la pasada” se demora más de 15 días hábiles en dar su respuesta, se daría por aprobada su autorización.
Otra solución complementaria: establecer para el CMN la obligación, al emitir sus informes finales, de comparar la rentabilidad social y privada de la inversión con el valor patrimonial a rescatar, y además, evaluar el costo en valor presente del retraso de las inversiones por cada año de detención. Para horror de los actuales consejeros, tendrían que contratar a un economista o ingeniero para hacer esos cálculos. Estos consejeros tienen hoy el poder de quebrar empresas en base a arbitrariedades pero eso no les quita el sueño. Es dinero de otros.
En resumen…
No exagero si digo que las soluciones aquí propuestas podrían agregarle un punto porcentual a la alicaída tasa de crecimiento del PIB, simplemente por el adelantamiento de miles de millones de dólares de inversiones absurdamente retrasadas por el Consejo y otros entes consultados por el SEA. Por lo mismo, urge modificar el proyecto de ley en curso, porque no va a resolver nada y para peor, una vez legislado con estas falencias, va a “cristalizar” la situación por quién sabe cuántos años más.
El Consejo de Monumentos Nacionales, al fomentar el cartel de los arqueólogos en aras de una pretendida protección del patrimonio cultural, está dañando gravemente el desarrollo nacional y el bienestar ciudadano… para resguardar trozos de cacharrería. Lo dije y qué.
Sería además muy pertinente que renuncien la Directora del SEA y la Presidenta del Consejo. Con o sin culpas personales, aquí hay una responsabilidad política, económica y social demasiado grande, sobre la cual llegó el momento de pasar las cuentas, a lo menos porque no han sabido poner orden en este desastre que está causando más daños que un sismo grado 9. Lo dije y qué.
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