Certeza jurídica: Sofofa acusa ante Contraloría ilegalidad del Gobierno por Plan de Ordenamiento Territorial

La entidad gremial de los industriales advierte que el Gobierno pretende a través del reglamento abordar temas que son materia de ley. Señala que la iniciativa que lleva la firma de la ex ministra del Interior Izkia Siches podría generar “espacio a interpretaciones amplias y eventualmente arbitrarias por parte de las autoridades regionales”.

Qué sucedió. La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) presentó ante la Contraloría General de la República (CGR), que lidera Dorothy Pérez, un escrito en el que solicita que se declare la ilegalidad del Decreto Supremo N°243, que aprueba el reglamento de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT).

• El gremio argumenta que el reglamento excede los límites de la potestad reglamentaria del Ejecutivo y vulnera principios fundamentales del ordenamiento jurídico, como la legalidad y la certeza jurídica. Por ejemplo, los gobiernos regionales podrían tener una incidencia sobre proyectos de inversión que ya contaban con los permisos necesarios en una determinada comuna, llegando incluso a revocar algunos de ellos.
• A juicio de la entidad gremial, el Ejecutivo trata de regular materias a través de un reglamento materias que son propias de una ley.
• El 16 de junio de 2025, el Ministerio del Interior reingresó para su tramitación en la Contraloría General de la República (CGR) el reglamento de los PROT.

Los reparos de Sofofa:

1. Exceso de potestad reglamentaria. Según Sofofa, el reglamento establece obligaciones y restricciones que no están contempladas en la ley, infringiendo el principio de reserva legal. El gremio critica, por ejemplo, que el artículo 2 del decreto incluya “redes y trazados” dentro de la definición de infraestructura, pese a que la normativa vigente como la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece que estos elementos deben ser siempre admitidos y no pueden ser objeto de restricciones por planificación territorial.
2. Incertidumbre jurídica. La presentación también denuncia ambigüedades que podrían derivar en arbitrariedad. En particular, cuestiona que el reglamento use verbos como “promover”, “favorecer” o “propiciar” en la descripción de condiciones de localización. Estas condiciones son de cumplimiento obligatorio para proyectos productivos y su infracción podría acarrear la caducidad de permisos sectoriales, lo que, a juicio del gremio, genera un alto grado de discrecionalidad y pone en riesgo la seguridad jurídica.
3. Falta de límites claros. También argumenta que el reglamento no establece de forma precisa el alcance del PROT, lo que abre espacio a interpretaciones amplias y eventualmente arbitrarias por parte de las autoridades regionales. Esto, dicen, contraviene el principio de coherencia con la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y otras estrategias nacionales, exigido por la ley.

Un nuevo rol para Contraloría. Otro punto de conflicto para los industriales está en que el reglamento propone que la Contraloría pueda dirimir controversias entre los gobiernos regionales y la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio durante la tramitación de un PROT.

• Según Sofofa, esta función no está contemplada en la ley y, por tanto, se infringe el principio de reserva legal al asignar atribuciones que no han sido conferidas por el legislador.
• Agrega que un reglamento no puede entregar funciones a un organismo del Estado y esto no pasa por un proyecto de Ley.

Lo que viene. La Contraloría deberá ahora revisar la legalidad del DS N° 243 en el marco del proceso de toma de razón. Sofofa espera que el órgano contralor represente el reglamento y exija su modificación o rechazo.

• La decisión que adopte la CGR será clave para definir el futuro del instrumento, cuya aplicación impacta directamente en proyectos productivos, infraestructura y planificación territorial a nivel regional.
• Mientras no se realice la publicación no se materializará el reglamento. es lo que sucedió con el reglamento dejado por el Gobierno de Sebastián Piñera que tuvo su toma de razón, pero al no ser publicado no entró en vigencia.

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