7 definiciones frente al mal uso de las licencias médicas, según Mario Waissbluth

Manuel Izquierdo P.

Mario Waissbluth analiza el informe de Contraloría que detectó que 25 mil funcionarios públicos salieron del país en periodo de licencia médica. A su juicio, “un ente diferente a Fonasa” debiese administrar los permisos médicos y es necesario “exigir un copago bastante alto” a quienes los soliciten. El ministerio de Hacienda anunció hoy la conformación del Comité Nacional de Ausentismo y se instruyó a los servicios públicos para que inicien sumarios en un plazo de 72 horas.


Por qué importa. Un análisis de la Contraloría General de la República detectó que, entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos habrían incumplido el período de reposo indicado en su licencia médica, por haber viajado fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él.

  • Para lograr ese resultado, la entidad que lidera Dorothy Pérez solicitó a la PDI información sobre los funcionarios públicos que han viajado al extranjero en ese lapso, registrando 1.231.362 salidas y entradas. Luego cruzó los nombres con las 5.147.997 licencias médicas registradas por la Superintendencia de Seguridad Social entregadas a esos trabajadores.
  • Los organismos que registran más licencias eventualmente irregulares de este tipo son la Junta Nacional de Jardines Infantiles (2.280 licencias), Fundación Integra (1.934); la Municipalidad de Arica (719); la Corporación Municipal de Desarrollo Regional de Iquique (515); la Municipalidad de Puerto Montt (483); el Instituto de Previsión Social (423); y la Subsecretaría de Salud Pública (393).
  • Además, se encontró el caso de un funcionario del área de la salud que se otorgó licencia a sí mismo y realizó un viaje durante el período de reposo.
  • Mientras los presidenciables de todos los sectores expresaron su molestia, el Gobierno anunció que está solicitando un informe a ministerios y servicios públicos, además de iniciar sumarios internos. También afirmaron que se hará una presentación al Consejo de Defensa del Estado, con el fin de analizar acciones legales.
  • De hecho, la directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres), Javiera Martínez, comunicó que, en un plazo de 72 horas, los servicios públicos inicien sumarios a los funcionarios que hicieron mal uso de las licencias.
  • Por su parte, el ministerio de Hacienda anunció la conformación del Comité Nacional de Ausentismo integrado, además de esa cartera, por el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Presupuestos, el Servicio Civil y la Mesa del Sector Público, así como por ministerios sectoriales que se requieran.

La mirada de Waissbluth. Consultado por Ex-Ante, el investigador del Centro de Sistemas Públicos (CSP) de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y exintegrante del Consejo de Alta Dirección Pública, Mario Waissbluth, se refirió a las conclusiones del estudio de Contraloría en siete ideas:

1. Rol de Contraloría. “El informe es magnífico, como magnífica me parece, en general, la labor de la contralora Dorothy Pérez (lo que no puedo decir de su predecesor). Ella ha impreso una forma muy novedosa e innovadora de hacer las auditorías y otros estudios como este. En este caso, me pareció genial haber cruzado las bases de datos de licencias con las de la PDI de salida al exterior. Las auditorías antes eran más bien burocráticas y no iban al fondo del asunto, ahora sí. Cada semana la Contraloría nos sorprende gratamente con un nuevo informe relevante”.

2. Extensión del fenómeno. “Es algo masivo, y por cierto que no solo en el sector público. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un empleado público o privado decir “estoy cabreada/o con mi jefe, voy a ‘tirar licencia'”, o “últimamente ando cansado, voy a ‘tirar licencia'”? Es algo diseminado en muchas organizaciones, empleados y médicos. Es tan posible como las decenas de miles de facturas truchas en restaurantes… una suerte de diseminado robo hormiga”.

3. Deshonestidad. “Hay dos frases en Chile que expresan muy bien la deshonestidad, que es más generalizada de lo que se quiere creer. Una es ‘tirar licencia’, y la otra, en los restoranes, es ‘¿boleta o factura?’, en que algunos empingorotados gerentes o empresarios invitan a toda su familia el domingo un opíparo almuerzo, y después evaden impuestos pidiendo factura para pasarla como gasto”.

4. Costo para el Estado. “Escuché hace un tiempo al doctor Jaime Mañalich decir que el 20% del presupuesto de Fonasa son licencias, y que la mitad —fíjese bien— son falsas. Hay que reestructurar completamente el asunto de las licencias, comenzando por exigirle a la gente un copago por las mismas. El día en que tengamos que copagar un 15 o 20% del gasto del Estado en la licencia, las trucherías van a disminuir bastante. Hoy, todo lo paga Moya”.

5. Responsabilidades. “A nivel de política pública, es una fórmula y una institucionalidad inadecuadas sobre el tema. A nivel individual, son las personas que ‘tiran licencia’ y los médicos que cobran unas luquitas por darla a sabiendas de que es innecesaria”.

6. Administración de las licencias. “Las licencias médicas deben ser administradas por un ente diferente a Fonasa, especializado en el tema, y si de mí dependiera, partiría por exigir un copago bastante alto, de 25%. No puede ser que alguien gane el mismo sueldo diario trabajando o en licencia. La situación actual es simplemente una idiotez generalizada”.

7. Rol del Estado. “Está en tres niveles. El primero es cambiar las políticas e institucionalidades ligadas a las licencias. Segundo, el Ministerio de Salud debiese ser mucho más sofisticado en el cruce de datos, de manera de no tener que esperar que la Contraloría le haga la pega. Y el tercer nivel es, en el hospital o institución médica, sancionar radicalmente a quienes sean sorprendidos entregándolas”.

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