–¿Qué daño le está haciendo la permisología al país?
-No creo exagerar si digo que está costando entre 2 y 3% en la tasa de crecimiento del PIB y en la generación de empleo decente, no sólo por la tardanza que impone a los proyectos, sino por el ambiente generalizado de desánimo que está generando en los inversionistas y por la masiva fuga de capitales. Según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, existen al menos 439 trámites que afectan la inversión en distintas etapas. En suma… letal.
-¿Cuáles deberían ser los criterios para determinar si un proyecto debe ser detenido (o suspendido)?
-Este es el problema regulatorio esencial, y muy difícil de resolver: toda obra produce algún nivel de daño al medio ambiente, la fauna, o el patrimonio arqueológico. En algunos casos, el daño potencial es evidente y flagrante: destruir una momia incaica, arrasar con una especie protegida, contaminar un río con mercurio.
Pero… ¿qué pasa si no es una momia sino un trozo de tela posiblemente incaica; si no se arrasa una especie animal sino que se destruyen unas pocas madrigueras; o si el mercurio derramado es virtualmente indetectable? Entre ambos extremos hay puntos intermedios difíciles de equilibrar. A los fundamentalistas del medio ambiente les da exactamente igual la dimensión del daño… y están ganando la batalla comunicacional, la administrativa y la judicial.
-¿Se pueden determinar parámetros objetivos que limiten el otorgamiento de permisos, y así terminar con la permisología?
-No, porque la frontera es borrosa, y por lo mismo la única solución es la que he propuesto, de generar un cuerpo intermedio público-privado, con contraposición de intereses, que evalúe cada caso en su mérito.
-¿De quién es la culpa de los descriterios que usted denuncia con respecto a la paralización de proyectos? ¿Del Estado, de los activistas medioambientales, de los arqueólogos?
-Múltiples y convergentes causas: hay mala gestión pública, deficiente gobernanza en el diseño mismo del CMN, cartelización de los arqueólogos, un muy eficaz y bien financiado activismo, y la carencia de un ente en que haya una efectiva y sensata contraposición de intereses.
-¿Qué opina de las consultas indígenas? ¿Son útiles?
-Son necesarias… siempre que no se trate de “etnias fabricadas” por algunos “no indígenas” que se generaron un negocito con el tema, poniendo trabas hasta que consiguen “cobrar por la pasada”.
-¿Y qué le parecen las consultas a las comunidades locales donde se desarrollan los proyectos? ¿Son necesarias?
-Son imprescindibles. La experiencia demuestra que en muchos casos son los más interesados en que SÍ se haga la obra, por el potencial de generación de empleo. Pero en cualquier caso, es obvio que hay que escucharlos.
-¿Por qué dice que el resguardo del patrimonio se ha transformado en un negocio?
-Hay grupos de interés beneficiados al poner obstáculos: por un lado, está el “cartel de los arqueólogos”, que se lograron auto-generar una demanda ficticia y exagerada por sus servicios. Luego, como el SEA exige -y es razonable que lo haga- que se consulte a numerosas etnias (a veces fraudulentas o ficticias) o municipios por donde pasa la obra, estos derechamente “cobran por la pasada”, en efectivo o donaciones que no guardan ninguna relación con el daño ecológico o patrimonial. Es una “cuasi corrupción”, de cuestionable ética. Además, hay ONG ambientalistas cuyo “modus vivendi” se basa en explotar los defectos de este esquema regulatorio.
-¿Cree que hay que darle una mayor importancia al beneficio económico y social de los proyectos que el que se le da actualmente?
-Absolutamente. No se trata de aplicar la teoría del péndulo y ahora olvidarse de los daños ambientales, sino lograr un sano equilibrio, generando un consejo público-privado donde exista una auténtica contraposición de intereses y se pueda discutir cada caso en su mérito.
-¿Por qué considera que el Consejo de Monumentos representa “un patrimonialismo acrítico”?
-Porque en la composición de su Consejo solo hay arqueólogos, paleontólogos, historiadores, sociólogos, escritores y artistas, sin presencia de gremios empresarios, ingenieros o economistas.
-¿Qué le parece el proyecto de ley que se tramita en el Congreso?
-Hay dos proyectos, uno sobre el Consejo de Monumentos Nacionales y otro sobre permisos sectoriales. Ninguno de los dos resuelve los problemas, porque no generan una figura adecuada de contraposición de intereses.
-¿Qué opina de la larga historia del proyecto Dominga, una inversión de US$ 2.500 millones que está lejos de terminar?
-Es uno más de los mega desastres superiores a US$ mil millones, a los cuales hay que sumar, por ejemplo, la detención de HidroAysén, que podría haber generado el 20% de la demanda nacional de electricidad con un daño ambiental y visual mínimo, o la Mina Invierno, detenida porque se podrían afectar “restos paleo botánicos”, lo cual en español castizo significa algunos matorrales petrificados hace un millón de años. Insisto, no se trata de olvidarse del ambiente, sino de lograr un equilibrio sensato.
-Recientemente, un informe de impacto ambiental del SEA advierte que el Mall Cencosud no emplea un “enfoque de género en las entrevistas para caracterizar el Área de Influencia del Medio Humano”. ¿Considera que eso es también una consecuencia de la permisología?
-Permítame que me ría a carcajadas. Esto es consecuencia de designar en el SEIA a funcionarios woke a las cuales ya se les terminó de soltar una teja. Falta poco para que exijan la perspectiva de género para comprar entradas al cine.
-¿Qué le parece el anuncio de Donald Trump de otorgar permisos acelerados para inversiones de un billón de dólares en Estados Unidos, incluyendo la eliminación de barreras regulatorias y ambientales? ¿Lo considera válido para atraer inversiones?
-Me parece gravemente erróneo, es llevar el péndulo hacia el otro extremo.
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