[Confidencial] Las platas que traspasó el gobierno a la Fundación Salvador Allende tras fallida compraventa
Manuel Izquierdo P.
La casa del expresidente Salvador Allende en Guardia Vieja, Providencia. Imagen: Agencia Uno.
En febrero, semanas después de que el Gobierno paralizara la compra de la casa del ex presidente Allende, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural aprobó el traspaso de $98,1 millones a la Fundación Salvador Allende. Del total de recursos, un 89,79% estará destinado a gastos en personal.
Qué observar. Un mes y medio después de que estallara la crisis por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende en calle Guardia Vieja, el 19 de febrero, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural (Serpat) aprobó transferir $98.156.000 a la Fundación Salvador Allende para su funcionamiento general.
Según la resolución exenta 225, firmada por el director nacional (s) del Serpat, Gustavo Poblete, el objetivo de la transferencia es destinar los recursos a tareas como administración contable y general, actualización y conservación de la biblioteca, comunicaciones y creación de especiales en el sitio web, catastros de documentación y archivos.
Además, se busca financiar “dos conversatorios en torno a los ejes democracia, solidaridad, paz y derechos humanos”, “iniciativas de vinculación con establecimientos educacionales públicos de niveles parvulario y escolar” e “instalar una exposición permanente en la sala Fundación Salvador Allende ubicada en el primer piso del Museo de la Solidaridad Salvador Allende”.
Estos aportes se suman a los $197.298.248 que el Serpat le ha transferido durante la administración Boric a la fundación que actualmente preside Marcia Tambutti, hija de Isabel Allende y nieta del exmandatario.
En 2023, cuando se cumplían 50 años del golpe de Estado, se realizaron dos traspasos de fondos: el primero fue en abril, por $85.060.000, y el segundo en noviembre, por $10.116.260. En 2024 se hicieron otras dos transferencias: en enero, por $88.037.000, y el 10 de septiembre, por $14.084.988.
Pese a esos aportes estatales, la fundación ha enfrentado, por momentos, problemas económicos. Por ejemplo, según una nota de La Tercera, en 2017 debió traspasar obras de arte para pagar deudas de la casona de calle República donde está su sede.
La senadora Allende —quien el jueves fue destituida de su cargo por el Tribunal Constitucional por su rol en la operación— es una de las fundadoras de la ONG y en su declaración de intereses y patrimonio figura como integrante honoraria, aunque sin remuneración.
¿Cómo se distribuirán los recursos? Según la resolución, de los $98,1 millones, $88.136.120 están destinados a gastos en personal, glosa que incluye “remuneraciones liquidas, leyes sociales, impuestos, honorarios, finiquitos, bonos, etc”. Esta cifra equivale a un 89,79% de los dineros transferidos.
Los estados financieros de la Fundación Salvador Allende muestran que, hasta septiembre de 2024, la institución tenía seis funcionarios a contrata. A eso se suman los cinco integrantes del directorio que encabeza Tambutti.
El convenio establece que $10.019.880 deberán utilizarse para el ítem bienes y servicios, categoría que contempla “gastos de funcionamiento, pagos de servicio, reparaciones y mantención de edificios”.
Según el convenio, la fundación se obliga a destinar los recursos transferidos sólo a los objetivos concordados y a ejecutar el plan de gestión.
“La fundación deberá cumplir con la realización del 100% de las actividades previstas en el presente convenio, con opción de reemplazar el 10% de ellas por otras actividades equivalentes, previa aprobación del Servicio, a través de su contraparte técnica”, asegura el documento.
“Los recursos transferidos podrán financiar gastos destinados a programación, mantención, administración y/o funcionamiento de la entidad receptora, y deberán ser destinados al cumplimiento del objeto de este convenio, tal es la ejecución del programa de acciones, actividades y metas asociadas”, añade.
Según el documento, la fundación puede financiar gastos de operación, destinados a costear el “diseño, planificación, producción, realización, distribución, control y evaluación” de actividades. Entre ellas, el arriendo de equipos e inmuebles, el pago de impuestos territoriales, “la contratación de todo tipo de servicios” y “gastos de viajes en Chile y en el extranjero”.
En materia de inversión, “excepcionalmente, podrá financiar gastos destinados a la adquisición de activos que resulten indispensables para el desarrollo de las actividades materia del presente convenio, tales como: muebles, equipos, programas computacionales y obras de mantención de sedes de la fundación”.
Respecto al personal prohíbe “expresamente destinar los fondos transferidos a la Fundación al pago de honorarios o de cualquier otro tipo de remuneración a personas que tengan la calidad de funcionarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, personal contratado a honorarios por éste, o que mantengan vínculo de subordinación y dependencia con dicha entidad”. Este ítem incluye los gastos en haberes y beneficios para los trabajadores, en capacitaciones y bonos de convenio colectivo.
Además, se fija que “las remuneraciones con cargo a este convenio, no podrán exceder a las del sector público”, no pudiendo exceder de 138 UF brutas mensuales, lo que equivale a $5.374.482 con el cambio de hoy. “Cualquier monto adicional deberá ser abordado por la fundación”.
El convenio también establece que si la fundación no ejecutara la totalidad de los fondos, o no los rindiera, deberá restituir el resto al cierre del año.
La fundación y la casa de Guardia Vieja. En el expediente de la investigación a la fallida compraventa, que maneja el fiscal Patricio Cooper, está la declaración del abogado José Cortés, del Serpat, quien estaba a cargo de la operación y en marzo de 2024 se reunió con Felipe Vio, representante de la familia Allende y yerno de la senadora, y el arquitecto Genaro Cuadros.
Vio y Cuadros entregaron al funcionario un proyecto escrito titulado “Guardia Vieja 392 Casa Museo Presidencial Salvador Allende Gossens” para la adquisición, habilitación y restauración de un museo. Allí se proponía que, una vez comprada por el Estado, pasara en comodato a manos de la Fundación Salvador Allende.
“Posterior a esta compraventa, se propone la creación de la Fundación Casa Museo Salvador Allende, quienes se harían cargo de la administración de la propiedad”, testificó Cortés.
El funcionario relató en su testimonio que “di mi opinión respecto de su proyecto, diciendo en primer lugar que se debía analizar el bien raíz, es decir, ver el tema del saneamiento y revisar la factibilidad de adquirir el inmueble, que era lo primero que debía analizarse. Por otra parte, le comenté el tema de la sostenibilidad, es decir, se debía revisar que esto fuera sostenible en el tiempo, por tal motivo todo lo presentado debíamos analizarlo por parte”.
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