ProCultura: Contraloría abre juicio de cuentas a gobernador Crisóstomo (PS), acusando “omisión negligente” en convenio de $268 millones

Contraloría inició un juicio de cuentas al gobernador Óscar Crisóstomo (PS) y otros cinco funcionarios del gobierno del Ñuble, luego de que el contralor regional concluyera que la autoridad incurrió en una “omisión negligente”, al no supervigilar las rendiciones de un proyecto de $268.100.000 de ProCultura. Crisóstomo dijo que el juicio está en trámite.

Por qué importa. La apertura de un juicio de cuentas al gobernador del Ñuble Óscar Crisóstomo (PS) abrió un flanco para la autoridad regional, que en las elecciones de octubre se transformó en uno de los cinco gobernadores reelectos en primera vuelta.

• Se trata de un nuevo frente del caso ProCultura, fundación creada en 2010 por el siquiatra Alberto Larraín (ex DC) —conocido por apoyar al entonces diputado Gabriel Boric, cuando creó una bancada de salud mental en 2018—, y que experimentó un incremento de más de 10 veces en sus ingresos de entidades públicas cuando asumió el actual gobierno (pasó de $316.849.723 en 2021, a $3.282.841.556 en 2022).
• El juicio de cuentas, informó Contraloría, se inició el 15 de noviembre de 2024, a partir del informe 708/2023 de ese organismo fiscalizador.
• Ese reporte hizo una serie de reparos a la asignación directa de $268.100.000 que el Gobierno Regional (Gore) hizo en 2022 a ProCultura para el programa “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”.
• El juicio de cuentas podría derivar en la obligación de restituir los fondos.
• Paralelamente, Crisóstomo fue declarado sujeto de interés en la investigación penal que dirige actualmente el fiscal Regional de Coquimbo Patricio Cooper. En octubre fue citado a declarar como imputado, e hizo uso de su derecho a guardar silencio.
• De acuerdo con esta indagación, el gobernador pidió a la división de fomento e industrias contactar directamente a la empresa Esquerré para realizar el proyecto. Oficialmente, sin embargo, el ejecutor del proyecto sería ProCultura. A esto se sumaron sobreprecios; $54 millones objetados y $20 millones no ejecutados, entre otras irregularidades.

Qué respondió Crisóstomo. “Efectivamente, la Contraloría inició un juicio de cuentas, proceso administrativo que se dirige a funcionarios públicos individualizados y que se enmarca en la investigación en torno al Convenio entre el Gobierno Regional de Ñuble y la Fundación Procultura”, respondió el gobernador por escrito.

• “En este proceso, que actualmente se encuentra en la etapa de descargos, se entregarán los argumentos y antecedentes que permitan precisar la información, respecto a la correcta realización del Encuentro Binacional, razón que originó este convenio, que finalizó hace más de un año y que, como es de público conocimiento, se desarrolló logrando todos los objetivos propuestos”.

Por qué se abrió el juicio. El entonces contralor regional del Ñuble Mario Quezada —que en marzo asumió en Los Lagos— elaboró el reparo al tribunal de cuentas, que dio origen al proceso.

• En éste planteó que “Óscar Crisóstomo Llanos, Gobernador Regional del Ñuble, a la época de los hechos, en su calidad de jefe superior del servicio, le correspondía el deber de velar por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos puestos bajo su cuidado”.
• “Sin embargo, dicha obligación no fue ejercida, constatándose una omisión negligente por parte del cuentadante (a quien se puede exigir la rendición de cuentas), en lo que se refiere a la obligación de supervigilancia que debe tener en virtud de su cargo, que se traduce en la falta de control jerárquico sobre las divisiones que revisaron y aprobaron las rendiciones”.
• En el escrito mencionó también a los funcionarios Rubén Sandoval, Osvaldo Alcayaga, Felipe Segovia, Claudio Martínez y Sebastián Medina por reparos que bordean los $60 millones.

Querellante. La consejera regional Lorena Jardua (UDI), quien presentó —a través del abogado Juan Pablo González— una querella contra Crisóstomo que incluyó al ex subsecretario de Desarrollo Regional Miguel Crispi (FA), planteó que “acá hubo allanamientos al Gobierno Regional y al mismísimo gobernador, a quien le fuera incautado su teléfono personal; (hubo) pago de sobreprecios por un servicio asignado a un intermediario y manejos políticos de dudosa transparencia”.