La tendencia global es clara: las oposiciones están ganando elecciones. En Chile, esto se ha repetido en las últimas cuatro elecciones, por lo que no es una novedad. Sin embargo, en el resto del mundo, este fenómeno se ha consolidado como una respuesta a los desafíos heredados de la pandemia, entre ellos el alto costo de la vida, el aumento de la inseguridad y las crisis migratorias.
Este año, Chile tendrá la oportunidad de decidir si sigue ese camino o si rompe la tendencia. Las encuestas sugieren que existe una alta probabilidad de que la ciudadanía opte nuevamente por una alternativa distinta al oficialismo. No es un dato menor que las tres opciones mejor posicionadas en los sondeos pertenezcan a la derecha.
Pero, ¿se trata solo de un fenómeno global que afecta a los gobiernos en ejercicio? ¿O han sido las propias izquierdas las que han cimentado la idea de que no tienen opción en noviembre? Para responder, analicemos tres aspectos fundamentales: el desempeño del Gobierno, la fragmentación del oficialismo y la debilidad de sus liderazgos.
Uno de los principales problemas del actual Gobierno ha sido su desconexión con las prioridades ciudadanas. Si bien comenzó con una fuerte pulsión reformista, en parte impulsada por la crisis social de octubre de 2019, la realidad del país cambió rápidamente. La demanda por seguridad y orden se transformó en una de las principales preocupaciones de la población, pero el Ejecutivo tardó en reconocerlo y reaccionar.
Este desfase se tradujo en episodios que marcaron negativamente la gestión, como los disparos al aire en la visita de la exministra del Interior a la Macrozona sur, Izkia Siches, en marzo de 2022. Hechos como este evidenciaron que el diagnóstico del Gobierno sobre el estado de la seguridad pública era equivocado y que la estrategia debía cambiar. Pero la corrección no fue inmediata, y la demora en asumir esta realidad le pasó la cuenta, pareciendo una administración desconectada con la sociedad que gobierna.
Otro punto de conflicto ha sido su relación con el sector privado. Desde el inicio, el oficialismo mostró una postura de desconfianza hacia el mundo empresarial, lo que generó roces con distintos sectores económicos. Si bien con el tiempo el discurso ha moderado su tono, aún no se percibe un convencimiento real sobre la necesidad de la inversión privada para garantizar el crecimiento económico del país. La incertidumbre alimentó aún más las crisis desde el sector privado, cuando se han encontrado una y otra vez con murallas que no lograban traspasar. Con todo, esa retórica no dialogó con las conversación en privado que sostuvieron algunos ministros con empresarios sin ser transparentadas como lobby. Da para pensar.
En términos discursivos y de gestión, el Gobierno tampoco ha logrado ofrecer certezas. El Caso Fundaciones, por ejemplo, ha sido un golpe a la credibilidad de una administración que se presentó como una alternativa con estándares éticos superiores a los de sus antecesores, tal como dijo el exministro Giorgio Jackson. La crisis derivada de este escándalo no solo dañó la imagen del oficialismo, sino que también afectó la confianza de la ciudadanía en la política en general. Para qué hablar del manejo ofrecido en el Caso Monsalve, que golpeó la narrativa del autodenominado Gobierno Feminista.
Estos factores —la tardanza en abordar las preocupaciones ciudadanas, la falta de claridad en su relación con el sector privado y los episodios de abusos— han erosionado la confianza en el Gobierno y han dificultado la tarea de construir un relato que entusiasme a la población con la idea de continuidad.
La fragmentación dentro del oficialismo ha sido otro obstáculo. Desde el inicio de esta administración se habló de las “dos almas” del Gobierno: una más moderada, representada por el Socialismo Democrático, y otra más radical, vinculada al Frente Amplio y el Partido Comunista. Esta división, que en sus primeros meses de gestión ya generaba tensiones, se ha hecho aún más evidente en el contexto electoral. En momentos donde se requiere unidad para enfrentar a una derecha fortalecida, el oficialismo se muestra dividido y sin una estrategia común.
Las primarias, que en teoría deberían servir para ordenar a los electores y proyectar cohesión, y mover a la ciudadanía han sido una muestra de la falta de liderazgo. El Partido Socialista, uno de los pilares del Gobierno, enfrenta un escenario de indefiniciones, mientras que, el Frente Amplio, el partido del Presidente, no ha logrado posicionar un candidato competitivo, aplazando la decisión. Complejo.
Por otro lado, partidos más pequeños dentro del oficialismo, como el Frente Regionalista Verde Social o el Partido Liberal, han optado por presentar candidaturas propias, aumentando la fragmentación. Lo mismo ocurre con la Democracia Cristiana, que busca participar en dos primarias distintas, poniendo en riesgo su ya debilitada presencia política.
Esta falta de coordinación y visión común ha generado una imagen de desorden que solo refuerza la percepción de que el oficialismo no está preparado para continuar en el poder.
El último factor que explica la difícil situación de las izquierdas es la falta de liderazgos capaces de entusiasmar a una mayoría del electorado.
Los nombres que hoy se perfilan dentro del oficialismo parecen disputar el mismo 30% de respaldo con el que cuenta el presidente Boric, sin mostrar intención de ampliar su base de apoyo. En lugar de buscar convocar a sectores más amplios de la sociedad, estos liderazgos parecen conformarse con asegurar su nicho, lo que les puede servir para llegar a una segunda vuelta, pero no para ganar la elección.
En política, nada está escrito. Así lo demostró Gabriel Boric en 2021, cuando logró imponerse en una elección que parecía cuesta arriba para la izquierda. Sin embargo, hoy el oficialismo parece haber renunciado a la posibilidad de generar entusiasmo y de convocar nuevas mayorías. Gobernar no solo implica administrar el país, sino también ofrecer certezas mínimas sobre estabilidad y gobernabilidad.
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