La arremetida de la Fiscalía contra el modus operandi de los hermanos Sauer en Factop para defraudar clientes

En una masiva audiencia, que obligó a trasladar a intervinientes a otras salas, la Fiscalía Oriente comenzó la formalización de los 20 imputados por los casos Audios y Factop, hoy unificados. La fiscal Parra detalló el mecanismo que los Sauer y Rodrigo Topelberg habrían utilizado para defraudar a 26 clientes a través de facturas falsas.

Qué sucedió. Este lunes se inició la formalización de los casos Audios y Factop, unificados en una sola causa. La audiencia contempla la presentación de cargos a 20 imputados. Entre ellos se encuentran Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Daniel y Ariel Sauer y su padre Alberto, Rodrigo Topelberg, los hermanos Jalaff, y ocho ejecutivos de LarrainVial.

• El inicio de la audiencia, que se desarrolló en el Cuarto Juzgado de Garantía, fue caótico dada la alta cantidad de intervinientes, lo que obligó a trasladar a imputados a otras salas del Centro de Justicia. Fue el caso de Hermosilla, quien debió instalarse en otro espacio.
• La Fiscalía Metropolitana Oriente imputó los delitos de soborno, lavado de activos, estafa, infracción al Código Tributario, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso.
• Al inicio de su exposición, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, realizó un detallado relato del esquema que habrían utilizado los hermanos Sauer para defraudar a sus clientes a través de las sociedades que controlaban.

El relato de la Fiscalía. La fiscal Parra aseguró que los hermanos Sauer —a quienes se les imputan los delitos de captación ilegal de fondos, estafa, lavado de activos y soborno—, junto con Rodrigo Topelberg —apuntado por estafa—, “crearon un grupo de empresas o holding al cual le dieron el nombre de fantasía de Sum Capital”, que incluía a Factop SpA, STF Capital Corredores de Bolsa SpA y Factop Corredores de Bolsa de Productos S.A..

• Según la persecutora, las tres empresas, que se desempeñan en el área financiera, realizaban actividades “mayormente lícitas”.
• “Estos imputados, en el transcurso del tiempo, comenzaron a perpetrar diversas actividades ilícitas con el fin de defraudar a sus clientes, personas naturales y jurídicas, mediante esas sociedades, además de otras constituidas para esos fines, como Inversiones Guayasamin Spa, u otras que desarrollaban previamente actividades lícitas. Dentro de ellas, principalmente se encuentran Comercial y Textil Ziko Limitada e Inversiones DAS Limitada, afectando de paso el normal funcionamiento del mercado, contando para ello con el concierto de terceras personas”, afirmó la fiscal regional.
• Al detallar el hecho 1, la invasión al giro bancario —que también involucra al patriarca de los Sauer—, Lorena Parra relató 26 casos de clientes de las tres sociedades de los hermanos Sauer que sufrieron un perjuicio económico al solicitar préstamos.
• Parra señaló que la captación de fondos la realizaban directamente los imputados o a través de referidos y personas conocidas. Una figura clave era Alberto Sauer, “quien convenció a un gran número de personas de su círculo de amistades y cercanos para entregar grandes sumas de dinero a Factop SpA.”.
• Según Fiscalía, los controladores promocionaban a Factop “como una empresa solvente, con un elevado volumen de negocios y operaciones de factoring, a las cuales irían destinados los fondos captados del público, ofreciendo incrementar la rentabilidad de las respectivas inversiones”.

“Vínculos de cercanía y amistad”. Uno de los casos narrados por la fiscal Parra ocurrió entre 2020 y 2023, cuando gracias a “vínculos de cercanía y amistad con los imputados, y por recomendación de terceras personas”, un hombre se reunió con Daniel Sauer, “quien le ofreció un negocio consistente en la inversión de dineros a cambio de un interés mensual del 2%”.

• La presunta víctima —que entregó $200 millones a los Sauer— accedió a invertir en Factop “mediante la colocación de dineros a 30 días plazo, vencido el cual podía decidir entre retirar la inversión con el interés comprometido solicitar el pago del interés, manteniendo el capital invertido por un nuevo plazo, o capitalizar el interés obtenido, invirtiéndolo por un nuevo plazo junto al capital inicial”.
• La operación quedó registrada en un contrato de cuenta corriente mercantil, “con el cual los imputados aparentaban la seriedad del negocio propuesto”.
• En 2023, el afectado pidió a Factop SpA. la devolución de los montos invertidos, cuestión que nunca se habría concretado. Según la Fiscalía, los imputados le habrían entregado cheques de garantía que “al momento de cobrarlos fueron protestados por orden de no pago por incumplimiento de contrato”.
• Así, el Ministerio Público ha concluido que los fondos captados nunca se destinaron a factoring sino a otros fines. “En lugar de realizar verdaderas operaciones de factoring con su empresa Factop, las simularon mediante la emisión de facturas falsas desde sociedades de las cuales eran socios”, dijo Parra.

Las deudas de los Jalaff. Respecto a los excontroladores del Grupo Patio, Álvaro y Antonio Jalaff -imputados por estafa, lavado de activos y declaraciones de renta maliciosamente falsas-, el Ministerio Público planteó que ambos hermanos recibieron financiamiento de Factop Spa, a través de préstamos o mediante sus empresas propias.

• Esos traspasos de fondos fueron disimulados como operaciones de factoring mediante la emisión de cheque y posteriormente con la emisión y recepción de facturas falsas.
• Parra sostuvo que la deuda que generaron esos préstamos, respecto de Antonio Jalaff, que no podía pagarse debido a su falta de liquidez y su “alto nivel de endeudamiento con otras entidades no bancarias”, llevó a que los imputados “buscaran soluciones”.
• A juicio de la Fiscalía, los Jalaff lograron obtener “una solución de tipo financiero respecto de dicha insolvencia mediante la estructuración de un Fondo de Inversión Público” de LarrainVial, a través de Manuel Bulnes.
• El relato de Parra planteó, finalmente, que ante la posibilidad de que los delitos fuesen investigados, Daniel Sauer y Álvaro Jalaff recurrieron a los abogados Hermosilla y Villalobos, quienes habrían sobornado al funcionario del SII, Patricio Mejías, a cambio de información de la situación tributaria de sus representados.

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