En el gobierno del presidente Gabriel Boric, la narrativa oficial parece cristalizarse en una visión profundamente crítica hacia el sector privado, tratándolo más como un adversario que como un socio en el desarrollo del país. Es claro que esto fue eficiente en época electoral en 2021, pero ya sabemos que ser candidato y ejercer el poder es distinto, parafraseándolo, se trata de habitar el cargo. El mandatario ha buscado en algunas oportunidades de reconciliarse, pero algo lo lleva a ver a ese grupo como un adversario.
Los ejemplos del proyecto Dominga y la abierta desconfianza hacia las AFP no solo reflejan esta postura, sino que plantean interrogantes preocupantes sobre el respeto al Estado de Derecho, la certeza jurídica y la capacidad de generar consensos democráticos en temas estructurales. Se trata de gobernar y dejar la retórica de campaña cuando escasea el buen ambiente, la inversión, y algo que dejar en su gestión que denominan, el legado. Boric, aunque la critique, con estos comportamientos se asimila a experiencias comparadas como la de Petro, Milei y otros que buscan polarizar el debate.
Durante la actual administración se articulan discursos que, más allá de sus intenciones, han fomentado una lógica divisiva y un debilitamiento de los pilares fundamentales para la convivencia democrática: el respeto a la pluralidad y la búsqueda de consensos. ¿Es esta la dirección que necesita Chile, un país que busca estabilidad tras una intensa convulsión social?
El rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga, respaldado por declaraciones del propio presidente Boric el día que asumió en el mismísimo balcón de La Moneda, ejemplifica cómo decisiones que debieran ser estrictamente técnicas pueden quedar sometidas a intereses ideológicos o políticos. A pesar de los fallos judiciales favorables al proyecto, el gobierno ha insistido en su oposición, apelando a la protección del medio ambiente.
Sin embargo, más allá de las legítimas preocupaciones ambientales, surge la pregunta de si esta postura refleja un desprecio por toda regla y la certeza jurídica que son esenciales para atraer inversión y fomentar el desarrollo sostenible. El reciente fallo del Tribunal Ambiental, que anuló la decisión del Comité de Ministros por violar el principio de imparcialidad, pone de manifiesto el impacto de la interferencia política en procesos que deben regirse por criterios técnicos y legales. Esta dinámica afecta la confianza, genera una señal de alarma sobre la forma en que se están tomando decisiones en el país.
El Gobierno debe tomar una pausa y no continuar trabajando para aumentar la erosión de las bases institucionales, aumentando las desconfianzas. Durante los últimos días, parece que las consultas a Contraloría más están relacionados con aplazar decisiones, ya que no tienen la convicción genuina de aprobar un proyecto que cuenta con el respaldo técnico y jurídico.
En el caso de las AFP, el discurso presidencial no solo ha sido crítico, sino que ha buscado instalarlas como un adversario ciudadano. Este posicionamiento, que puede ser efectivo desde una perspectiva política o comunicacional, ha resultado divisivo en un debate donde el consenso es fundamental.
El presidente con este comportamiento sale de la discusión técnica, porque no considera otras variables cuando se trata de hablar del problema previsional. Ignora entonces los problemas más profundos y desvía los esfuerzos en construir acuerdos. El presidente se vuelve una fuente de contraargumentos que dificultarán el diálogo, haciendo pensar que su intención es botar el proyecto. Es legítimo si no es ya de su agrado los términos en los cuales se conversa, pero sería sano sincerarlo.
La insistencia en confrontar al sector privado y reducir su papel a un antagonista ignora una lección fundamental de la gobernanza democrática: las soluciones sostenibles surgen de la cooperación entre actores diversos, no de la exclusión. Al rechazar la participación activa y equitativa de todas las partes en la mesa de diálogo, el gobierno de Boric arriesga no solo la estabilidad económica, sino también la cohesión social de un país que ya ha experimentado profundas divisiones.
Si el presidente Boric realmente desea construir una democracia sólida y representativa, tal como cuando lo hace criticando a regímenes como el venezolano, debe abandonar la lógica de la confrontación y optar por un liderazgo que reconozca la importancia de todos los actores, tanto públicos como privados.
Necesitamos liderazgos que, lejos de dividir, inspiren a construir juntos un futuro que combine desarrollo sostenible, justicia social y respeto por las normas, todo eso si cabe dentro de una caja de zapatos, aunque algunos deseen ignorarlo. Porque al final, una democracia que excluye voces no es verdadera democracia, sino una que intenta acallar voces disidentes, y sabemos quiénes actúan así. Entonces queda preguntar ¿hasta cuando presidente? Parafraseando a otro presidente, deje que las instituciones trabajen, respetando el Estado de Derecho y buscando diálogos constructivos. Conviértase en un constructor de puentes y no alguien quien los dinamite.
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