ProCultura: PDI incauta celular a Alberto Larraín y nuevo fiscal enfrenta las críticas por su inactividad en el caso

Las diligencias realizadas este miércoles por la PDI en el Caso ProCultura —a una semana de las críticas a la ralentización de la investigación encabezada por el fiscal Patricio Cooper—, incluyeron el domicilio de Alberto Larraín, el siquiatra ex DC y con llegada al Frente Amplio (FA) que cofundó la entidad indagada en el marco del Caso Convenios. Las incautaciones apuntan a los dineros entregados a la fundación por los Gore de Santiago y el Biobío. La fiscalía de Cooper emitió una declaración describiendo las decisiones que dice haber tomado.

Qué observar. Uno de los domicilios donde llegaron este miércoles por la mañana los efectivos de la Brigada Anticorrupción (Briac) de la Policía de Investigaciones (PDI) con una orden de entrada y registro fue el de Alberto Larraín, el siquiatra ex DC y con llegada al Frente Amplio (FA), que en 2010 cofundó ProCultura, la fundación indagada desde el año pasado en el Caso Convenios.

• Conocedores de las diligencias dijeron que se incautaron su celular y computador y que se le ofreció declarar, a lo que declinó argumentando que no tenía abogado.
• Paralelamente, dijeron estas fuentes, se incautaron los equipos electrónicos de la representante legal Constanza Gómez y de Ilonka Csillag, también cofundadora de la entidad.
• A esto se sumaron incautaciones de celulares y computadores de exfuncionarios de ProCultura —que anunció su cierre de operaciones en noviembre— del área de finanzas y vinculados a convenios suscritos con los Gobiernos Regionales (Gore) Metropolitano y del Biobío.
• El primero se remonta al 8 de junio de 2022, cuando el Consejo Regional aprobó la propuesta del gobernador Claudio Orrego (ex DC) de nombrar a Larraín director de la Corporación de Desarrollo presidida por el mismo Orrego. Veintiún días después se autorizó la entrega de $1.683.788.000 a esa fundación para el programa para evitar suicidios Quédate, en que ProCultura debería coordinar a otras organizaciones.
• Consultado por este medio, del Gore Metropolitano respondieron que ellos no fueron allanados y que este año se querellaron contra ProCultura.
• La indagación a ProCultura alcanzaba, a junio de este año, convenios suscritos en las regiones de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Biobío, Ñuble, Magallanes y Metropolitana.

El detalle de la Fiscalía. Una declaración pública de la Fiscalía Regional de Coquimbo a cargo de Patricio Cooper, cuestionado en los días previos por su inactividad tras ser designado en el cargo, especificó que hubo diligencias en domicilios de 9 comunas de la Región Metropoliana, además de Concepción, “correspondientes a directores, representante legal, jefes de unidades, contadores y personal operativo de la Fundación ProCultura”.

• “Se incautaron especies como CPUs, notebooks, laptop, discos duros externos, tablet, teléfonos celulares, pendrives, chip telefónicos y documentación de interés para el desarrollo de la causa”, añade.
• Además, se indica, recopilaron evidencias importantes para la investigación, entre ellos las bases de datos de correo electrónico, nubes informáticas con antecedentes de la fundación.
• En total se efectuaron ingresos a 14 domicilios.

Defensa de Cooper. Las diligencias de esta semana se realizaron luego de que el miércoles 2 se cuestionara la ralentización e incluso virtual paralización de la investigación asumida el 26 de junio por el fiscal Cooper, a quien el fiscal nacional Ángel Valencia asignó la causa en reemplazo del Fiscal Regional de Aysén Carlos Palma.

• El fiscal Palma venía avanzando a pasos largos en la investigación hasta que el fiscal Valencia lo alejó del cargo por diálogos con el abogado Luis Hermosilla. La decisión de Valencia no ha estado exenta de polémica.
• Palma no pudo allanar la gobernación de Santiago porque se lo negó el 7° Juzgado de Garantía en junio pasado, tres semanas antes de que fuera removido de la causa por Valencia.
• La medida judicial llamó la atención, dado que Palma hizo allanamientos en las gobernaciones de Magallanes, BioBío, Ñuble y Valparaíso, además de dependencias de organismos como el Serviu y el Minvu en varias regiones, con incautaciones de computadores, celulares y documentos.
• Cercanos al exfiscal atribuyen el rechazo al allanamiento de la gobernación de Santiago a una filtración de diligencias, la que habría dado tiempo para iniciativas de afectados para que fuera impedida. El factor sorpresa, según las mismas fuentes, es clave para el éxito de acciones como allanamientos e incautaciones.
• Tras críticas a Cooper por la falta de celeridad en el caso —en el cual están investigados varios gobernadores que irán a la reelección en los comicios de fines de octubre—, la fiscalía posteó una declaración en X (ex-Twitter).
• En el texto se sostuvo que se habían encargado 29 diligencias a la Briac, 15 solicitudes a distintos tribunales del país, 14 requerimientos de información a entidades privadas y la toma de múltiples declaraciones. No mencionó ninguna iniciativa específica.
• Este jueves, tras las diligencias realizadas, Cooper volvió a enfrentar las críticas por inactividad y describió las decisiones que según él ha tomado desde la designación de la causa,
  en junio de 2024
• “Luego del análisis y sistematización de la información en evidencia digital y documental en agosto del 2024, la Fiscalía continuó el desarrollo de las diligencias de investigación durante la presente semana fueron coordinadas con el equipo especial de la PDI desde el mes de septiembre 2024 y posteriormente autorizadas por los Juzgados de Garantía respectivos”, añade la declaración de la Fiscalía Regional de Coquimbo.

El caso de Magallanes. Las críticas a Cooper surgieron tras la filtración de la indagación de eventuales devoluciones de dinero a la fundación por parte de Irina Karamanos, expareja del Presidente Gabriel Boric en un proyecto impulsado por ProCultura en Magallanes.

• La información, publicada por El Mostrador, mencionó un informe de la PDI que daba cuenta de cinco depósitos de Karamanos a ProCultura, por un total de $4.467.500.
• Karamanos, quien trabajó para un proyecto de ProCultura antes de que Boric llegara a La Moneda, informó que entregó sus cartolas a la fiscalía, rechazó la versión de que hubiera devuelto dinero y que se tratara de platas políticas, siendo respaldada por La Moneda.
• Por otra parte, este miércoles se conoció que renunció a la defensa de Pro Cultura y de Alberto Larraín el estudio Barruel y Borzutzky. Los abogados justificaron su renuncia “debido a diferentes visiones con los clientes sobre la estrategia legal a seguir en la causa”.
• Cuando se publicó la noticia sobre Karamanos, el estudio aseguró que la ex primera dama había hecho abonos por concepto de devolución de dineros a ProCultura, lo que ella había descartado. Después dieron que no hubo abonos, tras una revisión contable.

ProCultura y sus nexos con el oficialismo. Un oficio de mayo de la fiscalía de Aysén enviado al tribunal advirtió que la fundación creada en 2010 aumentó 10 veces sus ingresos de reparticiones públicas en 2022, cuando el Presidente Boric asumió el cargo, pasando de $316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022.

• ProCultura fue una de las primeras fundaciones indagadas en el Caso Convenios.
• Los informes de junio de la PDI a la fiscalía de Aysén incluyeron diálogos entre Alberto Larraín y el gobernador de Magallanes, Jorge Flitz, cuyo celular fue incautado y periciado. En las conversaciones, Larraín lo instaba a acelerar proyectos de su fundación en la zona citando supuestas conversaciones con el Presidente Boric y otras autoridades.
• No está claro si Larraín habló con el Presidente o sólo se estaba jactando de conversaciones que no existieron y eran una forma de mostrar poder para presionar por sus proyectos. Tampoco está claro si alguna vez el gobernador indagó con el presidente o sus asesores si las numerosas alusiones a Boric por parte de Larraín eran ciertas o no.
• Larraín dijo en 2023 a La Segunda que conoció al Presidente cuando éste era diputado “en el contexto de mi trabajo en salud mental en Magallanes”.
• En 2018, cuando el entonces diputado Boric hizo público que sufría de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) “se armó una bancada transversal en el Congreso y me pidió realizar la coordinación técnica”, añadió Larraín a La Segunda.

Lea también:

PDI incauta computadores y teléfonos en el Caso ProCultura tras críticas a la inactividad del nuevo fiscal