Tramitación ambiental de proyecto energético rechazado por el SEA tuvo un costo de US$ 6 millones para la empresa

Hace casi un mes, la abogada Valentina Durán, quien encabeza el Servicio de Evaluación Ambiental, resolvió rechazar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue- S/E Hualqui” de la empresa Mataquito Transmisora de Energía. La iniciativa contempla una inversión de US$ 324 millones y estuvo bajo tramitación ambiental durante casi cuatro años. Según conocedores del tema, el proceso de evaluación ambiental costó al menos unos US$ 6 millones. En el sector privado llama la atención lo costosos que pueden ser estos procesos para las empresas y que refleja -entre otras cosas- los efectos de la permisología.

Qué observar. El lunes 29 de abril se dio a conocer la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto llamado “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue- S/E Hualqui” de la empresa Mataquito Transmisora de Energía. La iniciativa contempla una inversión de US$ 324 millones y es el segundo proyecto más relevante de transmisión eléctrica bajo tramitación ambiental.

• Dado que es una iniciativa de carácter interregional, la decisión quedó a cargo de la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el cual es encabezado por Valentina Durán. La abogada resolvió rechazar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.
• La decisión se dio en línea al Informe Consolidado de Evaluación (ICE), el cual recomendaba rechazar el EIA de la iniciativa. 10 días antes de la decisión del SEA, el jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del SEA, Juan Cristóbal Moscoso, había emitido el ICE.

Costos del proceso ambiental. Según conocedores del tema, el proceso de evaluación ambiental costó al menos unos US$ 6 millones. Esto incluiría el diseño de ingeniería del proyecto, consultorías para la Evaluación de Impacto Ambiental y adendas. La adenda es el documento preparado por el titular de un proyecto que responde a las consultas del Informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones al EIA, como asimismo, al proceso de Participación Ciudadana.

• Este costo aproximado no incluye posibles asesorías jurídicas ni el desarrollo de algún tipo de construcción en los terrenos del proyecto.
• La empresa titular del proyecto fue consultada por el monto y optó por no hacer comentarios.
• En el sector privado llama la atención lo costosos que pueden ser los procesos de evaluación ambiental para las empresas y que refleja -entre otras cosas- las consecuencias de los largos tiempos de tramitación.
• El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto fue ingresado en agosto de 2020. Es decir, su tramitación comenzó hace casi cuatro años. Además, se realizaron tres consultas ciudadanas durante su evaluación.

“Exhaustivo proceso de estudio”. Un día después de ser rechazado el proyecto, la empresa titular realizó una declaración pública en respuesta al RCA desfavorable.

• Afirman que han trabajado diligentemente en el desarrollo del proyecto desde su adjudicación “y con especial ahínco técnico en lo que concierne a la tramitación ambiental”.
• “Desde su ingreso en el Sistema de Evaluación Ambiental, en agosto de 2020 –en plena pandemia-, ha contado con un exhaustivo proceso de estudio, incluyendo tres procesos de participación ciudadana, tres instancias de aclaraciones y aporte de información adicional requerida por el SEA, e innumerables campañas ambientales en terreno que garantizan una adecuada evaluación del impacto ambiental del proyecto”, sostienen.
• Adicionalmente, la empresa asegura que estableció numerosas medidas de compensación ambiental voluntarias, que abordan tanto la fase constructiva como la posterior operación del proyecto, así como un plan de relacionamiento comunitario fijando un canal de comunicación permanente con las comunidades vecinas.
• La compañía sostiene que durante la tramitación ambiental, trabajó colaborativamente con los organismos públicos con competencia ambiental que presentaron observaciones al proyecto. “Y sobre todo aquellos que pusieron reparos por la ubicación puntual de parte de la infraestructura, los que fuimos subsanando durante las etapas del proceso”.
• Sin embargo, “la dirección ejecutiva del SEA ha determinado una Resolución de Calificación Ambiental desfavorable”.
• Finalizan la declaración señalando que “por estas razones, hemos tomado la decisión de presentar un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, esperando que dicho órgano rectifique y permita posibilitar un proyecto estratégico para el sistema eléctrico chileno”.

Observaciones en dos torres. En la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable al igual que en el ICE, el SEA argumenta que “el proyecto no cumple parcialmente con la normativa de carácter ambiental vigente contenida en el numeral 11 del presente informe”.

• Además, basan su decisión en que el titular “no aportó la información suficiente que permitiera acreditar que las medidas de mitigación, reparación y/o compensación propuestas se hagan cargo adecuadamente de los impactos significativos del proyecto sobre los componentes flora y vegetación”.
• Así como también “no aportó la información suficiente que permitiera descartar la generación de riesgo para la salud de la población, efectos adversos significativos sobre recursos naturales renovables y alteración del patrimonio cultural”.
• También se tomó en cuenta el análisis de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), quienes sostienen que “no es posible descartar la intervención y alteración de hábitat para los bosques nativos de preservación y para las especies declaradas como monumento natural”.
• Aquellas observaciones se identificaron en dos de las 1.387 torres que se construirán en el trazado.

Relevancia del proyecto. La empresa Mataquito Transmisora de Energía es parte del grupo Celeo Redes Chile, de origen español. El proyecto forma parte del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Zonal del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) decretado por el Ministerio de Energía.

• La iniciativa tiene una extensión de 407 km, desplegándose por 20 comunas a través de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. Este sistema eléctrico contempla, además, la construcción de cinco subestaciones y la conexión a cinco subestaciones existentes.
• Luego de la línea Kimal-Lo Aguirre, este es el proyecto de transmisión eléctrica en evaluación ambiental de mayor importancia.
• El Ministerio de Energía anticipa que la obra tiene la potencialidad de habilitar la instalación de, aproximadamente, 1,5 GW de capacidad instalada de generación eléctrica y 1.190 MWh de nueva capacidad de sistemas de almacenamiento de energía, lo que correspondería a una eventual inversión de más de US$2.500 millones, pudiendo generar alrededor de 2.850 nuevos empleos.
• Agregan que estos proyectos son indispensables para el cumplimiento de las metas establecidas en la actualización de la Política Energética 2050.