La condonación del CAE enreda a Marcel

Aprovechando la discusión de las partidas de Educación del Presupuesto 2024, los diputados del Frente Amplio levantaron un compromiso del gobierno para enviar un proyecto que ponga fin al CAE antes de 2025. El ministro Marcel dijo el domingo en el programa Tolerancia Cero que aquello no será financiado con fondos del Pacto Fiscal, mientras otros secretarios de Estado aún no logran especificar los montos, fechas o número de beneficiarios que tendría la iniciativa, en medio de acusaciones de intervencionismo electoral por parte de la oposición con miras al plebiscito del 17 de diciembre.

Qué observar. La condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) volvió a revivir a 13 días del plebiscito de salida de la propuesta de nueva constitución y con una ofensiva de la oposición acusando una intervención de carácter político electoral de la administración Boric.

• Los diputados del Frente Amplio levantaron durante la tramitación de la ley de Presupuesto 2024 que el gobierno se comprometa a enviar un proyecto antes de 2025 para solucionar una de las promesas de la campaña con que el Presidente llegó a La Moneda.
• En su cuenta pública de junio de 2023, Boric había asegurado que “terminar con el Crédito con Aval del Estado y establecer un nuevo sistema de financiamiento es imperativo para quienes no tienen gratuidad y aliviar la carga de deudas educativas que parecen eternas, son compromisos que vamos a abordar con convicción y diálogo”.
• La referencia a la condonación del CAE está en el punto 31 de los compromisos que el Ejecutivo adquirió en el Congreso para sacar la Ley de Presupuestos 2024 y en la que se comprometió a “ingresar, antes de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2025, un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior. La propuesta incorporará medidas administrativas y legislativas para la reorganización de los instrumentos actualmente existentes”.

La intervención de Cataldo. La semana pasada fue el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana (Comunes), quien en entrevista con radio Pauta puso el tema en la agenda al sostener que “vamos a presentar un proyecto que va a terminar con el CAE”. “Va a traer también un plan de condonación al CAE como fue el compromiso”, añadió.

• El ministro Nicolás Cataldo (PC) aseguró entonces que el anuncio del subsecretario Orellana “no tiene fines electorales” y que “se está trabajando en una fórmula para concretarlo”.
• “El diseño técnico está en construcción, está en discusión con el Ministerio de Hacienda. Hoy anticipar costos, anticipar mecanismos específicos, el detalle, creo que sería anticipar una discusión que aún está en desarrollo interno dentro del gobierno”, añadió Cataldo, al igual que otros secretarios de Estado que han sido consultados por los detalles del proyecto.
• La iniciativa, de todas formas, ha enredado al ministro de Hacienda, Mario Marcel.
• Técnicamente los montos que involucran una solución al CAE significan casi 4% puntos del PIB lo que sobrepasa cualquiera de las iniciativas prioritarias del Gobierno.

Las precisiones de Hacienda. La noche del domingo, en Tolerancia Cero, Marcel dijo que la iniciativa no estaba contemplada en el llamado Pacto Fiscal, y que la condonación del CAE implica “una cifra sustantiva y si se va a estar proponiendo un nuevo sistema de financiamiento universitario, habrá que hacerse cargo de resolver los problemas que quedaron del sistema antiguo”.

• “La ayuda tendrá que ser a la escala de las posibilidades financieras del país y si hay que hacer un esfuerzo adicional, tiene que ser autocontenido, es decir, con recursos que se generen para ese propósito en particular”, añadió.
• El secretario de Estado sostuvo que tienen “varios meses para trabajar, el compromiso es hacerlo antes de la presentación de la Ley de Presupuestos 2025″.
• En junio, a propósito de la cuenta pública en que el Presidente se comprometió a poner fin al CAE, Marcel salió a aclarar que los recursos no saldrían de la reforma tributaria -enredada para entonces en el Congreso- y que tendría fondos propios.
• Para entonces, Marcel tenía claro que para llegar con una propuesta al Senado que le permita su tramitación tendrá que ceder en muchos aspectos y que el debate sobre el CAE genera un ruido que puede dificultar el acuerdo al que pretende llegar.
• Para algunos, las dificultades que entonces tenía el ministro de Hacienda se replican ahora para negociar el llamado Pacto Fiscal, cuya negociación ha avanzado con dificultades en medio de un proceso eleccionario.
• De la intervención de Marcel no quedó clara la fecha, el monto y la fuente de financiamiento para poner fin al CAE.

El flanco oficialista. En el oficialismo no todos están de acuerdo con haber levantado el tema. El presidente de la Juventud Socialista, Allan Álvarez, sostuvo este fin de semana en El Mercurio que “hay que ajustar expectativas. Condonar implica que las deudas que hoy existen en personas naturales dejen de existir, pero eso no es entrar a un Excel y que alguien borre una casilla. Alguien tiene que pagar, y ese es el Estado. Y creo que no están actualmente los recursos para hacerlo y, además, proponer a la ciudadanía un pacto fiscal con este fin, dudo que vaya a flotar”.

• Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) advirtió que el gobierno ha señalado que el tema del CAE “se va a abordar en siete o diez meses más, a partir de haber ido despejando otros temas que tenemos”.
• Agregó que Marcel “fue muy claro en señalar que los recursos para el CAE no van a venir de un eventual pacto fiscal que se haga”.

A cuánto asciende la deuda. Un documento de Horizontal, el centro de estudios ligado a Evópoli, calcula que si la medida fuera universal -abarcando a las 1.112.378 personas que lo han solicitado el CAE- el costo fiscal de la iniciativa alcanzaría los US$11.270 millones, un equivalente a 3,7% del PIB.

• Si beneficiara a los que tienen una deuda que supera el valor inicial del crédito, calculada en 522.104 personas, el costo fiscal sería de US$5.160 millones, un 1,7% del PIB.
• Si se considera a quienes tienen deuda con saldo remanente antes de 2012, unas 343.025 personas, el monto llegaría a US$4.240 millones, 1,4% del PIB.
• Si se toma a quienes tienen una deuda con garantía ejecutada, 332.443 personas, alcanzaría a US$ 3.200 millones, es decir un 1,1% del PIB.
• Y por último quienes tienen deuda, pero desertaron de sus estudios, unos 176.289,  el costo sería de US$1.240 millones, un 0,4% del PIB.

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