Decisión irrevocable. Los militares no están dispuestos a correr la misma suerte de los carabineros; ser dados de baja acusados de violar los derechos humanos y perder sus carreras o ver las paredes de Chile llenas de improperios en su contra.
- Han tomado la decisión irrevocable de no participar bajo ninguna circunstancia en enfrentamientos con civiles que los expongan a ser acusados (en muchos casos falsamente) de violar los DDHH y enfrentar miles de denuncias ante los tribunales.
- Así se lo hicieron saber al exdelegado del gobierno para la Macrozona Sur, Cristian Bara, al negarse a cooperar con carabineros y la PDI en tareas de apoyo; específicamente a proteger a los agentes policiales en caso de atentados y tampoco a transportar en sus vehículos blindados a carabineros que cumplen labores de protección en predios amenazados por grupos mapuche.
- Junto a sus abogados, hicieron presente que ello no está dentro del ordenamiento constitucional vigente y que no pueden involucrarse en ninguna actividad que tenga que ver con reestablecer el orden público, tarea que corresponde solo a las policías y no a ellos. Frente al reclamo de la autoridad porque comparecen acompañados de sus abogados los militares respondieron socarronamente: “Obvio que tenemos que ir con abogados.
- Menos mal que lo hacemos así”. Incluso el jefe militar de la zona se reunió a solas con el Aucan Huilcamán quién declaro a la prensa que “los militares le habrían dicho desobedecerían las órdenes del presidente y no participarían en enfrentamientos”.
DDHH y denuncias falsas. En un país democrático la defensa de los derechos humanos es fundamental; la justicia, la sociedad civil y los poderes públicos deben ser implacables a la hora de denunciar y perseguir cualquier violación a los DDHH.
- Ello es particularmente cierto en nuestro caso pues sufrimos en carne propia violaciones sistemáticas a los DDHH a manos de los agentes del Estado, léase carabineros y Fuerzas Armadas. Por eso, con respaldo unánime de todos los partidos políticos, se creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
- Entre 1990 y octubre de 2019 las denuncias sobre violaciones a los DDHH manos de carabineros fueron pocas y radicadas básicamente en la Araucanía. Pero con el estallido social todo cambió. Desde luego porque vivimos una ola de violencia organizada, generalizada y simultánea en todo el territorio nunca antes vista y que aún sigue latente.
- Todos fuimos testigos de los saqueos, quemas, destrucción de propiedad pública y privada, de día y de noche, siete días a la semana durante más de seis meses de Arica a Magallanes. Carabineros se vio totalmente superado pues no estaba preparado para enfrentar un evento de esa magnitud, con características asimilables a una “insurrección”, e hizo, en muchos casos, uso abusivo de la fuerza violando gravemente los DDHH de manifestantes pacíficos y violentos.
- Pero también hay que reconocer que hubo miles de denuncias falsas, propagadas hábilmente por los manifestantes a través las redes sociales utilizando videos manipulados que se exhibían en la televisión; denuncias de las que se hicieron eco opinologos, rostros de televisión y líderes políticos que, sin siquiera verificar la veracidad de los antecedentes, los dieron por válidos.
- Videos que luego se utilizaron como “evidencia” en las audiencias de formalización para obtener medidas cautelares de prisión preventiva, las que se traducen automáticamente en la perdida de la remuneración del policía imputado, cuando no en su dada de baja instantánea además del repudio generalizado de la población hacia la institución. Conducta de la cual, lamentablemente, no queda exento el propio INDH que tampoco las filtro adecuadamente.
Las cifras. Las denuncias falsas hacen un daño enorme a las personas e instituciones contra las cuales se dirigen, creando una percepción de indefensión; pero sobre todo a la causa de la defensa de los DDHH pues dan pie a que algunos cuestionen las denuncias verdaderas. Por eso merecen el mismo repudio que las violaciones mismas a los DDHH.
- No podemos ignorar que hay una extrema izquierda con representación parlamentaria, interesada en presentar a Chile ante el mundo como una dictadura, con presos políticos y donde se violan sistemáticamente los DDHH.
- El informe de Ministerio Publico al 30 de enero del 2020 daba cuenta de que se investigaban 5.558 denuncias por violaciones a los DDHH denunciadas entre octubre y noviembre de 2019 de las cuales 4.719 involucraban personas adultas y 834 a menores, 4.170 dirigidas contra carabineros, 244 contra el ejército y 96 contra la PDI.
- ¿Qué pasó con las denuncias? La mayoría no tenían sustento.
- Según el Informe de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema de las causas judicializadas más de un 45 por ciento de ellas fueron desechadas por los fiscales, decisión de no perseverar en el procedimiento por falta de antecedentes necesarios para fundar una acusación.
- Según el INDH de 2.499 querellas presentadas por ellos, solo 28 han sido formalizadas, lo que significa que no se han reunido antecedentes suficientes. Al día de hoy esa cifra es 3000 denuncias. El INDH culpa a carabineros de “arrastrar el poncho” a la hora de investigar.
- En este contexto, no debe sorprender a nadie que las Fuerzas Armadas, que llevan muchos años trabajando para limpiar su imagen dañada durante la dictadura hayan adoptado una política de “autodefensa”; protegerse a sí mismas negándose rotundamente a participar en ninguna acción represiva o de mantenimiento del orden público, menos en la Araucanía donde la probabilidad de que hayan muertos es sumamente alta.
- El ejército está dispuesto a responder por medio de sus abogados con argumentos legales frente a cualquier requerimiento e incluso a desobedecer al poder civil si fuese necesario.
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