Ante la discusión sobre la reforma de pensiones anunciada por el Gobierno (y que tanto ha costado discutir), conviene examinar en detalle cuáles son las falencias de nuestro sistema previsional, con el fin de evaluar si esta iniciativa resuelve correctamente tales debilidades. Una buena forma de mantener la objetividad es revisando lo que dice el Índice Global de Pensiones Mercer-CFA sobre la situación de nuestro sistema previsional.
Dicho índice se basa en más de 50 indicadores previsionales, que se agrupan en tres subíndices: adecuación de los beneficios, sostenibilidad e integridad del sistema. En su 15° edición anual, incluyó 47 países, cubriendo el 64% de la población mundial.
A nivel general Chile ha mantenido un excelente desempeño, posicionándose mejor que países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y España. De hecho, en la última medición de 2023, el país subió 2 posiciones pasando del puesto 16 al 14, obteniendo el mejor puntaje entre los países de la región −valga mencionar que Argentina ocupa la última posición del ranking.
A pesar de este buen desempeño agregado, el subíndice de adecuación continúa siendo el punto más débil de la evaluación (en este indicador el país se ubica en el puesto 30), el cual se mantuvo sin mejoras entre 2022-2023. Como puntos positivos, entre 2022 y 2023 el país mejoró su puntaje en la categoría de sostenibilidad e integridad (en estos dos indicadores el país se ubica en la novena posición), el primero de ellos vinculado al efecto favorable de la instauración de la Pensión Garantizada Universal (PGU), mientras que el segundo a mejoras en la regulación.
En términos generales, el informe propone que los países deben avanzar en varios aspectos para fortalecer sus sistemas previsionales: ofrecer una red de protección para todos; mejorar el acceso a planes de pensión bien administrados y eficientes en términos de costos; apoyar iniciativas para incrementar la tasa de contribución; aumentar la edad de retiro de modo que refleje los cambios en las expectativas de vida y fomentar el ahorro privado, tanto obligatorio como voluntario, para reducir la dependencia a las pensiones estatales.
Particularmente para Chile, el informe hace cuatro recomendaciones para que mejore su posición en el ranking: incrementar el monto del beneficio para los más pobres; aumentar la edad de jubilación de las mujeres; introducir una contribución estatal para los cuidadores de niños e incrementar la cobertura del sistema de capitalización individual.
Al respecto, la reforma propuesta por el Gobierno solo se hace cargo de la primera de estas sugerencias, al indicar que el monto de la PGU se incrementaría a $250.000. Nada dice la propuesta sobre incrementar la edad de jubilación de las mujeres que, dicho sea de paso, es la principal medida que ayudaría a reducir la brecha de género en pensiones, según múltiples estudios. Si bien, la reforma plantea un beneficio a favor de la maternidad y el cuidado, la reforma propone que el costo de éste se financie con cotizaciones de los propios trabajadores y no con aportes estatales como recomienda el informe.
Finalmente, la reforma lejos de fortalecer la capitalización individual la debilita: en su versión actual la totalidad del 6% de cotización adicional se destinaría a un fondo colectivo con fines de reparto −cifra que el gobierno ha comprometido reducir a 4% para destinar un exiguo 2% a capitalización individual como parte de las indicaciones que incluiría al proyecto de ley−.
Esta es la tercera reforma previsional que se intentará aprobar y es de suma importancia que en esta oportunidad se logre un acuerdo transversal. Urge mejorar las pensiones y el país tiene una nueva oportunidad para ello, por lo que la reforma debe centrarse en aquellos aspectos que avanzan en esta línea, en vez de entramparse en discusiones ideológicas.
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