En este momento en Chile enfrentamos un escenario económico bastante complicado caracterizado por una caída esperada en el producto en el año 2023 cercana al 2%, una alta inflación que en gran parte es consecuencia del exceso de liguidez y de gasto post-pandemia. Por lo demás, no se espera que el Banco Central comience su ciclo de baja de tasas al menos hasta comenzado el segundo trimestre.
En este momento económico complicado, que bien podría describirse como una estanflación -palabra que describe la combinación de inflación y bajo crecimiento económico-, tenemos además ad portas dos grandes reformas: la reforma tributaria y la reforma de pensiones.
Hay otro tema en materia de crecimiento, además de la contracción esperada para este año y la no-preocupación por el crecimiento en las reformas que están en curso. Este tercer tema es, desde mi punto de vista, demasiado importante: se trata de la gran reducción en el PIB tendencial, que es el crecimiento de largo plazo del país.
Por todo esto creo que este no es el momento para debilitar la estabilidad jurídica del país. En el terreno económico existen varias investigaciones que plantean que, al momento de evaluar los resultados económicos de los países, la estabilidad precede a cualquier otra característica del diseño institucional. Se acepta en la actualidad que la estabilidad judicial es un determinante del crecimiento económico. De hecho, en un artículo publicado por Przeworski y Curvale en el año 2007, los autores encontraron que los resultados económicos favorables se explicaban en parte por el buen diseño institucional y estaban subordinados a la existencia misma de las instituciones.
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Es importante seguir avanzando en el involucramiento de los directorios para que no sólo se avance en la entrega de información, sino que también en una mejor gestión de los riesgos y oportunidades asociados a los factores sociales y ambientales.