El 30 de abril de 2019, en una sala del edificio de la fiscalía nacional con una decena de representantes del Ministerio Público y la Iglesia Católica presentes, el fiscal nacional Jorge Abbott y el entonces secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile (CECH), Fernando Ramos, firmaron un documento de 25 páginas.
Se trataba del “Convenio marco de colaboración Ministerio Público y Conferencia Episcopal de Chile”, que buscaba favorecer el intercambio de información entre ambas instituciones en los casos de abusos sexuales que involucraban a miembros de la Iglesia Católica chilena.
Esta última desarrollaba sus propias investigaciones según el código canónico, y sus antecedentes no solían llegar a los fiscales, salvo que se ordenaran allanamientos como los solicitados por el fiscal Emiliano Arias —conocido crítico del fiscal Abbott— en septiembre de 2018, en distintas diócesis del país.
El acuerdo firmado establecía que los clérigos dependientes de la CECH tendrían la obligación de denunciar al Ministerio Público cuando se cometiera un delito, tal como ocurre actualmente con funcionarios públicos como policías, directores de colegios y hospitales, y fiscales. “Se deberán derivar los antecedentes al Ministerio Público dentro de las 24 horas siguientes a la toma de conocimiento del hecho criminal”, decía el texto en su página 3.
En la página siguiente se detallaban cuáles serían las obligaciones que tendría, por su lado, el Ministerio Público. “El Ministerio Público mantendrá informada a la CECH del curso de las investigaciones que se refieran a estas materias”, decía.
“El Ministerio Público se compromete a entregar al consejo nacional de prevención de abusos y acompañamiento de víctimas de la CECH información sobre causas de delitos de carácter sexual cometidos por clérigos diocesanos, siempre que esto no vulnere lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal”. Éste establece que “las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento”.
El convenio no tuvo la recepción esperada por Abbott y la Conferencia Episcopal. Fue criticada por asociaciones de laicos, la asociación de fiscales y parlamentarios de distintos sectores. “Esto puede ser una traba en la administración de Justicia en materia de abuso sexual”, dijo el entonces presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker (DC), a Radio Cooperativa. “Vamos a evaluar con posibilidad de invitar al fiscal nacional para que pueda aclarar todas las dudas”.
“Lo que me extrañó a mí es que también la fiscalía entrega información a una institución como la iglesia, que es un potencial investigado”, dijo, a su vez, el diputado y miembro de la Comisión de Constitución Jorge Alessandri (UDI). “Se sale un poco del objetivo que le manda la Constitución”.
El 6 de mayo de 2019, es decir menos de una semana más tarde, Abbott anunció en un comunicado su cancelación.
El breve acuerdo de cooperación fue recordado por el fiscal Abbott este viernes, cuando fue consultado por la prensa por los “mea culpa” de su gestión.
“Un error que yo reconozco fue un convenio que suscribí con la Conferencia Episcopal y que tuve que dejar sin efecto al día siguiente”, dijo. “Realmente creo que hicimos una mala evaluación de un convenio que nos parecía a nosotros que era importante porque iba a permitir que las víctimas de la Iglesia iban a tener más confianza al recurrir al Ministerio Público, pero esto apareció como una señal muy equívoca y en consecuencia tuvimos que dejarlo sin efecto”.
Consultado sobre si hacía algún “mea culpa” por el manejo de las causas de financiamiento irregular de la política, dijo que los juicios abreviados fueron vistos por los fiscales de los casos como las salidas más eficientes, por lo que no.
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