Ximena Rincón y ley de Isapres: “Dejaría a millones de chilenos sin acceso a la salud”

“Cumplir con la obligación como se plantea es destinar (a las Isapres) a la quiebra”, plantea Ximena Rincón, de Demócratas. “Seguirán las listas de espera, las personas que mueren esperando atención, seguirá la falta de especialistas en regiones, las largas horas de espera por atención en servicios de urgencia, falta de camas, falta de personal en consultorios, por nombrar solo algunos de los problemas. El proyecto no cautela la salud de los pacientes”, añade.

-¿Es factible cumplir el pago de 1.400 millones de dólares de las Isapres sin quebrarlas? 

-Según datos financieros que la propia salud privada ha entregado, el monto en cuestión equivale a 100 años de utilidades. Cumplir con la obligación como se plantea es destinarlas a la quiebra, y lo peor de todo, es que dejaría a millones de chilenos sin acceso a la salud. Ni del Ministerio, ni de la Superintendencia de Salud han desmentido los montos, o la consecuencia negativa para los afiliados, cotizantes y beneficiarios, ni tampoco el impacto colateral en los millones de afiliados del sistema público. No es un tema de plazos. ¡Es un tema de realidad!

-¿Es apropiado el diseño legislativo que propone el Ejecutivo, donde se suman cambios a Fonasa en una normativa que estaba circunscrita en principio al cumplimiento de un fallo judicial?

-Sin duda cualquier mejora a la regulación sobre la salud de las personas es bien recibido. Aunque no sabemos si la inclusión de otros temas que obviamente están pendientes de ser discutidos, pueda desvirtuar o incluso dilatar la discusión. El acceso a la salud de millones está en juego, es una cuestión de suma urgencia, y agregarle pelos a la sopa podría retrasar esa tarea.

Nuestra posición respecto al acceso a la salud es clara, debemos avanzar en un seguro universal de salud, que asegure una base digna de prestaciones sanitarias para las personas. Nos gustaría que el Gobierno se adentre en ese debate, pero hacerlo en una ley corta urgente como esta, es mala señal, ya que los problemas de la salud pública son diferentes a los de la privada. En lo público se está al debe en listas de espera, especialistas, horas de espera en urgencia, más de 40 mil personas fallecidas al 2021 y 32 mil al 2022 en FONASA y 10 mil de ellos con cáncer, etcétera. Están mezclando peras con manzanas.

-El plazo que dio inicialmente la Suprema para cumplir el fallo judicial termina a fin de mes, pero la Superintendencia de Salud pidió más tiempo para el cumplimiento de la sentencia, que obliga a las Isapres a devolver los cobros en excesos realizados a sus afiliados por la adecuación a una tabla única de factores. ¿Se han puesto en el escenario de que la Suprema niegue el plazo propuesto por la Superintendencia?

-El plazo que entregó la Suprema es al Superintendente de Salud. Nosotros en el Senado (Parlamento) debemos ser responsables y darnos el tiempo que se requiera para lograr una buena ley, poniendo en el centro a las personas, principalmente a las que están enfermas y requieren continuar con sus tratamientos médicos. Aquí la vida está en juego, y no se admiten equivocaciones por legislar más rápido para cumplir un plazo determinado.

En lo que nos compete como colegisladores, con el senador (Matías) Walker y otros senadores, presentamos en diciembre, apenas salió el fallo, una reforma para resolver esto, aplicando el fallo de la suprema, estableciendo un camino claro de pagos y con las facultades necesarias para que la Superintendencia vigile ese cumplimiento. Pero vemos que hoy el Gobierno introduce un proyecto que, en una primera mirada, tiene temas que corresponden a una ley larga, los números del Informe Financiero no parecen sostenibles ni coincidentes con la carga que recibirá el sistema público con la migración inevitable de afiliados, entre otros temas que creemos deben ser digeridos con mayor detenimiento.

-¿Se pretende avanzar de manera encubierta en un quiebre del sistema privado, como plantean algunos actores?

-No sé si hay objetivos encubiertos o no. Lo que sabemos es lo que inferimos del actuar de la autoridad en los meses que han pasado desde el fallo de la Suprema, y hoy, con la presentación del proyecto de ley “corta” sobre el tema. Y lamentablemente, parece que no son buenas noticias para las personas, ya que es previsible que el proyecto no tendría la celeridad que necesitan las personas del sistema público y privado por los efectos y consecuencias. El mayor problema es que el proyecto no se hace cargo en forma adecuada de los efectos futuros en los contratos de salud, es decir, si una parte relevante de la cartera queda deficitaria eso conllevaría a la quiebra del sistema privado de salud y si se usa el ICSA para resolver el déficit, tal como lo insinúa el proyecto terminará aumentando desproporcionadamente el precio de los planes comercializados con la nueva Tabla de Factores y que nada tienen que ver con los fallos de la Corte Suprema.

-Volvemos entonces al debate por un sistema 100% público.

-Si el Gobierno busca avanzar en su programa con la creación de un sistema 100% público y que todos los chilenos deban atenderse obligatoriamente en el sistema estatal, que lo transparenten y que presenten el proyecto. Pero utilizar una urgencia como esta, para apalancar sus propuestas o programa de gobierno, no nos parece. Tengamos la discusión, pero en la instancia que corresponde. Y ojo, que no nos oponemos a reforzar las atribuciones de la Superintendencia, aumentar fiscalización, reforzar FONASA, ni nada de eso, sino que discutámoslo donde corresponde. Creo que no es bueno aprovechar la coyuntura para cumplir un programa de gobierno. Pareciera que el Gobierno no lee los resultados de los últimos procesos eleccionarios La ciudadanía ha sido clara: ¡certeza, seguridad y libertad!

-¿Cree que el proyecto cautela la salud de los pacientes?

-En ninguna parte del Proyecto se asigna responsabilidad ni a Fonasa ni a la Superintendencia en esa materia. La regulación en la salud pública no cambia y, por ende, no hay cambio material o sustantivo. Seguirán las listas de espera, las personas que mueren esperando atención, seguirá la falta de especialistas en regiones, las largas horas de espera por atención en servicios de urgencia, falta de camas, falta de personal en consultorios, por nombrar solo algunos de los problemas.
Y si te respondo en simple, el proyecto no cautela la salud de los pacientes, toda vez que vemos que se va a dilatar la solución que los afiliados esperan.

-¿Le parece apropiado que el Poder Ejecutivo haya conferido a las Isapres el peso del problema, como el definir en cuánto tiempo pagar, trasladando un tema que parece propio del gobierno?

-El Proyecto del Gobierno no les confiere a las Isapres el definir en cuanto tiempo pagar. Lo que la norma establece es que deben hacer una propuesta de pago, y que posteriormente es revisada por un Comité de Expertos, para luego ser sancionada por la Superintendencia. En todo caso, es bien improbable que alcancen a hacer esa propuesta, porque los números, como dije anteriormente, no dan. 100 años en utilidades es una eternidad y sin duda no cumple con las expectativas de los beneficiarios, ni del espíritu del fallo de la Suprema.

-¿Cómo evalúa el rol que ha jugado la Suprema en este caso?

-La Corte Suprema resolvió una situación que el regulador y el Ejecutivo no abordaron, lo que tiene consecuencias que rebotan a los colegisladores y que si no abordamos adecuadamente, como reza el dicho, el remedio será peor que la enfermedad. En nuestro rol de colegisladores hemos hecho nuestro aporte para una solución rápida, con la reforma constitucional, lo que no ha sido acogido hasta el momento por el Ejecutivo, a pesar de que se está tramitando en paralelo en la comisión de Constitución.

Además de la devolución, el Proyecto del Gobierno propone que a los dos meses de entrada en vigencia de la ley, las Isapres deberán rebajar el precio de los contratos de salud (a los mismos cotizantes que se les hará la devolución) lo que supone una disminución de aproximadamente un 10% de los ingresos. Aun cuando pudieran devolver, las deja en una situación de default que las hará incumplir, dejando a millones sin acceso a prestaciones. Y en cuanto al rol de la Suprema, hay que recordar que la Superintendencia de Salud cuando define la nueva “tabla de factores” (en aplicación desde 2020) instruye que se debe aplicar a los “nuevos contratos” y no a los “contratos vigentes” a esa fecha. La Suprema dos años después (noviembre 2022) indica que la nueva tabla debió aplicarse también a los contratos vigentes a esa época (2020), o sea, lo hace retroactivo, ignorando la instrucción de la Superintendencia, que es el organismo de acuerdo a la ley, que tiene la facultad de normar y también interpretar la ley.

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Lea también: Isapres: Una ley que se desvía del camino. Por Paula Daza (ex-ante.cl)

 

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