El Ejecutivo presentó, al fin, el proyecto de ley para dar respuesta a lo dictaminado por la Corte Suprema, en donde mandata a la Superintendencia de Salud (SS) a determinar el modo en que deberán aplicar las Isapres la nueva tabla de factores y devolver los cobros en exceso.
El proyecto era esperado por todos porque podría presentar, de una vez por todas, una hoja de ruta para acabar con la incertidumbre que llevamos hace meses en relación al futuro del sistema de financiamiento de salud. Sin embargo, no logró cambiar el panorama incierto.
No hay ninguna solución concreta de cómo las isapres deben cumplir el fallo. Hoy la Superintendencia de Salud presentó, después de casi seis meses de espera, el detalle de las deudas de cada isapre, que se evalúa en US$1.400 millones. El proyecto de ley dice que son las isapres las que deben realizar sus propios cálculos, cuantificando cantidad de afiliados y montos que deben devolver, además del plan de cómo lo realizarán.
Nadie quiere un perdonazo a dichas entidades, pero su eventual caída no sólo repercute en quienes hoy están afiliados a éstas, sino que también en los beneficiarios de Fonasa. Si bien este proyecto se está presentando como una ley corta para solucionar el fallo de la Corte Suprema, no sólo no está dando una respuesta a aquello, sino que, en realidad, pareciera que busca modificar de forma sustancial el sistema de financiamiento de salud.
Muestra de aquello es que, ante el escenario de insolvencia de las isapres, el proyecto establece que el Estado no puede “ser indiferente a las repercusiones que este contexto (insolvencia de las isapres) podría implicar para las personas”. Por tanto, proponen el fortalecimiento de Fonasa con la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), donde se pague una prima plana fija mensual, con opción a atenderse en prestadores privados según lo que se determine. En vez de evitar que el sistema colapse, se preparan para que esto ocurra con un supuesto reforzamiento.
Respecto a esta modalidad, la ley tiene un fundamento técnico y económico débil, el cual es importante subsanar en la discusión parlamentaria. Lo que se entrega como análisis de financiamiento está lleno de supuestos, donde no se consideran los distintos escenarios, realidades y acciones que pueden tomar tanto los afiliados a Isapre que se vayan al sistema como los que ya están en Fonasa.
Tantos supuestos llevan a más interrogantes. Por ejemplo, cómo se va a realizar la contratación con prestadores privados; cómo se mejorará la gestión para evitar el engrosamiento de listas de espera, por cuánto tiempo se utilizará dinero del tesoro público para mantener esta modalidad y un largo etcétera de realidades que pueden amedrentar la calidad de atención en salud.
No nos engañemos. Este proyecto de ley no está enfocado en resolver el fallo de la Corte Suprema y, por el contrario, modifica de forma sustancial el sistema de financiamiento de salud con una consecuencia negativa: alejarnos del camino de la discusión y el entendimiento para pensar un sistema de financiamiento de salud para las próximas décadas.
Ahora la responsabilidad está en el Congreso. Es de esperar que ellos tomen la senda correcta.
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