Voto obligatorio: Multa de $198 mil que incorporaba proyecto de La Moneda de 2023 contradice actual discurso del gobierno

Las ministras Carolina Tohá y Camila Vallejo defendieron este jueves la rebaja a $33 mil (0,5 UTM) en la multa para quienes no voten en las próximas elecciones de octubre, indicación incluida en el veto presidencial. Sobre las críticas de la derecha y analistas políticos respecto a que es un desincentivo a ir votar, Tohá señaló que “se nota que no tienen problemas de bolsillo las personas que dicen eso”. Sin embargo, el proyecto oficial del gobierno para regular el voto obligatorio, ingresado al Congreso en octubre de 2023, determinaba una multa de $198 mil (3 UTM) para quienes no concurran, la que solo podía ser rebajada en un 25% por pago anticipado. El proyecto de ley firmado por el Presidente Gabriel Boric y el ministro Álvaro Elizalde, no incluye excepciones para extranjeros.

Qué observar. Ante las críticas de la oposición y diversos analistas políticos sobre que la multa establecida por el gobierno para quienes no sufraguen en las próximas elecciones municipales y de gobernadores es un desincentivo para ir a votar, la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la vocera Camila Vallejo, salieron la mañana de este jueves a defender el monto fijado por La Moneda.

• En el veto presidencial al proyecto que autoriza que la elección se realice en dos días -el 26 y 27 de octubre-, La Moneda determinó una multa de 0,5 UTM ($33 mil aproximadamente).
• Esto generó cuestionamientos, ya que en las anteriores elecciones con voto obligatorio -como la de consejeros constitucionales- la multas iban entre las 0,5 UTM y las 3 UTM ($198 mil).
• Los diputados oficialistas, desde el PC al PS, habían aprobado en la Cámara Baja eliminar las multas del todo por considerarlas muy gravosas, sin embargo en la oposición y la mayoría de los senadores consideraron que no establecer multas significaría en la práctica volver al voto voluntario, pese a que la obligatoriedad del voto está establecida en la Constitución desde enero de 2023.
• Finalmente, el gobierno presentó un veto a lo aprobado por la Cámara, pero rebajó la multa al mínimo, argumentando que $33 mil es el monto que suelen cobrar en promedio los Juzgados de Policía Local.

“El bolsillo de las personas”. Defendiendo la cifra Camila Vallejo afirmó en radio Concierto que “el costo de vida es un tema de siempre para las personas y a algunos les parecerá poco por su nivel de ingreso, pero la verdad es que $33 mil igual es algo considerable para el bolsillo de cualquier persona”.

• En la misma línea, Carolina Tohá ironizó con quienes consideraban que es un monto bajo que generará menor incentivo para votar. “Se nota que no tienen problemas de bolsillo las personas que dicen eso”.
• “Lo que se hizo a través del veto fue buscar la solución más prudente que recoja un camino de salida, dado que el parlamento se dividió mitad y mitad, para no general ahora un conflicto que no sería de nada oportuno con una elección tan cerca”.
• Según Tohá, el monto de 0,5 UTM “está dentro del rango que estaba la multa anterior, nunca se han cobrado multas mayores a esto. Entonces, la manera de enfriar este debate ahora”.

Proyecto oficial. Sin embargo, los argumentos esgrimidos por las ministras se contradicen con el proyecto de Ley que presentó el mismo gobierno el 11 de octubre de 2023 y que busca regular el voto obligatorio.

• La iniciativa fue firmada por el Presidente Gabriel Boric y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quienes han presentado al menos una decena de urgencias simples para acelerar su tramitación en el Senado.
• El proyecto, en su punto 4 señala que “en particular, se establece que el elector o electora que no sufragare será sancionado con una multa a beneficio municipal de 3 Unidades Tributarias Mensuales” ($198 mil pesos).
• El proyecto no fija un rango de multas y sólo señala que “se permite el pago anticipado de la multa con una rebaja en un 25%”.
• Se establecen algunas excepciones de quienes pueden excusarse como encontrarse gravemente enfermos, residan en establecimientos de larga estadías para adultos mayores, sean personas cuidadoras o se encuentren el día de la elección a más de 200 kilómetros del lugar de votación.
• Sin embargo, no hay excepciones para los extranjeros con derecho a voto y tampoco para mujeres embarazadas o mayores de 70 años. Tres indicaciones que el gobierno intentó ingresar durante la tramitación y el veto del proyecto de elecciones de dos días, pero que debió retirar por el rechazo unánime de la oposición.

Vacío legal. Según la Constitución, en su artículo 15 “el sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias. Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ellas y el procedimiento para su determinación”.

• El gobierno ha enviado señales contradictorias sobre el tema. Mientras en su proyecto oficial fija la multa en 3 UTM, en el proyecto donde pide ampliar las elecciones a dos días, establecía que las multas irían entre 0,5 UTM y 3 UTM y además que se harían “más eficientes los procedimientos de cobro de multas”. Pero en el veto presidencial de esta semana, defiende que la multa sea solo de 0,5 UTM.
• El gobierno sí desistió en su idea de excluir a los extranjeros de la obligatoriedad del voto, y señalaron que esa es una discusión necesaria pero que debe darse con tiempo y no a pocos meses de la elección.

El monto de otras multas. Diputados de la UDI como Henry Leal y Marco Antonio Sulantay, advirtieron esta mañana que una multa reducida, “provocará que los que tienen una mejor situación económica se puedan dar el lujo de no participar”, por o tanto desincentiva el voto de la gente con mayores recursos.

• En la oposición han comparado los $33 mil por no votar con las multas que se establecen por otras faltas. Por ejemplo, por no contestar el Censo 2024 las multas van desde los $11 mil a los $235 mil; un vehículo mal estaciones enfrenta una multa de $33 mil a $66 mil; y tener la revisión técnica vencida implica una sanción de $66 mil a $99 mil.
• Pese a las críticas, en la derecha no tienen mayor margen de negociación, ya que si no se aprueba el veto, no existirá multa. Por ello han aceptado que el gobierno se anotó un triunfo con la jugada de último momento.
• “Lo central era que la elección fuera en dos días, que el voto fuera verdaderamente obligatorio, que se reduzca el aporte estatal a los partidos y regular las campañas en redes sociales. Todo eso está en el veto y creo que si bien no es perfecto, es suficientemente bueno como para cerrar de una buena vez este tema”, dijo en radio Pauta el nuevo presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.