-¿Qué señal da La Moneda al involucrarse a última hora en la tramitación del voto obligatorio, dejando sin sanción a los extranjeros, y fijando ahora una multa de solo $33 mil para los electores?
-La presentación del veto muestra la improvisación con que el Gobierno llega a enfrentar la dificultad que se le presentó en el Congreso para aprobar una iniciativa que, cuando la presentó el Servel, no sospechábamos que iba a tener tantas complicaciones. El Servel lo único que solicitaba era votar en dos días, porque estamos en una elección con cuatro papeletas y hay muchos candidatos.
Finalmente, el Gobierno fue agregándole cosas, como la rebaja de la multa, la discusión sobre los votantes extranjeros, rebajar el gasto fiscal por voto obtenido. Eso generó una serie de desalineamientos internos del oficialismo que complejizaron alcanzar los votos, primero en la Cámara, y luego con la oposición. Y terminamos con un escenario en que el Ejecutivo presentó el veto, y no sabemos si va a terminar aprobándose o no, lo que causa mucha incertidumbre para los candidatos.
-¿A qué atribuyes que el gobierno haya intervenido a solo 3 meses de la elección municipal y a días de que se inscriban las candidaturas a alcalde?
-Desde la inscripción fallida de la Democracia Cristiana en los ’90, no habíamos visto que las reglas electorales estuvieran tan sometidas a la incertidumbre. A 90 días de la elección y a cinco de que se cierre el plazo para inscribir candidatos, evidentemente estamos ante una mala respuesta de la política en general. Este es un problema de la política en general, de los partidos, que está profundizando el escenario de incertidumbre de reglas.
-La Moneda impulsó el año pasado un proyecto que sancionaba con $200 mil a quienes no sufragaran, pero ahora dicen que $33 mil es una cantidad cuantiosa para un sector de la población. ¿Qué te parece ese cambio de discurso?
-En política las cosas no son lo que son, sino lo que parecen. Entonces, a ojos de los ciudadanos, lo que parece es que aquí hubo un intento de acomodar a intereses particulares una decisión que afecta al conjunto de la sociedad. Toda esta tramitación del cambio de las reglas para mejorar el funcionamiento de las elecciones de octubre ha terminado de alguna manera siendo una transacción entre diversos intereses.
-¿Cuáles intereses han estado en juego?
-Algunos que querían que no hubiera voto obligatorio, y han intentado por distintas maneras echarlo abajo. Otros que querían que votaran los extranjeros, otros que no querían. Son intereses propios de los partidos, que no se han detenido a preguntar qué es lo que la gente espera. Están actuando mucho desde la oferta y poco desde la demanda, y la gente se da cuenta de eso. Varios estudios muestran que los chilenos lo que parecen querer es que se restablezca el voto obligatorio como un mecanismo fundamental para dirimir nuestras diferencias.
-La multa que quedó es comparable con la que se paga por estacionarse a menos de 10 metros de una esquina o a la de andar en bicicleta sin casco. ¿Es una sanción baja, alta o suficiente?
-Es una multa baja respecto a la importancia que tiene el valor de un voto. El voto permite que todos seamos exactamente iguales el día de la elección, que todos valgan lo mismo. Cuando se altera esa idea, se distorsiona ese principio de soberanía.
Una multa baja con dificultad para que sea cobrada instala en el inconsciente colectivo la idea de que en realidad es muy difícil que me la cobren y, por lo tanto, si me da lata ir votar, no voy. Esto especialmente en un elector obligado, que es más bien despolitizado. Una multa de $30 mil y la improbabilidad de que la puedan cobrar son incentivos perversos para un adecuado funcionamiento de la democracia. La obligatoriedad es una conducta que uno tiene que forzar, para que se favorezca la representación de todos los sectores y no sobrerrepresentar solamente algunos.
-Se ha hablado de que el veto del Presidente Boric desnuda su deseo de que vote menos gente. ¿Hay una trampa ahí?
-Sectores del oficialismo están convencidos de que el voto obligatorio es una mala idea para garantizar la representación que hoy tienen. Esta idea se ha ido instalando por los resultados de los dos plebiscitos recientes y por la elección del Consejo Constitucional, que les fueron adversos. El Gobierno cedió ante las presiones de esos sectores que están pensando que la eficacia electoral es mejor con voto voluntario -o con formas de voluntariedad, como una multa baja- que con voto obligatorio.
-¿Quién ganó y quién perdió con el veto presidencial que deja en $33 mil la multa de los electores que no voten?
-Ganaron los que querían imponer una obligatoriedad descafeinada, y lo hicieron con la calculadora en la mano, porque evaluaron los resultados electorales con esta obligatoriedad descafeinada que se impuso. También había sectores de la oposición que sacaron cuentas alegres con esto.
-¿En qué pie queda la derecha, cuyo margen de negociación en este caso era mínimo o nulo?
-Queda en una posición bien ambigua, porque aunque planteaban la obligatoriedad del voto, tampoco hicieron grandes defensas, probablemente porque también usaron la calculadora. Eso se vio en el debate del voto extranjero, que no está comprobado que voten en función de un sector político.
Pero también porque hay una cultura en los partidos -también instalada en la derecha- de hacer campañas con lógica de voto voluntario, en donde es más barato movilizar a tu tribu, que mover a todos los electores, porque implica tener discursos distintos.
-¿Cuánto pueden afectar estos cambios con miras a las elecciones municipales y regionales de octubre, clave para lo que será la contienda presidencial?
-La participación se podría ver afectada con estas nuevas reglas y el escenario todavía está abierto. No sabemos si van a ir a votar los 7 millones que votaban siempre con voto voluntario, movilizados por sus sectores políticos, o si van a ir a votar los votantes obligados -que no sabemos muy bien cómo se van a comportar. Eso puede cambiar el resultado electoral dramáticamente.
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