Vivianne Blanlot y crisis por cortes de luz: “La robustez de los sistemas de distribución no depende únicamente de la voluntad de las empresas”

A más de dos semanas de que se generaran masivos cortes de suministro eléctrico alrededor de Chile y principalmente en la Región Metropolitana, la exsecretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y directora de empresas, Vivianne Blanlot, señala que “es el Estado quien debe establecer los objetivos en cuanto a la resiliencia del sistema eléctrico y establecer normas y precios coherentes con ello”. Agrega que “además de revisar el estado de las redes y los sistemas de información y gestión de las mismas, que sin duda es responsabilidad de las concesionarias, se requiere una evaluación de la aplicación de las normas, que es responsabilidad del regulador”.

-¿Qué lecciones deja la reciente crisis de suministro eléctrico?

-Hay que poner lo sucedido en contexto. El 1 de agosto se dio un evento climático más agudo que lo acostumbrado en varias regiones, y era esperable que los efectos fueran mayores que en otros casos . El fiscalizador tendrá que establecer si y qué parte de los daños y consecuencias pueden adjudicarse a causa mayor. Sin embargo, en situaciones de precipitaciones normales para el invierno ya se habían visto interrupciones de servicio más prolongadas que el máximo admisible en las normas.

Nada permite suponer que cortes como los de mayo y junio no se repitan, dado que se deben a la fragilidad que se ha evidenciado en la infraestructura y en su interacción con la vegetación, y aún esto no se ha resuelto.

Por lo anterior, si concordamos que lograr que los sistemas de distribución presten los servicios dentro de los parámetros establecidos en la norma es un objetivo esencial, se requieren acciones que van más allá de cualquier proceso legal o sancionatorio.

-¿Qué medidas se requieren al corto plazo para prevenir estas crisis?

-Dicho eso, en el corto plazo es urgente que el regulador, la SEC y la CNE, exijan a las empresas entregar un catastro del estado de las redes, que permita identificar sus vulnerabilidades incluyendo las potenciales por interacción con la vegetación. Asimismo, debe incluirse una evaluación de los sistemas de información, monitoreo y mantenimiento de las redes.

Dada la importancia pública de la credibilidad de los datos, esto debería ser realizado por firmas independientes, y revisado en conjunto por el regulador y las empresas.

Lo anterior permitirá tener un diagnóstico acertado y evaluar las inversiones necesarias para fortalecer los sistemas. Esto último puede requerir plazos no menores. Sus resultados no serán inmediatos, pero debe comenzarse sin dilaciones.

-Y en el mediano plazo, ¿se requieren cambios regulatorios?

-Además de revisar el estado de las redes y los sistemas de información y gestión de las mismas, que sin duda es responsabilidad de las concesionarias, se requiere una evaluación de la aplicación de las normas, que es responsabilidad del regulador, entendiendo que esto incluye a la CNE y a la SEC.

En particular, si desde 2017 se ha fiscalizado, y con qué profundidad, el cumplimiento de las normas de calidad aprobadas ese año, y si los estudios tarifarios posteriores a la norma han sido coherentes con las exigencias de calidad.

-¿Qué pueden hacer las empresas?

-La robustez de los sistemas de distribución no depende únicamente de la voluntad de las empresas. Es el Estado quien debe establecer los objetivos en cuanto a la resiliencia del sistema eléctrico y establecer normas y precios coherentes con ello.

-¿Y cómo ve las últimas fijaciones tarifarias?

-En los últimos años la gestión tarifaria ha encontrado dificultades. En 2018 se realizó un ajuste tarifario extraordinario para permitir la adaptación a la norma de 2017. Esto, dos años antes del período de tarificación normal (2020-2024). Luego en 2020 se comenzaron los estudios para una nueva fijación, que debió haberse hecho efectiva a partir de 2021. Sin embargo el proceso culminó en 2023, y las nuevas tarifas se publicaron sólo en 2024, con 3 años de atraso.

Una de las características requeridas a la regulación es su predictibilidad. Cualquiera fueran las razones para la alteración de los procesos reglados, esto puede llevar a vulnerar el principio de predictibilidad, y tener consecuencias en las decisiones de las empresas.

-Se ha dicho que la antigüedad del marco regulatorio y que no se haya actualizado en 40 años explica las falencias actuales. ¿Cree que se requiere cambiar la ley para evitar problemas como el vivido?

-No estoy de acuerdo con esa afirmación. Si bien la ley general en cuanto a la distribución no ha cambiado fundamentalmente, en los que se refiere a los estándares técnicos y de calidad, estas sí se han actualizado. Por otra parte, en 2020 se modificó la ley justamente con el objetivo de hacer más transparente el proceso tarifario. Sin embargo y por razones que deberían analizarse, en el primer proceso regido por la nueva ley se produjeron las demoras que se explicaron antes.

Cabe destacar que también se modificó la tasa de retorno permitida para las empresas. La tasa bajó, sin embargo en la nueva fijación deberá ser recalculada y el riesgo país, así como el sectorial, deberá reflejarse adecuadamente. Sabemos que en ambos casos el riesgo ha aumentado, como también sabemos que las tasas de interés en los mercados internacionales y nacional han aumentado respecto al año 2019.

-En algunos países europeos se ha enfriado el entusiasmo por lograr la carbono neutralidad, ¿cómo ve que eso pueda afectar la mirada y los objetivos que tiene Chile en esta materia?

-Las grandes empresas del mundo tienen compromisos asumidos -en general- de ser carbono neutrales para 2050. Y eso no ha cambiado. A veces por coyunturas económicas o por cuestiones geopolíticas uno puede ver que los órganos políticos pueden parecer que están cambiando sus prioridades, pero en lo sustantivo veo que las economías se están moviendo a la carbono neutralidad para 2050. No he visto cambios en eso.

-¿Y en el caso de Chile?

-En el sector eléctrico chileno se han hecho reformas que han permitido que se desarrollen las energías renovables no convencionales. Y hemos avanzado estos años. El plan que se hizo y el ritmo al que se ha avanzado -hasta el momento- es coherente con las capacidades económicas que tiene Chile para absorberlas.

No veo que haya razones para retroceder ni tampoco para acelerar las cosas por encima de las capacidades del país. La mayor parte de las industrias importantes en Chile están fijándose metas de carbono neutralidad para 2050. Eso no quiere decir que país completo va a ser carbono neutral.

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