-Ustedes han estado en terreno y han visto las zonas afectadas. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen?
-Es una tragedia bastante grande, aparte de todas las viviendas quemadas y afectadas, ya van más de 130 fallecidos. Siempre dicen que los incendios son sin control, pero este fue absolutamente descontrolado, realmente impactante lo que vimos.
-¿Cómo se ven los trabajos en la zona? El retiro de escombros, por ejemplo.
-Primero está la etapa para contener la propagación y apagar. Y lo segundo es toda la etapa del despeje y retiro de escombros, que es lo que se está haciendo ahora. Por las cifras que nos dio ayer la gente del MOP, van del orden de la mitad, unas 50 mil toneladas de remoción de escombros. En una o dos semanas debieran terminar todo lo que es la remoción de los escombros producto del incendio.
-¿Están dentro de plazo, no hay retrasos con ese tema?
-No. Ahí dimos harto apoyo nosotros con maquinaria de las empresas y articulamos bastante ese apoyo. Maquinaria, combustible y operadores, que han sido puestos a disposición del MOP. Y la verdad es que pensé que iba a estar no tan avanzado, pero está bastante avanzado.
-En ese sentido, ¿cuál es la importancia del trabajo público-privado en las zonas afectadas?
-Es esencial para la etapa en la que estamos ahora. Que las empresas puedan aportar sus máquinas, tienen menos trabas administrativas, y todas las organizaciones civiles así lo han hecho. En ese sentido ha sido un gran aporte.
-¿Y en lo que viene, en la reconstrucción?
-Absolutamente. De hecho, todo lo que hay que reconstruir -que son principalmente viviendas- obviamente eso lo tienen que hacer las empresas especializadas en vivienda.
-¿Y el gobierno está teniendo la misma visión?
-Sí. Hemos tenido varias reuniones con el Ministerio de Vivienda, que es el ministerio que iba a tomar todo esto porque está bajo su competencia. Y hemos tenido reuniones desde que empezó el incendio.
Ahora están haciendo los catastros, porque hay del orden de unas 5 mil viviendas afectadas, viviendas establecidas, viviendas con rol. La gran mayoría construidas por el mismo Ministerio de la Vivienda en diferentes períodos, y hay otras 7 mil que están en campamentos y en tomas, que esas son todas de carácter absolutamente provisorio. Pero hay que hacer un catastro. Ayer estuvimos con el ministro y nos señaló que ya está bastante avanzado, entonces están definiendo ahora los sectores porque esto tiene que abordarlo con muchas empresas.
-¿Qué factores hay que tomar en cuenta para la reconstrucción?
-Hay que tomar ejemplos de catástrofes anteriores. La gobernanza ya está. Pero hay que tomar una gobernanza en la segunda o tercera capa de personas que puedan tomar a su cargo contratos de construcción. Alguien de la autoridad, que normalmente existe en el sector público, pero aquí tiene que ser gente que esté empoderada para ir resolviendo todas las cosas que van sucediendo.
Hay que actuar con todas las autoridades y con las empresas de servicio. Tiene que haber una disposición de parte de la autoridad, como lo ha habido en emergencias anteriores, para ir agilizando toda la permisología que en contratos normales alarga todo el tema. Eso lo hemos planteado, ellos están de acuerdo y eso va a ser así. Es la forma, precisamente, de sacar las cosas en plazos más razonables que si fueran en contratos normales.
-¿Puede ser un problema en la reconstrucción la llamada “permisología”?
-Hay una diversidad de casos. Pero una gran mayoría de las viviendas están con rol, como las viviendas que había construido el mismo ministerio años atrás, con esas es más sencillo. Porque el sitio es de un cierto propietario, se quemó su vivienda y se va a construir una vivienda para ese mismo propietario. Pero se está viendo la forma para actuar ejecutivamente y proactivamente para que no se produzcan esos nudos.
-Ustedes creen que es clave que no aparezca la “permisología” en la etapa de reconstrucción.
-Absolutamente. Esa palabra no hay ni que mencionarla. Hay que definir sistemas de contratación que permitan que las cosas sean bastante normales en los contratos. Aquí hay que todo eso resolverlo sobre la marcha, la expertise técnica la tiene el ministerio, la tienen las empresas, pero tienen que haber entonces encargados que tengan la potestad para poder desarrollarlo.
Y hacer un camino rápido todo lo que es permisología. De igual forma hay que cumplir la normativa. Pero la permisología no puede ser un impedimento de una reconstrucción rápida.
-En las últimas horas se ha debatido entorno al monto de reconstrucción. El ministro Marcel estimó en unos US$ 1.000 millones y la alcaldesa Macarena Ripamonti aseguró que podía llegar a una cifra de US$ 1.500 millones. También hay expertos que creen que los costos serían inferiores a los montos mencionados. ¿Qué estimación tienen ustedes?
-Nosotros no tenemos estimación, es bien difícil hacer una estimación con la situación que hay hoy día y con el alcance de lo que se quiere hacer. Pero nos cuadra la primera cifra de los US$ 1.000 millones. Obviamente si lo que se quiere hacer son otras cosas, erradicar, ir a construir a otro lado, eso puede aumentar la cifra
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