Una propuesta pragmática y eficaz de reforma de pensiones. Por Kevin Cowan y Guillermo Larraín

El sistema político debe reconocer que lo que traba llegar un acuerdo no son razones técnicas. Tampoco es la falta de información. Un mínimo de pragmatismo debiera llevar a un acuerdo que permita estabilizar el sistema previsional.

El Gobierno inició la discusión de la reforma de pensiones planteando un cambio radical al sistema que incluía cuentas nocionales, separación de la industria, una entidad estatal que gestionaba cuentas y administraba recursos financieros. La oposición se opuso, gatillando un dilatado proceso de discusión. En lo más reciente Chile Vamos señala que hay líneas rojas en dicha discusión: toda la nueva cotización debe ir a cotización individual y cualquier solidaridad debe hacerse con rentas generales. El Gobierno hace un spot publicitario que pretende compensar la propaganda que hace la industria de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Así las cosas, estamos a un tris de que, nuevamente, no haya reforma de pensiones.

Hay cinco razones por las cuales esto es una pésima noticia:

• Primero, porque ratifica la incapacidad del sistema político de resolver temas complejos donde hay diferencias de opinión entre los chilenos.
• Segundo, es pésimo para los pensionados porque es muy claro que no se están entregando, ni se entregarán a futuro, las pensiones que muchos chilenos de clase media requieren.
• Tercero, es malo para la industria que administra el ahorro previsional, que es y seguirá siendo un pilar clave del sistema de pensiones. El sistema de pensiones necesita gozar de confianza ciudadana y hoy las AFP tienen muy mala imagen pública.
• Cuarto, la persistente incertidumbre respecto al ahorro previsional incluyendo la amenaza de un nuevo retiro es mala para el mercado de capitales tan necesario para el crecimiento económico.
• Quinto, es malo para el Estado porque las contingencias previsionales no hacen sino crecer y la cuenta finalmente recaerá sobre el Estado.

Entonces, hay que agotar todas las instancias, todas, para sacar una reforma. Esta reforma debe ser pragmática y focalizada. Es un error pensar en esta reforma como la definitiva, aquella que resolverá todos los problemas y para siempre. Debemos comenzar modificando aquellos ámbitos que son prioritarios y urgentes, reconociendo que hay una serie de ámbitos que pueden abordarse en discusiones posteriores.

Debemos además tratar de sacar del debate caricaturas, exageraciones y slogan. Un componente solidario no va a llevar a un colapso de la participación laboral. Las comisiones de las AFPs no son fantasmas, y es que en los casos de activos complejos las comisiones son el costo necesario para contratar una buena gestión de los ahorros.

Tenemos que reconocer, además, que la parte más sustancial de la discusión que debemos dar hoy, el destino del 6% de aporte patronal, es política y no técnica. Los llamados a llevar esta discusión no somos los economistas, ni los actuarios, ni los demógrafos, sino que los partidos, el Gobierno y el Congreso. Los antecedentes técnicos están sobre la mesa. De hecho, hay pocas reformas en Chile que hayan tenido tanta información disponible para hacer un diagnóstico y donde se han planteado tantas opciones.

En última instancia la decisión se reduce a definir cuánto riesgo queremos que asuma cada pensionado. La opción de llevar el 16% a la cuenta individual (el 10% actual más el 6% futuro) es un modelo extremo, que no se ve en ningún otro país. Significa que cada pensionado, en especial los de clase media, quedan expuestos a tres grandes riesgos. Uno es el riesgo de caídas en el valor de sus fondos, otro el de vivir más que el promedio y, por lo tanto, agotar los ahorros previsionales, y, finalmente el de ahorrar muy poco cuando hay desempleo o caída en sus ingresos.

La Pensión Garantizada Universal (PGU), siendo un instrumento muy valioso, pierde efectividad en reducir la incertidumbre sobre los ingresos futuros de los pensionados a medida que la persona tiene mayor nivel de ingreso. La PGU es muy valiosa para los sectores más pobres, pero insuficiente para las clases medias.

Un criterio central de la reforma es que un porcentaje mayoritario de las pensiones deben financiarse con ahorro previamente acumulado. De hecho, varias de los mecanismos de reducción de riesgo que se han planteado conlleva acumulación de ahorro.

Dada la relevancia del pilar individual, debemos perfeccionar la gestión del ahorro en este pilar. Vemos dos cambios importantes y urgentes en este ámbito. El primero es avanzar gradualmente hacia un sistema de cuentas generacionales. Ello facilita la exposición del ahorro previsional a activos de largo plazo, como activos alternativos, lo que se traduce en mayores retornos y mejores pensiones. Hay mucha experiencia disponible en esta materia. La segunda es seguir fortaleciendo la competencia entre los gestores individuales. La forma de hacerlo es con un tipo de licitación nueva, más amplia, que permita que la presión competitiva alcance a más afiliados. ¿Es necesario separar a la industria?  A estas alturas, no es ni prioritario ni urgente, porque las economías de escala y de ámbito ya han sido fuertemente explotadas. De igual manera, salvo por agregar una dosis de legitimidad al sistema, lo que es importante evidentemente, cuesta entender la urgencia de una AFP estatal si es que se mejora el mecanismo de licitación.

En definitiva, el sistema político debe reconocer que lo que traba llegar un acuerdo no son razones técnicas. Tampoco es la falta de información. Un mínimo de pragmatismo, como el sugerido aquí, debiera llevar a un acuerdo que permita estabilizar el sistema previsional y, finalmente, dar vuelta la página para abordar nuevas reformas tan necesarias en otros ámbitos.

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