Marzo 6, 2022

Un giro para la Convención Constitucional. Por Cristián Valdivieso, director de Criteria

Ex-Ante
Crédito: Agencia Uno.

Sin un giro en el proceso, la nueva constitución arriesga no contar con la legitimidad suficiente para sostenerse en el tiempo como “casa de todos”. A corto andar esa constitución podría terminar etiquetada como la casa de la izquierda y –eventualmente- de los pueblos originarios. Si este es el caso, para la izquierda sería una victoria pírrica, que dejaría daños colaterales a su propio gobierno.


Más allá de su innegable origen democrático, lo cierto es que la Convención Constituyente no goza de buena salud. Ni lo que conocemos de la dinámica interna, que en los medios aparece caracterizada por discusiones polarizadas en las que importa más el origen político de quien habla antes que las ideas a las que refiere, ni la consecuente evaluación de la opinión pública, ofrecen indicadores auspiciosos sobre la robustez del proceso.

Y hay datos al respecto. Sobre lo primero, el pasado febrero renunció Lorena Penjean como directora de comunicaciones, apuntando “a factores directamente dependientes del comportamiento de las y los constituyentes”. Ese mismo mes, constituyentes de colectivos tan distintos como Socialistas, Independientes NO Neutrales, del Apruebo y de Vamos por Chile expresaron inquietudes ante lo que consideraron actitudes de cancelación del diálogo, revanchistas y sectarias de algunos sectores de la Convención. “Personas que, por su origen, por lo que hicieron o por su tendencia política son sistemáticamente excluidas”, según palabras de Andrés Cruz, del Colectivo Socialista. Para Renato Garín, la Convención va camino a plasmar “una política bananera” en la constitución.

En cuanto a la opinión pública, aun cuando la Convención todavía es mejor evaluada que otras instituciones tales como el Congreso, los partidos políticos o el gobierno saliente, la desaprobación del proceso constituyente es mayoritaria entre la población. Una desafección que se alimentó del desenmascaramiento de Rojas Vade, del desmembramiento y desencantamiento con la Lista del Pueblo, de las discusiones sobre sueldos y asignaciones, y del largo período de negociación sobre el reglamento. A ello se ha sumado una dinámica adversarial, la fragmentada elección de la presidencia y, recientemente, del desfachatado intento de retorno del mismísimo Rojas Vade.

Sin embargo, pese a las críticas al proceso, lo más probable es que de la Convención emane un texto que terminará siendo aprobado en el plebiscito de salida. Algo de ello ya se ha dejado entrever en diversas encuestas esta misma semana.

Y es que, tal como lo anunciara Pablo Longueira, a pesar de los problemas reales y la mala prensa, es improbable que la población quiera volver a la constitución del 80’, la de Pinochet. Más cuando lo que seguramente ofertará la campaña del apruebo será una amalgama entre derechos sociales garantizados con cambios simbólicos en las formas de convivencia, en la diversidad de lenguas y pueblos, y en la tan ansiada redistribución del poder. Frente a la oportunidad de “garantizar el derecho ciudadano a participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas”, tal como ya señala una de las normas aprobadas para el texto, compleja será la defensa del statu quo.

Visto así, el texto podría salir airoso del plebiscito. Sin embargo, sin un giro en el proceso, arriesga no contar con la legitimidad suficiente para sostenerse en el tiempo como “casa de todos”. Definitivamente, a corto andar esa constitución podría terminar etiquetada como la casa de la izquierda y –eventualmente- de los pueblos originarios. Democrática sí, pero no de todos, ni menos del 80% que aprobó la idea de construir participativamente un nuevo marco de convivencia. Visto el actual derrotero, el texto aprobado emergerá de un plebiscito disputado y posiblemente polarizado en claves de izquierda y derecha, que movilizará a minorías más politizadas dejando dejar al margen a una parte importante de la ciudadanía, incluso frustrada ante la distancia creciente entre su voluntad inicial y la obligación de refrendar con voto obligatorio un resultado ajeno.

Si este es el caso, para la izquierda sería una victoria pírrica, que dejaría daños colaterales a su propio gobierno, el cual ya amarró su destino al éxito de la nueva constitución. Un escenario potencial de fuerte polarización, que definitivamente no le conviene y respecto del cual el Presidente entrante debería poner su liderazgo y capacidad de diálogo para evitar. Es que, sin un nuevo pacto, que, aunque tome algo más de tiempo, efectivamente comprometa la inclusión de las visiones y posiciones de parte de esa gran mayoría que optó por los cambios y hoy se siente desafectada, el nuevo gobierno no sólo arriesga la sostenibilidad en el tiempo de la nueva constitución, sino también la continuidad de su propio proyecto político.

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