Es una paradoja que la izquierda chilena se empeñe en una ofensiva para destituir al fiscal Cooper porque estima que su labor perjudica sus intereses y que Donald Trump haga lo mismo con un juez federal por motivos similares: defender sus intereses políticos. Sin importar el daño que ese comportamiento inflinge a la democracia.
Hostigamiento. Como suele suceder tras un evento traumático, un infarto, por ejemplo, las personas toman la decisión “irrevocable” de cambiar drásticamente su estilo de vida, dejando atrás el sedentarismo, las comidas poco saludables y los vicios. Sin embargo, con el paso del tiempo la voluntad del individuo se va debilitando y, a medida que aumenta su sensación de seguridad y bienestar vuelve a sus antiguas prácticas y costumbres.
- Lo mismo ocurre con las sociedades en su conjunto. En nuestro caso, la recuperación de la democracia vino acompañada de un respeto reverencial por las normas, la separación de los poderes, la independencia del poder judicial y las instituciones republicanas.
- Pero con el paso del tiempo, de forma paulatina se han ido normalizando conductas que afectan los fundamentos mismos del estado de derecho democrático, reminiscentes de tiempos que creíamos superados y que nos llevaron a perder la democracia. Agredir al poder judicial y al Ministerio Publico se ha hecho costumbre.
- Ejemplo de ello es el hostigamiento, cada día más frecuente, a jueces y fiscales por parte de los políticos cuando sus fallos o decisiones no se alinean con sus intereses.
Furia oficialista. La filtración de los chats de la renunciada presidenta de la Cámara con su correligionaria Irací Hassler enfurecieron a personeros del oficialismo que arremetieron contra el fiscal Patricio Cooper quién está a cargo de investigar el tema de la fallida compra de la Clínica Sierra Bella, del presunto tráfico de influencias que involucra a la Diputada Karol Cariola y del caso ProCultura que podría enlodar a importantes figuras políticas.
- Pretenden solicitar su destitución ante la Corte Suprema y amenazan con hacer lo mismo con el fiscal nacional. Algo similar a lo que se intentó por personas de derecha, sin éxito, contra el fiscal Armendáriz.
- Pero es el PC el que lleva la batuta, como quedo en evidencia con la defensa corporativa en la que se embarcaron para proteger a Daniel Jadue, que incluyo una campaña de infamias contra el Poder Judicial que dura hasta el día de hoy. No es entonces una mera coincidencia que las mismas tácticas se estén utilizando para “defender” a Cariola y Hassler.
- La narrativa para justificar su remoción no se basa en argumentos jurídicos sólidos, sino en una lógica de castigo político. Se le acusa de actuar con sesgo, cuando en realidad su labor ha sido ejercer su autonomía en la investigación de casos de alta connotación.
- El intento de destituirlo no es más que una señal de advertencia a otros fiscales: no se atrevan a ir contra el poder de turno.
- Una presión indebida contra el Ministerio Público y los jueces que no solo vulnera la separación de poderes, sino que también socava la confianza ciudadana en las instituciones.
- Este comportamiento no solo es irresponsable, sino que además sienta un peligroso precedente. La independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público es una garantía fundamental en cualquier democracia sana. Si los jueces y fiscales temen represalias políticas por sus decisiones, el Estado de Derecho se debilita y la justicia deja de ser el pilar que, se supone, nos protege de la arbitrariedad.
Al estilo Trump. Es una paradoja notable, que no se puede dejar pasar, que mientras personeros de izquierda piden la destitución de un fiscal porque en el desempeño de su labor ven perjudicados sus intereses personales y políticos, en Estados Unidos, Donald Trump, en las antípodas ideológicas del oficialismo criollo, exige el “impeachment” del juez federal de Washington James Boasberg porque se cruzó en el camino de sus “Ordenes Ejecutivas” que el magistrado considera ilegales.
- Lo que evidencia una tendencia preocupante en la política contemporánea: El intento de someter la justicia al designio de la voluntad del poder político. En distintas partes del mundo, líderes populistas han encontrado en el ataque a los jueces y fiscales una herramienta eficaz para consolidar su poder. Desde Hungría hasta Turquía y El Salvador, y ahora nada menos, que en Estados Unidos.
- Una práctica transversal que pone en evidencia que el problema no es solo de doctrina política, sino de conveniencia: El acatamiento de lo obrado por jueces y fiscales queda sujeto a que la actuación no entre en conflicto con los intereses del grupo afectado.
- En nuestro caso, se tocaron las campanas a arrebato por una supuesta “violación al derecho a la intimidad” toda vez que el contenido de los mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono de la diputada Karol Cariola dicen relación con opiniones negativas sobre altos personeros de su propio gobierno, incluyendo al presidente.
- Si bien la privacidad es un derecho fundamental, no se debe olvidar que, desde un punto de vista jurídico, el nivel de protección de la vida privada de figuras públicas no es el mismo que el de los ciudadanos comunes, y corrientes.
- Los políticos se exponen cotidiana y voluntariamente ante los medios de comunicación, buscan y desean la publicidad cuando creen que les conviene. Por lo que mal se puede invocar una violación a la “intimidad” cuando, como en este caso, los intercambios no tienen que ver con asuntos íntimos de orden personal o familiar, sino que tienen relación directa con la política, que por definición es materia de interés público.
Amenaza a la libertad de expresión. La opinión expresada por personeras políticas de envergadura sobre el gobierno y sus autoridades, que contradice todo lo que dicen en público, es un comentario de orden político, que ciertamente es de interés para la ciudadana. Afecta su credibilidad. Habla del carácter de dichas personeras, poniendo en duda la honestidad de sus actuaciones públicas.
- La filtración de estos mensajes también pone de relieve el papel fundamental de la libertad de prensa y la protección de sus fuentes de información, pues es solo a través de los medios de comunicación que la “filtración” se transforma en noticia.
- En una sociedad democrática, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de investigar y difundir información de interés público, sobre todo cuando esta pueda incomodar a la élite.
- La transparencia y el escrutinio ciudadano dependen en gran medida de la capacidad de la prensa para acceder a datos relevantes y garantizar el total anonimato de sus fuentes. Por ello, cualquier intento de restringir la labor periodística o de intimidar a los informantes representa una amenaza directa contra la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
- El uso recurrente de estas estrategias de hostigamiento afectan la confianza en la justicia. Cuando los ciudadanos perciben que los jueces y fiscales están sujetos a presiones y amenazas se erosiona su credibilidad y se incentiva la percepción de que la justicia es un mero instrumento del poder.
- También tienen un efecto inhibidor dentro del mismo sistema judicial; si los jueces y fiscales saben que un fallo o actuación adversa a los intereses de un sector político los expondrá al escarnio público o que podrían ser objeto de represalias, se instala una especie de autocensura peligrosa que atenta contra la imparcialidad de sus decisiones.
- Por eso, es responsabilidad de la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y los propios jueces alzar la voz y denunciar cualquier intento desde la política de socavar la autonomía e independencia. Si seguimos permitiendo que el hostigamiento a jueces y fiscales se normalice, nuestra democracia corre peligro. Como ha dicho el jurista argentino Roberto Gargarella “ya no ocurren golpes de Estado, sino que la democracia se va deteriorando desde adentro”.
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