Hace un par de semanas se anunció el comienzo de la normalización de las tarifas eléctricas, lo que implica aumentos que acumularán cerca de 60% en los próximos meses.
Sin ir más lejos, a quien no le ha pasado que tiene que ir apagando luces de dormitorios vacíos, televisores sin nadie cerca, o calefactores entibiando espacios desocupados. Cuesta que el concepto de costo en las decisiones de uso de bienes y servicios esté bien anclado cuando existe una desconexión con el pago que realizamos cada mes.
Pero creo que la mayor lección que deja el episodio tarifas eléctricas es que una cosa son las proyecciones y otra la realidad (aunque los economistas se resistan a esto).
El gobierno entendió el escenario en que nos encontramos y, en vez de ser el jugador que pide más cartas cuando las cosas no van bien, decidió hacer la pérdida (y lo correcto) y ajustar las tarifas con su real costo. Este punto es muy rescatable entre tanta propuesta que parece no ver los costos a largo plazo que generan y en vez de alinearse con la realidad, prefieren inventarse un mundo paralelo.
¿Quiere decir esto que no se deben buscar medidas que apoyen a los más vulnerables a estos costos? Por supuesto que no. Pero es ahí donde surge la muy atacada focalización de las políticas públicas, que apunte a entregar apoyo a los grupos que realmente lo requieren.
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Julio partió con alta incertidumbre sobre el dinamismo de la economía chilena tras el Imacec de mayo, un incierto panorama por los subsidios en las tarifas eléctricas y el debate por la reforma de pensiones.https://t.co/FSIuLHTOXk
— Ex-Ante (@exantecl) July 2, 2024
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Los costos que implica ignorar la opinión de los economistas bien entrenados no son abstracciones teóricas; son consecuencias concretas para las personas, quienes merecen que sus líderes tomen decisiones basadas en la evidencia, la racionalidad económica y el contexto cultural.