Bastante ruido ha generado la estrategia nacional del litio anunciada por el gobierno hace unos días. Mal que mal, a pesar de tener varios ejemplos de asociaciones público-privadas dando vueltas en nuestra economía (con variantes por supuesto), la propuesta introduce conceptos que, digamos, han estado ausentes de la mesa por un largo tiempo. Entre ellos, el Estado emprendedor, del que sin ser ni por cerca un experto, me hace pensar en cómo medir su capacidad al entrar en temas tan específicos.
No voy a tocar aspectos fiscales, que están en buenas manos con los análisis que pueda producir el Consejo Fiscal Autónomo, ni menos temas químicos y de tecnologías de extracción de litio (aunque la tentación del economista de ser experto en todo cueste controlarla). Creo que dos aspectos razonables para analizar un Estado emprendedor son:
En el primer aspecto, desde todo punto de vista, la respuesta es maximizar las ganancias que se puedan obtener de esta materia prima, clave en muchas industrias vinculadas a cambio climático, economía verde, entre otros. Estaremos de acuerdo en que eso es beneficioso para esta y próximas generaciones, mientras el litio sea necesario. Esto significa hacer crecer este negocio mientras sea óptimo económica, social y medioambientalmente.
Usualmente, si se cuidan las externalidades (la contaminación que típicamente se asocia a faenas como esta), mientras mayor la producción, más se prorratean los costos fijos de inversión y mayor es la ganancia. Esto, independiente de quien lleve el negocio, privado o público, porque como en todo respetable y elegante contrato, si la torta es más grande, todos ganan (después se verá cómo se reparte).
El segundo aspecto es justamente cómo asegurar que el negocio sea ejecutado de la manera más eficiente posible, todavía independiente de quién lo haga, si el Estado emprendedor o una empresa privada. Lo clave acá es poner los incentivos correctos. Si se requiere una inversión relevante y el negocio tiene sus riesgos, obviamente tienen que darse las condiciones para que alguien quiera invertir ese dinero. Y no es un misterio, las condiciones adecuadas tienen todo que ver con la rentabilidad esperada (corregida por riesgo).
Dicho de otra forma, a nadie lo pueden obligar a invertir en un negocio riesgoso sin al menos darle una opción de obtener un buen retorno. A simple vista parece que si el producto que vendo puede tener un precio entre 7.000 y 85.000 dólares la tonelada en un periodo no tan largo de tiempo, ese rubro parece riesgoso. Así, el valor económico de una empresa de este tipo puede multiplicarse (o reducirse) de manera importante en corto tiempo. Es bueno constatar que el litio puede tener años buenos y años menos favorables. No es una autopista concesionada.
Y acá viene la fase final del emprendimiento. Como en toda sociedad, las partes tiene que aportar su porción (en capital, recursos naturales, know how, etc). Si es un negocio que cualquiera puede ejecutar, con ingresos relativamente estables, bastará con licitar y prometer una comisión casi fija por operar el negocio. Quien corre el riesgo es el dueño del salar (puede haber años en que deba pagar, independiente de si hay pérdidas o utilidades). Considere que Codelco ha tenido años con resultados brutos entre US$2.000 y 9.000 millones. Esto es aún más marcado para el litio, que bajo un ejercicio simple para Soquimich puede variar entre US$800 millones y US$5.000 millones.
Si el negocio es complejo y volátil, quizá sea mejor idea licitar un retorno variable, que ambas partes corran el riesgo de años malos y se beneficien también de años favorables. Por lo tanto, si vamos a invitar a los mejores gestores de la industria del litio (que además pueden optar por otro país), los incentivos debieran ser atractivos, si no, corremos otro riesgo más, de pagar en años malos por una mala gestión. Y eso, afectaría a todos los chilenos.
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