Desde la crisis financiera internacional del 2008-2009 y acentuado por la pandemia del Covid-19, en el mercado de deuda soberana se ha venido generando un cambio estructural, donde gran parte de los países desarrollados están transitando a niveles de deuda bruta sobre 100% del PIB. Para los próximos 5 años esta tendencia se debiera mantener, o incluso empeorar. Ray Dalio, fundador de Bridgewater uno de los principales Hedge Fund del mundo, es particularmente pesimista al respecto mencionando que eventos como la guerra en Ucrania o la transición energética por el cambio climático, van a ser financiados con más deuda pública, ya que en rigor las economías avanzadas no tendrían espacio para algo distinto.
En las economías avanzadas, gran parte de este aumento se ha venido dando con una estrategia donde Hacienda o el Tesoro emiten deuda, la que luego es comprada con dinero impreso por los respectivos bancos centrales. Esto ha incrementado la oferta monetaria y el tamaño de los activos en los balances de las principales autoridades monetarias.
En Chile, el artículo 27 de la Ley Orgánica del Banco Central, señala que ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central, salvo en situaciones excepcionales y con cuórum especiales.
Los organismos internacionales han venido abordando con preocupación el devenir de la deuda pública. En noviembre de 2023, el FMI organizó la conferencia "Fiscal Policy in an Era of High Debt" para abordar el aumento sin precedentes de la deuda pública. Una de las conclusiones del encuentro fue que es momento de repensar la política fiscal, su interacción con la política monetaria y la adopción de reglas fiscales.
En los últimos días, el Banco Mundial organizó la conferencia “Fostering Fiscal Sustainability”, donde expertos internacionales compartieron experiencias para velar por la sostenibilidad de largo plazo de la deuda pública, la adopción de reglas y la institucionalidad fiscal en general.
Por la regla de balance estructural de 2001 y la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2006 implementadas en nuestro país, la Dirección de Presupuestos (Dipres) sigue un esquema dual con metas anuales de balance estructural y un umbral prudente de deuda del 45% del PIB.
El último informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), destaca que las mejores perspectivas de crecimiento para 2024 (por un primer trimestre mejor al esperado) y los mayores precios observados para el cobre debieran ser entendidas como transitorias por parte del Ministerio de Hacienda, y que por ende no debieran gatillar revisiones ni de PIB potencial (2,1% para periodo 2024-2028) ni de precio del cobre de largo plazo (US$ 3,86/libra).
Así, el CFA mantiene su advertencia de estrés fiscal para los próximos años con una deuda pública sobre PIB en torno a 41%, nivel algo más bajo que el umbral prudente de 45%, dejando poco espacio para gastos fiscales adicionales para los próximos años.
En términos de spread soberanos, en Chile este se encuentra en torno a 120 puntos base al mes de mayo, lo que se compara favorablemente con el mundo emergente: América Latina (382 pbs), Asia Emergente (141 pbs), Europa Emergente (347 pbs) y Economías Emergentes en general (300 pbs).
En este contexto aparecen algunos temas relevantes para la discusión sobre política fiscal en Chile.
Primero, será clave lo que determinen los comités de expertos de PIB tendencial y precio del cobre en agosto próximo. Si bien es esperable que las estimaciones de PIB tendencial no sufran modificaciones significativas, con el precio del cobre podría ser distinto, ya que los precios spot del metal, así como los futuros de cobre, dan cuenta de expectativas sobre US$4,4/libra para los próximos años. Esto ameritaría una revisión al alza, del valor de largo plazo vigente (US$3,86).
Segundo, se debiera abrir una discusión sobre los fundamentos tras la determinación del nivel prudente de 45% del PIB, ya que es este el nivel que determina la posición de estrés fiscal o no. En un contexto de alta deuda en los países avanzados puede resultar subóptimo autoimponerse un nivel tan estricto, habiendo urgencias en salud, educación o pensiones. Por último, la necesidad de revisar la composición del gasto público, sus usos y análisis de costo-efectividad del gasto público sigue siendo prioritario.
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