Disminuir las emisiones de carbón como país es un desafío complejo. En busca de ese objetivo y como parte de la Ley marco contra el cambio climático, el año pasado se aprobó la creación de un mercado de emisiones de carbono. La estructura y detalle de este marco regulatorio está aún por definirse, pero debiese aprovechar los aprendizajes de Europa, quienes han sido pioneros en este desafío. Si bien es un tema técnico que opera tras bambalinas, es la mejor herramienta con la que disponemos para enfrentar este desafío, por lo que vale la pena entenderlo.
Disminuir las emisiones de cualquier producto, proceso o industria cuesta. Y mucho. Después de la discusión política, cada empresa enfrentará desafíos técnicos y económicos para adecuar sus operaciones a un nuevo marco regulatorio. Dado que los incentivos de los ejecutivos están orientados hacia resultados financieros, se creará una tensión difícil de resolver. Además, entre empresas a lo largo de la cadena de producción comenzaría una negociación sobre cómo repartir la carga regulatoria y económica entre diferentes actores. Es decir, se crearán múltiples conflictos dentro y entre empresas, dado que a todos les hará la vida más difícil y lo obligará asumir nuevos costos.
Estas dificultades nos permiten prever que, si el día de mañana el gobierno de turno establece una regulación donde mandata a la industria de autobuses, a las mineras o productores de ropa a reducir su huella de carbono, la oposición será feroz. Paros de choferes cortando el tránsito, lobby de las mineras persiguiendo senadores y los reclamos de cientos de emprendedores textiles. Si el gobierno echa pie atrás, se repetirá la misma historia con el siguiente intento de regulación de un nuevo sector económico.
Cuando por fin se logre regular un sector, empezarán nuevos problemas. Algunos inventarán mecanismos para hacer trampa, otros falsearán la información entregada, e incluso repercutirá en dificultades para hacer negocios mientras se discute que parte de la cadena debe cumplir con que medidas que exige la nueva regulación. En resumen: el costo de ajuste de la sociedad y economía al introducir regulaciones para combatir el cambio climático tendría complejidades enormes. Además, esta generaría distorsiones arbitrarias en los mercados, sin saber quiénes terminarán siendo perjudicados.
Para evitar todo lo anterior, es que Europa y varios países, han acordado crear mercados de carbono. Es decir, se establecen cuotas de emisiones de carbono para cada industria, y por lo tanto, cada empresa recibe o compra una cierta cantidad de emisiones permitidas. Así, las empresas que necesitan emitir más carbono salen a comprar bonos de carbono y, por lo tanto, tendrán que encontrar quienes están dispuestos a vender sus “permisos” de emisión. Después, progresivamente los países van reduciendo la cuota (o bonos) disponible, y esto empuja el precio de los bonos al alza.
¿Cuál es la magia de esto? Por un lado, en una forma muy simple, sin tener que diseñar regulaciones específicas para cada industria, todos los actores del mercado empiecen a buscar y evaluar nuevos procesos para reducir sus emisiones, sin necesidad de que el gobierno establezca instrucciones particulares. Aquellas empresas que son más eficientes y les sale más barato adoptar técnicas más limpias, son las primeras en implementarlas, y pueden salir a vender sus bonos. Por el contrario, quienes son menos eficientes, se ven forzados a salir a comprar bonos de carbono encareciendo su operación.
La consecuencia de lo anterior es que las empresas más contaminantes, no tendrán otra opción de traspasar el costo de los bonos de carbón que necesitan para operar a lo largo de su cadena de valor, tanto a sus clientes, como a sus inversionistas. Los consumidores verán cómo los productos de empresas más contaminantes necesitan subir sus precios para mantener los mismos niveles de utilidad, haciéndolos menos atractivos. En el caso de los accionistas, ellos constatarán que las empresas que más bonos requieren para operar reducen sus utilidades en caso de mantener los precios. Así, algo similar sucede con empleados, proveedores, y todo el ecosistema económico alrededor: de una u otra forma, empieza a absorber gradualmente y ajustándose vía precio el costo de hacer negocios con empresas que emiten más carbono.
La segunda consecuencia es que nuevamente, y sin tener que diseñar centralizadamente la solución, se gatilla que toda la economía – en todas las industrias a todos los niveles – tengan los incentivos de encontrar formas innovadoras para reducir las emisiones de carbono, dado que mantener y aumentar la competitividad depende de ello.
La imposición de un precio por el carbono transversal simplifica el ajuste de la economía y pone los incentivos a toda la sociedad para transitar hacia cadenas de valor más sostenibles. El mercado permite ajustar primero por los sectores técnicos y económicos que sean más eficientes, y va dejando para después aquellos que son más complejos, disminuyendo el riesgo técnico y de ajuste, gracias a que las empresas pueden transar entre ellas. El mecanismo de precios se transforma en el termómetro para establecer un orden en la transición energética, sin discrecionalidades políticas, sino que con solo un criterio: disminuir emisiones.
Resumiendo, las virtudes de un mercado de carbono son múltiples, pero hay cuatro que vale la pena destacar. Primero, todos los incentivos se alinean y están bien puestos, desde consumidores hasta accionistas, dejándolos en libertad de elegir. Segundo, evita tener que sobre regular, complejizar la economía y generar distorsiones que impactan negativamente al menos pensado. Tercero, distribuye la carga de hacernos más limpios equitativamente a través de toda la economía, sin perjudicar a un sector en particular. Por último, es un sistema flexible que permite ajustar de infinitas maneras frente a shocks de todo tipo.
Es importante avanzar en forma decidida, con metas progresivas y una gobernanza bien balanceada que dé garantías técnicas y políticas. Así, podremos liderar el camino descarbonización en la región, y compartir nuestros aprendizajes con nuestros vecinos, para tener un barrio más limpio.
Una serie de correos electrónicos en una causa laboral reflejan cómo hubo advertencias a los nuevos controladores sobre el incumplimiento de las normas ambientales. Los antecedentes son parte del caso de los dueños chinos contra el empresario chileno Isidoro Quiroga.
En un nuevo capítulo de After Office Investing, Catalina Edwards conversa con el gerente de Estrategia en Sartor Finance Group sobre inversiones y la bolsa de valores en Chile, además de la expectativa de crecimiento e inflación en territorio chileno.
Tanto desde el oficialismo como desde sectores de la oposición hay interés por llegar a acuerdo en materia de pensiones. El rol del Estado queda en duda con el APA, pero se mantendría con un inversor público. Se termina la idea de las cuentas nocionales. Incluso una nueva versión del autopréstamo podría entrar al borrador.
Revise las principales fechas para realizar enviar la declaración al SII y determinar la eventual devolución de impuestos. Este año habrá una fiscalización concentrada en los altos patrimonios.
Si proyectamos la evolución de la carga tributaria de los países OCDE conforme aumenta su nivel de desarrollo, deberíamos aspirar a cerrar la brecha con el promedio OCDE actual (24,5% del PIB) en un plazo de 12 años, es decir, al 2035.