Como es conocido, las contracciones económicas tienen efectos en el empleo, y eso es justamente lo que está pasando en Chile. Luego de la pandemia, la economía tuvo un sobrecalentamiento que llevó a que el Banco Central tuviera que aplicar una política monetaria fuertemente contractiva para enfriarla, lo que generó una recesión en la actividad económica. Esto se puede ver en el Barómetro de la Economía Chilena IPP UNAB que muestra hoy una economía deteriorada, con luces de que está disminuyendo el ritmo de empeoramiento, pero aún en un escenario negativo.
Las distintas estadísticas que permiten conocer el estado del mercado laboral han empeorado. Primero, el desempleo ha aumentado llegando a 8,8%, siendo esta la mayor tasa desde junio de 2021. Segundo, la tasa de participación aún no vuelve a los niveles prepandemia, incluso, si quisiéramos alcanzar la que teníamos en promedio en 2018, considerando la población en edad de trabajar actual, necesitaríamos que alrededor de 380 mil personas quisieran volver a participar en el mundo del empleo. Esto, sin duda, es peor para las mujeres, quienes actualmente tienen la tasa de participación que tenían en el trimestre móvil febrero-marzo-abril de 2017.
Respecto a la ocupación y la creación de empleos, si bien la primera ha aumentado, los datos muestran que el aumento en ocupados ha venido principalmente por la mayor creación de puestos de trabajo en el sector público, mientras que en el privado ha ido cayendo considerablemente. Así, si en el trimestre móvil agosto-septiembre-octubre de 2022 se crearon 337 mil trabajos en el sector privado, en el trimestre enero-febrero-marzo se crearon solo 52 mil.
En cuanto a los sueldos, la inflación ha ido disminuyendo constantemente el ingreso real de los asalariados, resultando en que el poder adquisitivo de las familias es cada vez menor. Así lo mostró el índice de remuneraciones reales que publica el Banco Central, el cual no dejó de caer durante 17 meses seguidos, desde octubre del 2021 hasta febrero de 2023. Sin embargo, el último mes disponible, marzo del 2023, anotó finalmente una variación positiva de 0,1% debido a la disminución de la variación del IPC en ese periodo.
Ahora bien, luego de este diagnóstico podríamos preguntarnos qué políticas están siendo impulsadas para recuperar el empleo, la participación, la creación de puestos de trabajo, entre otros. Alarmantemente la respuesta es ninguna. Hoy no existe ninguna agenda pro-empleo, pro-inversión, ni pro-crecimiento que permita concluir que se están haciendo esfuerzos para que el mercado laboral, por lo menos, se recupere.
Más grave aún es que los proyectos y programas que se están proponiendo y discutiendo hoy, en su conjunto, apuntan a un desincentivo a la contratación de capital humano, y aumentan considerablemente las probabilidades de que aumente el desempleo. Tanto la Ley de 40 horas, el aumento adelantado del salario mínimo y la reforma de pensiones pueden ser discutibles cada una por si sola en un escenario en el que el empleo se encuentra medianamente equilibrado. Sin embargo, en conjunto y en el contexto actual, generan un aumento del costo de mano de obra tan significativo que puede disminuir las contrataciones, haciendo incluso que empresas de menor tamaño decidan dejar de funcionar ya que no cuentan con gran espalda financiera, y terminar afectando a las personas más que lo que buscan beneficiarlas.
Si bien se han propuesto herramientas que buscan disminuir el efecto de estas políticas, como el subsidio a las empresas de menor tamaño para aumentar el salario mínimo o la parcialidad en la implementación, esto solo dilata las consecuencias negativas y permite que las empresas puedan adaptarse marginalmente a estos nuevos cambios, pero en ningún caso las libera de sus efectos negativos. Así, la premura de los proyectos laborales en un contexto como el actual chileno, pone en duda la capacidad del mercado laboral y de las empresas de ajustarse a estos cambios.
Finalmente, es necesario que las autoridades trabajen en una agenda pro-empleo, que busque recuperar al mercado laboral y generar los incentivos adecuados para que los trabajadores quieran mantenerse dentro del mercado laboral formal, y no quieran cambiarse al informal. Además, quienes toman las decisiones respecto a las políticas laborales deben actuar con responsabilidad, pensando no solo en el corto plazo ni en los réditos políticos que les significa aprobar alguna medida, si no que pensando en el bienestar general de mediano y largo plazo de la población.
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