Con la urgencia de pasar el tramo amargo del 7M y poder asestar una victoria, el Gobierno se encuentra empujando el proyecto de salario mínimo, el que propone un alza gradual para llegar a $500.000 en julio del 2024. Preocupa que, para mitigar los costos de un alza excesiva del salario mínimo, el Ejecutivo insista en un subsidio a las pymes que tiene serios problemas de diseño. Más de fondo, con la extensión de beneficios exclusivos para a este segmento de empresas avanzamos, de a poco y silenciosamente, hacia políticas que incentivan a las pymes a no crecer, lo que terminará siendo muy dañino para el país. A las pymes hay que apoyarlas para que crezcan, no para que se queden chicas. Lamentablemente, este subsidio avanza en la dirección contraria.
Partamos por lo primero. Llevar el salario mínimo a $500.000 equivale a un alza real anual de un 8,8% para este año y de un 4,6% para el siguiente; muy por sobre el promedio de las últimas cuatro décadas (3,6% anual entre 1991 y 2022). Al 2021, Chile ya tenía el tercer salario mínimo más alto de la OCDE (en relación al salario mediano), superado sólo por Costa Rica y Colombia. En un escenario económico decaído, con el desempleo al alza y un conjunto de reformas que aumentarán aún más la carga para las empresas –40 horas, reforma tributaria y previsional– no parece razonable insistir en un incremento de esta magnitud.
Segundo, la extensión del subsidio a las pymes (ventas anuales de hasta 100.000 UF) requiere de una revisión urgente. Este subsidio entrega un monto mensual por cada trabajador contratado por el mínimo, al momento de la postulación. Por ejemplo, suponga que hay dos pymes (A y B), cada una con un trabajador. Al momento de postular al subsidio A le paga a su trabajador el salario mínimo actual ($410.000) y B le paga al suyo un poco más, $415.000. Así, en junio de 2024, cuando el salario mínimo sea de $500.000, la empresa A habrá podido solventar un 60% de los costos laborales producto del alza del salario mínimo, pagando un total $610.000 en el periodo ($1.520.000 – $910.000). En cambio, la empresa B no tendrá el subsidio y tendrá que pagar un total de $1.520.000. Todo por pagar $5.000 pesos más que la Pyme A. A todas luces, un escenario injusto. Una segunda falla de diseño del subsidio es diferenciar los montos por tamaño de empresa, lo que genera incentivos a no crecer.
Mas allá de este deficiente diseño, el solo hecho de implementar este subsidio en conjunto con un alza del salario mínimo, reconoce que dicho aumento se encuentra por sobre la productividad laboral. La pregunta que cabe hacerse, entonces, es qué pasará cuando el subsidio se extinga. El lector ya podrá aventurar que tendremos a más de algún grupo de presión arrogándose la representación de las pymes del país y haciendo lobby en el Congreso para que se extienda el subsidio. La moraleja es clara. En beneficios del Estado, lo que parece transitorio termina, tarde o temprano, siendo permanente.
Y esto nos lleva a una reflexión más de fondo. En los últimos años, a punta de beneficios exclusivos para las pymes estamos incubando lentamente el síndrome de Peter Pan: el miedo de las empresas a crecer. A beneficios de larga data como la renta presunta se le suman otros más recientes como el régimen tributario diferenciado para pymes (Art 14 ter) y más recientemente, este subsidio. En el extremo, si solo entregamos beneficios a las pymes por el hecho de ser pymes, las estamos condenando a quedarse chicas y no crecer. Y esto, en última instancia termina afectando la competitividad y productividad de nuestra economía (Albagli et al., 2019).
Debemos replantearnos la manera en que estamos ayudando a las pymes y dejar de pensar en ayudas focalizadas que solo generan incentivos a que no crezcan. Por el contrario, la pregunta que deberíamos hacernos es qué herramientas necesitan las pymes para crecer y ser más productivas, el único camino para que los salarios de los trabajadores mejoren de manera sostenida en el tiempo. Ojalá la discusión de este proyecto en el Senado sea un primer paso en esta dirección.
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