¿Cuánto le costará al fisco la propuesta de nueva Constitución? ¿Cuáles son los efectos económicos de aprobarse el texto final? En los últimos días dos estudios trataron de dar respuesta a estas preguntas. Más allá del costo de la propuesta o de análisis sobre aspectos económicos en particular, el gran riesgo que presenta el texto propuesto es la creación de un nuevo arreglo político-institucional que debilita la capacidad del Estado y genera una distribución desbalanceada del poder. Así, como lo demuestra la teoría y la evidencia, sin instituciones políticas inclusivas el daño al crecimiento económico futuro será permanente.
La propuesta de nueva Constitución le costaría al fisco entre un 8,9% y un 14,1% del PIB. Esta fue la estimación que realizó un equipo de economistas liderado por Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara, cuyos resultados conocimos hace unos días. Según sus estimaciones, el Estado tendría que aumentar su tamaño en aproximadamente un 50% para materializar los principios y derechos contenidos en la propuesta de la Convención. El ejercicio resulta en extremo valioso porque nos permite dimensionar la carga fiscal adicional para cumplir un extenso catálogo de derechos sociales (89), que serán letra muerta si el Estado no es capaz de garantizarlos.
Una condición necesaria para tener un Estado funcional en la provisión de derechos es el crecimiento económico. De lo contrario, no importa cuánto cueste la nueva constitución porque simplemente no habrá recursos para garantizar los derechos que promete. Y aquí radica el mayor riesgo de la propuesta: al crear instituciones políticas extractivas -que concentran el poder, favorecen a unos pocos y no generan nuevas capacidades en el Estado- se compromete seriamente la capacidad de crecimiento del país y con esto, difícilmente mejorarán las capacidades de nuestro ya deficiente Estado.
¿Por qué se crean instituciones extractivas? En la propuesta, gran parte del poder político se concentra en una única Cámara de Diputadas y Diputados; el Poder Judicial (que dejará de ser un poder y se convertirá en un sistema) será más permeable a presiones políticas y el Estado se fragmentará en una serie de entidades autónomas sin límites claros que permitan una efectiva coordinación. La estabilidad macroeconómica, que tanto costó construir y por la cual deberíamos sentirnos orgullosos, se verá seriamente afectada con la pérdida de iniciativa exclusiva de gasto del Ejecutivo y por la atribución que tendrán los gobiernos regionales para emitir deuda y crear empresas públicas sin el fundamental principio de “neutralidad competitiva”. La inversión -quizás la variable económica más sensible a la estabilidad en las reglas del juego- también se resentirá con un nuevo estatuto del agua que reemplaza derechos (comerciables) por autorizaciones administrativas; con un deficiente régimen expropiatorio que habla de “justo precio”; y por un inminente proceso de restitución de tierras en favor de los pueblos indígenas.
La evidencia de que solo las sociedades con instituciones que distribuyen el poder de forma inclusiva logran un crecimiento económico sostenido es insoslayable (Huntington, 1968; North, 1990; AJR; 2012). Así, analizar los costos económicos de la propuesta de nueva constitución sin considerar las instituciones políticas que lo sostienen es un error. El estudio publicado la semana pasada por los economistas de CIEPLAN, José Pablo Arellano y René Cortázar, asertivamente reconoce esta dependencia de manera explícita en análisis. Agregaría a este la importancia que tiene el involucramiento de la sociedad civil en el proceso de formación de instituciones, como contrapeso a los siempre presentes intereses de las élites (AR; 2016). Esto, porque en el proceso de redacción de la propuesta de nueva Constitución primaron los intereses de ciertas élites (distintas a las tradicionales en Chile, pero élites, al fin y al cabo) por sobre los de la gran mayoría de la ciudadanía.
Independiente del resultado del 4 de septiembre, el país ya está embarcado en un nuevo ciclo político del cual emergerá un nuevo orden económico y social. En su libro “Democracia en Chile”, Edgardo Boeninger habla de tres elementos fundamentales que, a su modo de entender, comparten las sociedades contemporáneas: estabilidad política, progreso económico y paz social. Lamentablemente, la propuesta que someteremos a plebiscito en unas semanas está lejos de asegurar el primero de estos elementos, socavando así, el éxito de los dos restantes. De esta manera, sin instituciones políticas inclusivas, el resto es música.
Referencias
Acemoglu, Daron y Robinson, James (2012). Why Nations Fail. Crown Business.
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2016). Paths to inclusive political institutions. In Economic history of warfare and state formation (pp. 3-50). Springer, Singapore.
Huntington, Samuel (1968) Political Order in Changing Societies, New Haven: Yale
University Press.
North, Douglass (1990). Institutions, Institutional Change and Economic
Performance, Cambridge University Press.
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