En el estallido social emergió a la superficie la idea de que todo cambiaría. Con el proceso constitucional que le siguió, se asomó la noción de que todo sería más digno. Y cuando ganó la elección el presidente Boric, se consolidó la noción de que el Chile antiguo había muerto y de que, a partir de ese momento, todo sería para mejor; con la izquierda vendría un Chile más próspero, un Chile más equitativo, y un Chile más justo.
Ahora sabemos que no fue así. Ya entrando el cuarto año, es difícil rescatar algo que haya resultado para mejor. El país es más pobre y más desigual que hace solo un par de años. Hay menos oportunidades de salir de la pobreza o de comprar una vivienda propia que en cualquier otro momento de la historia reciente. Y si algo de terreno se ha ganado, ha sido solo para recuperar lo perdido. Si Chile hubiese seguido su trayectoria previa al estallido social, en promedio, todos estarían mejor.
Pero sobre lo social y lo económico, sobre la prosperidad y la igualdad, se ha dicho bastante, tanto que la regresión es innegable. En cambio, sobre el tercer elemento, la justicia, parece que aún queda espacio para debatir, pues cada vez salen a la luz más consecuencias negativas del hilo de eventos que terminó con la izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista en el poder.
Si no bastara el hoyo cavado con el tema de las fundaciones y la participación del principal asesor del presidente en el asunto—quien aún se niega a dar una versión completamente clara al poder legislativo—ahora se suma la trama del caso Sierra Bella, que, lejos de ser un proyecto de política pública orientado a los más vulnerables, parece ser una artimaña más gestada desde quienes providencialmente ocupan el poder.
Las indagatorias de la PDI muestran no solo que la operación fue ordenada políticamente, sino que fue ejecutada con gran coordinación por una amplia red de personas con el fin de enriquecerse. Claro, dependerá de una corte de justicia finalmente sentenciar las responsabilidades exactas, pero desde ya se puede decir que algo huele mal en Dinamarca.
De partida, ya es claro que el precio del inmueble fue sobrestimado. A confesión de partes, relevo de pruebas: los WhatsApp demuestran que los tasadores se coordinaron, algo que se especulaba desde el comienzo. Era improbable, en términos estadísticos, que tres personas distintas llegaran a cifras tan similares en un inmueble tan complejo. Lo que se sabe ahora confirma directamente que se acordó explícitamente un rango de tasación.
Aunque la naturaleza exacta del dinero comprometido no está completamente claro hasta el momento, sí es obvio que está vinculada con la política. Y aquí surge quizás el elemento más polémico y problemático del episodio, pues no solo involucra a representantes populares (quienes debaten sobre la distribución de los recursos públicos), sino también a algunas de las instituciones más relevantes del país.
En el meollo del escándalo de Sierra Bella no solo figura la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, sino también la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola—que son además dos destacadas y conocidas militantes del Partido Comunista.
Se sabe, al menos, que la idea de Sierra Bella surge de ese círculo. Sin la semilla, no hay planta. Y es claro que fue en ese momento cuando se plantó la idea para que, de alguna forma u otra, la Municipalidad terminara comprando un inmueble de 2.200 millones de pesos en 8.200 millones de pesos.
Es claro que por parte de los tasadores hay irregularidades, pero también existe una sospecha razonable de que, por parte de los políticos, algo no cuadra. Si la compra hubiese sido legítima, sin ninguna irregularidad, entonces ¿por qué se omite que el concejo fue informado solo dos días antes y no cinco, como se exige? ¿Por qué se omite que la compra fue por trato directo y no por licitación, como pudo haber sido? ¿Y por qué se pone en duda que los tasadores conocían el precio anterior, si la misma alcaldesa admite que sabía que ellos lo sabían?
Claro, todo podría ser un malentendido, una casualidad o simplemente mala suerte. Quizás la idea de Cariola no era más que un buen consejo del cual la diputada nunca supo más, que Hassler en verdad no sabía nada o era simplemente incompetente en el tema, y que el mundo de la tasación funciona así cuando nadie presta atención.
Pero si se observa el episodio en el contexto más amplio de un gobierno marcado por problemas políticos y cargos medios ineficaces, parece que el episodio es solo la manifestación de un problema sistémico, donde la justicia solo se aplica para algunos. Si la Municipalidad hubiera pagado 6.000 millones de pesos adicionales por Sierra Bella, está claro que algunos pocos lo habrían encontrado justo, mientras que los vecinos de Santiago Centro se habrían visto privados de los servicios y beneficios que esos recursos pudieron haber financiado en sistemas de salud ya existentes.
Si nada más, el episodio recuerda que los grandes cambios no garantizan que las cosas mejoren. Ni las reformas estructurales, ni los liderazgos jóvenes, ni los partidos revolucionarios aseguran dignidad, prosperidad ni justicia. A veces, ofrecen más de lo mismo que critican, pero incluso peor.
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