No es casualidad que palabras tales como sicariato, secuestro, encerrona, portonazo, extorsión (entre otras), se hayan incorporado con mucha frecuencia en las conversaciones entre familiares, amigos, vecinos, y compañeros de trabajo.
Enfrentamos una crisis que desafía a todos los poderes del Estado, a las policías, a la Fiscalía, a los municipios, a las comunidades educativas y a los medios de comunicación. También a las personas cuyo temor a ser víctimas de un delito marcó el nivel más alto de los últimos 23 años, según el informe 2023 de Paz Ciudadana.
El debilitamiento de la confianza en la sociedad chilena es parte del problema y también de la crisis: sin seguridad y sin confianza se erosiona el desarrollo económico y social, lo que podría significar un grave retroceso para Chile.
La realidad de nuestras cárceles sobrepobladas, que suelen ser espacios de entrenamiento para delincuentes, impide ver con razonable optimismo la implementación exitosa de programas de educación y capacitación que reduzcan la reincidencia y favorezcan la reinserción social.
Una mayor integración y colaboración entre la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y la Fiscalía es esencial para garantizar una respuesta rápida y efectiva a la criminalidad.
En ese orden de ideas, se debería avanzar hacia el establecimiento de indicadores comunes entre dichas instituciones en aras de lograr una cabal medición de los éxitos y los fracasos que se producen en la persecución criminal. En efecto, un crimen no recibe una respuesta adecuada, sino hasta que sus partícipes son condenados, no basta con que sean detenidos.
La creación de una Fiscalía Supraterritorial puede ser una poderosa herramienta para desplegar una labor más estratégica que facilite la recopilación de información y la persecución de organizaciones criminales, en la medida que se le proporcione una adecuada dotación, con algunos auxiliares propios y facultades adecuadas.
Asimismo, la necesidad de fortalecer la vigilancia de los espacios públicos y la investigación de los delitos, hace recomendable innovar en el control de las medidas cautelares para liberar, al menos parcialmente, a quienes hoy deben asegurar su cumplimiento. Debemos avanzar en un moderno y funcional sistema de monitoreo telemático de aquéllas, donde el actual desarrollo de la tecnología puede permitir mejorar sustantivamente este control.
La responsabilidad penal de menores de edad y la inmigración ilegal también necesitan un abordaje renovado con una respuesta equilibrada y humana, con sanciones firmes, rápidas y de efectivo cumplimiento.
Resulta casi una obviedad, pero es evidente que la confianza en las instituciones y la seguridad son pilares del desarrollo económico y social de los países.
¿Estamos a tiempo en Chile? Sí, pero debemos actuar ahora, con determinación y trascendiendo a trincheras políticas. La reforma al sistema de justicia criminal, iniciada en su vigencia el año 2000, sólo fue posible con acuerdos transversales, desde la academia, pasando por los operadores forenses, e involucrando a los distintos actores políticos, con sentido de unidad, sin cancamusas y con ajustada premura.
Cada víctima, cada familia que ha perdido un ser querido es una razón que debe movilizarnos a todos, transversalmente y sin pausa, hasta que se recupere el efectivo control de la seguridad pública en Chile y hasta lograr avances, con acciones concretas, hacia una explícita y transparente política de Estado en esta materia.
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