Salmonera canadiense Cooke tras clausura ordenada por la SMA: “Es un acto expropiatorio, ilegal y discriminatorio”

La salmonera canadiense reaccionó con dureza a la resolución que ordena cerrar dos centros emplazados en el Parque Nacional Laguna San Rafael. Acusó una actuación “anti empresarial” del regulador, denunció arbitrariedad y advirtió posibles efectos sobre el tratado comercial con Canadá.

Qué observar. La empresa canadiense Cooke Aquaculture Chile acusó un “acoso administrativo” por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), tras la decisión del regulador de clausurar dos de sus centros de cultivo en la región de Aysén y aplicar una multa superior a 1.600 UTA, aproximadamente US$ 1,4 millones.

• La medida, adoptada por supuestas infracciones ambientales, fue duramente criticada por la compañía, que la calificó como “expropiatoria, ilegal y arbitraria”, y acusó que “confirma la actuación sesgada, anti empresarial y al margen del espíritu y la letra de la legislación vigente”, abriendo un nuevo capítulo de tensión entre la industria salmonera y la institucionalidad ambiental chilena.

Cooke se lanza contra la SMA. En una declaración emitida este viernes, Cooke afirmó que la resolución de la SMA “confirma la actuación sesgada, anti empresarial y al margen del espíritu y la letra de la legislación vigente” del organismo fiscalizador, acusando que éste actúa como “juez y parte” en los procesos sancionatorios.

• La empresa señaló además que la clausura de los centros Huillines 2 y Huillines 3 representa un “cambio de criterio intempestivo” del regulador, que estaría contradiciendo la posición de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca).
• “La SMA ha adoptado una posición extrema en contra de la actividad acuícola, pretendiendo su desaparición mediante el acoso administrativo”, sostuvo la compañía.
• La firma también cuestionó que no se haya valorado la prueba pericial decretada por el propio organismo y que, según Cooke, descartaría cualquier daño ambiental.

El detalle de las sanciones ambientales. Según la resolución de la SMA, la empresa incurrió en ocho infracciones en los centros Punta Garrao, Huillines 2 y Huillines 3.

• Entre las faltas se cuentan la superación de la producción autorizada en más de un 22% en Punta Garrao, modificaciones sustantivas de proyectos sin someterlos a evaluación ambiental, y la instalación de estructuras fuera del área de concesión.
• En el caso de Huillines 2, se detectó también la presencia de residuos acuícolas en el borde costero.
• El regulador determinó la clausura total de Huillines 2 y 3, ambos ubicados dentro de los límites marítimos del Parque Nacional Laguna San Rafael, además de imponer una multa por 1.660,6 UTA. La clausura deberá ser ratificada por el Tribunal Ambiental.

Contexto político y comercial. Cooke no solo apeló a razones técnicas, sino también invocó el protocolo de relocalización voluntaria firmado con el Gobierno, recordando que el actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, suscribió ese acuerdo en su anterior rol en Economía.

• La empresa afirmó que dicha iniciativa garantizaba el respeto a los derechos adquiridos de las empresas mientras éstas efectuaban inversiones para trasladarse fuera de áreas protegidas.
• Adicionalmente, Cooke aseguró que la decisión de la SMA vulnera el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Canadá, país de origen del grupo empresarial, lo que podría escalar el conflicto a niveles diplomáticos.

Próximos pasos. La empresa anunció que recurrirá a todas las instancias legales para revertir la resolución, lo que abre un nuevo frente judicial con potencial para reactivar el debate sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y conservación ambiental.

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