Rodrigo Díaz, Gobernador del Biobío, y cierre de Huachipato: “Es urgente implementar un plan Marshall”

“El cierre indefinido de Huachipato es un golpe devastador para el Biobío” asegura el Gobernador regional, Rodrigo Díaz. El cierre de Compañía Siderúrgica, dice, podría significar la pérdida de 20 mil empleos y llevar la cesantía regional al 12%. “Es  urgente acelerar proyectos de infraestructura, como el Plan Más Movilidad, que permita absorber la mano de obra que no será reinsertada automáticamente”, afirma.

-¿Cómo interpretas la decisión del grupo CAP de cerrar la siderúrgica?

-El Grupo CAP puede esgrimir razones económicas para esta decisión, respaldadas por datos bursátiles. Sin embargo, las formas importan. Así como los ejecutivos de la compañía acudieron a las autoridades regionales cuando solicitaron salvaguardias, debieron mostrar la misma deferencia antes de anunciar el cierre. Al final, el problema queda en el Biobío. Huachipato no puede limitarse a cumplir con las indemnizaciones mínimas legales. La empresa debe asumir su responsabilidad social y garantizar que los 2.000 trabajadores directos afectados puedan reconstruir sus vidas de manera digna. Además, es fundamental que la empresa sea generosa con los trabajadores de los servicios permanentes, quienes también verán comprometido su futuro y cuya cifra es similar.

-¿Ese rol no es propio de los gobiernos de turno? ¿Qué sucede con los trabajadores de las empresas que estaban vinculadas a la labor productiva de Huachipato?

-Respecto de los trabajadores que están vinculados a otras actividades económicas como parte de la cadena de valor la responsabilidad recaerá en el gobierno y será el ministerio de Economía y Fomento el encargado de ayudarnos a salir de esta situación.

-¿Qué se puede hacer para lograr evitar, de manera rápida, el aumento en el desempleo? 

-Es urgente la implementación de un verdadero plan Marshall de inversión. Acelerar proyectos de infraestructura, como el Plan Más Movilidad, que permita absorber la mano de obra que no será reinsertada automáticamente y a quienes no recibirán compensaciones. Hay medidas administrativas como acelerar el plan de obras de pavimentación, el plan de conservación de puentes o de infraestructuras ferroviarias.

-¿Qué otras acciones se requieren? 

– Dado que el país enfrenta limitaciones presupuestarias y la billetera no es gigante, es crucial crear condiciones que permitan al capital privado dinamizar la economía regional. Se podría reponer la captura jibia que fue prohibida y que tres años después todos dicen que fue un error. Hoy tenemos la oferta que nos hizo hace unos días el gobernador de Neuquén de reponer las cuotas de gas argentino a través del gasoducto que tenemos para así bajar los costos a la industria local.

La Presidencia de la República anunció la posibilidad de desarrollar la construcción naval y construcción industrial en ASMAR, que podría reponer puestos de trabajo especializados. Tenemos un proyecto con la FACH para instalar un programa de seguimiento satelital que se lanzarán desde Antofagasta y Magallanes, ahí estamos trabajando un proyecto para hacerlo en Carriel del Sur.

-Instalar cualquier proyecto no es inmediato porque ya vemos que se demoran años en permisos.

-Es fundamental enviar una señal clara, algunas iniciativas legales como, por ejemplo, un fast track en la permisología ambiental y sectorial que permita desarrollar rápidamente las actividades y que reduzca los tiempos y trámites necesarios para obtener los permisos.

Simultáneamente, deben pausarse iniciativas que amenazan otros sectores económicos clave. Si la Ley de la Pesca sigue su curso, el empleo industrial en el Biobío se verá gravemente afectado, desencadenando una segunda bomba atómica sobre nuestra economía. Persistir en estas medidas legislativas que perjudican tanto a la industria pesquera como a la forestal solo traerá más devastación a nuestra economía regional.

-La región también ha perdido empleos en el sector forestal.

-Efectivamente. Atrás quedaron los más de 2 millones de hectáreas en manejo de bosques. Ya sea por tomas o los incendios hoy tenemos menos plantaciones. Han cerrado en la zona centro sur más de 200 aserraderos por lo que también es esencial apoyar al sector forestal,  entregando incentivos para los pequeños productores. Ya sea por los incendios intencionales y el robo de madera se ha llegado a que la superficie actual de plantación de pinos sea equivalente a la que existía en 1990. Se requiere un impulso fiscal para los pequeños y medianos agricultores, con el fin de tener más bosques.

-¿Qué esperan del ministro Nicolás Grau, si para algunos su gestión de la crisis no rindió frutos y la empresa cerró igual? 

-Soy una persona que cree mucho en la institucionalidad y es el Ministerio de Economía y Fomento el que tiene que impulsar las fuentes de trabajo y prospectar oportunidades para fomentar el trabajo. Independiente de cualquier consideración que tenga, él es el titular de la cartera de Economía y quien tiene que tomar esta responsabilidad.

Hay 20.000 personas que se quedarán sin trabajo en los próximos 40 días

-¿Qué hacer con ellos?

-Trataría de salir de la discusión teórica, académica, ideológica y debemos ser pragmáticos. La responsabilidad del gobernante es la misma de un padre de familia que debe preocuparse porque exista sustento, abrigo, alimentación para la gente y eso es lo que uno espera que surja de las conversaciones.

Tampoco nos engañemos, al actual gobierno le queda un poco más de un año y medio de funcionamiento, por lo tanto, esta situación tendrá que ser mirada por el actual gobierno con el mayor consenso político posible y por quienes están aspirando a llegar al gobierno.

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